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México D.F. Miércoles 2 de junio de 2004

El ombudsman local pide respeto a su derecho de audiencia

Congreso estatal da entrada a queja de CNDH contra su homóloga chiapaneca

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 1Ɔ de junio. El Congreso de Chiapas dio entrada a la denuncia por desacato que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra su homóloga estatal.

A su vez, el ombudsman local, Pedro Raúl López Hernández, pidió a los legisladores que respeten su derecho de audiencia antes de tomar alguna determinación al respecto.

El pleno del Congreso local dio entrada y turnó a la Comisión de Justicia un oficio que envió la CNDH, con el cual acusa a la Comisión Estatal (CEDH) de incurrir en desacato por rechazar una recomendación que se le envió, en la que se le pidió rectificar los elementos contenidos en una recomendación que remitió al gobierno estatal.

Según la CNDH, su homóloga estatal no argumentó de forma suficiente los elementos que probarían la presunta violación a los derechos humanos de una centena de campesinos a quienes desalojaron de sus poblados policías estatales, en hechos ocurridos durante abril de 2002.

Los diputados locales no descartaron pedir la destitución e incluso la inhabilitación del ombudsman López Hernández, quien desde que tomó posesión del cargo, hace casi tres años, ha mantenido diferencias con el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.

López Hernández pidió a los legisladores apegarse a derecho y otorgarle el derecho de audiencia para argumentar y presentar pruebas a su favor. Además solicitó, vía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "mantener una actitud imparcial y apegada a derecho".

Se aprueba ley de educación

En otro contexto, la Legislatura estatal aprobó por unanimidad -luego de casi dos años de análisis y consultas en foros realizados en diversas regiones de la entidad- una nueva Ley de Educación, que faculta a la autoridad educativa de Chiapas a poner en marcha programas de educación intercultural bilingüe para pueblos y comunidades indígenas.

Entre otras modificaciones, se señala la obligación que tiene el Estado de ofrecer servicios de educación prescolar, primaria y secundaria, y la de los padres o tutores para procurar que sus hijos reciban instrucción básica.

Otro punto considerado en la legislación aprobada se refiere a la posibilidad de que se pueda inscribir en educación primaria a menores de seis años.

La ley también prevé fijar un salario profesional a maestros y la creación del Sistema Estatal para la Formación y Desarrollo Profesional para Docentes.

En otro contexto, la PGJE dejó en libertad, "con las reservas de ley", a 40 colonos detenidos el domingo pasado, a quienes se desalojó de la plaza principal de Tuxtla Gutiérrez.

La dependencia otorgó la libertad a los manifestantes que exigieron con un plantón en esta capital servicios básicos para sus comunidades. En el operativo policiaco se detuvo al dirigente de los agricultores, Alejandro Vázquez Nájera.

También quedó libre bajo fianza Alejandro Vázquez, quien fue acusado del presunto delito de despojo.

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