Las detenciones arbitrarias de cientos de jóvenes manifestantes, las vejaciones y torturas a que fueron sometidos en diversos locales gubernamentales, la "desaparición" de cuando menos una detenida, el envío de ocho extranjeros a la Estación Migratoria de Iztapalapa, y su posterior deportación; el traslado de medio centenar de cautivos al penal de alta seguridad de Puente Grande y su consignación por los delitos de atentado a las vías generales de comunicación, resistencia a la ley y al arresto, motín, vandalismo y lesiones, son hechos que constituyen, en conjunto, un exceso de represión delictuoso e inadmisible en cualquier contexto, pero que resulta particularmente ofensivo en el México actual porque recuerda los tiempos en que el régimen político priísta atropellaba a voluntad los derechos humanos de sus opositores políticos, a muchos de los cuales se les condenó a prisión con base en cargos inventados.

Diversos organismos civiles y humanitarios, empezando por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), han documentado las graves arbitrariedades y atropellos perpetrados por la policía estatal contra esos jóvenes. Algunos de esos organismos iniciaron un proceso judicial contra el gobierno jalisciense por los delitos de secuestro y tortura y por violaciones a garantías individuales como las libertades de tránsito y de expresión. Los datos que indican que los muchachos presos fueron obligados, mediante coerción física y mental, a firmar declaraciones autoincriminatorias debieran ser suficientes para anular los procesos legales en su contra y ordenar su inmediata e incondicional liberación. Si las autoridades estatales no proceden en ese sentido, no sólo agravarán su responsabilidad por los excesos represivos, sino que sembrarán, en el estado y en el país, un conflicto político de curso imprevisible.

En forma paralela, es necesario identificar y castigar a los culpables de las vejaciones, torturas y malos tratos sufridos por los jóvenes altermundistas durante su detención, en vez de elogiar con desmesura, como hizo ayer el gobernador Ramírez Acuña, a quienes los perpetraron. Ningún discurso oficial sobre el supuesto compromiso con la vigencia de los derechos humanos podrá ser tomado en serio, en lo sucesivo, ni dentro del país ni en el extranjero, si no se pone un alto a la impunidad policiaca y si no se castiga a los responsables de los excesos represivos y violatorios de los derechos humanos perpetrados en Guadalajara desde la semana pasada.

Por otra parte, existen sólidos indicios de que los desmanes cometidos durante la reunión cumbre realizada en días pasados en la capital tapatía fueron resultado de un acto de provocación deliberada. La documentada presencia de provocadores violentos en la marcha de los altermundistas -provocadores que, por supuesto, no figuran entre los manifestantes detenidos- obliga a plantearse la pregunta de quién los puso ahí y con qué propósito. Fuentes del gobierno jalisciense citadas por este diario sospechan de la Secretaría de Gobernación; organismos no gubernamentales, por su parte, apuntan a las autoridades estatales como las autoras de la infiltración de agentes vandálicos en la manifestación; se señala con insistencia, asimismo, la descoordinación, en el mejor de los casos, o la franca confrontación, en el peor, de las instancias federal y estatal en los sucesos de la semana pasada en Guadalajara. Estos señalamientos agravan el de por sí deplorable enrarecimiento del clima político nacional y demandan un esclarecimiento pleno y convincente de lo ocurrido.