Injustificada, la expropiación realizada en 1989 por Carlos Salinas

Pertenece a la nación el Paraje San Juan: SRA

No procede ninguna indemnización Salazar Adame solicitará a la PGR ejercer acción legal contra Enrique Arcipreste del Abrego

ANGELICA ENCISO L.

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) determinó que el Paraje San Juan, reclamado por Enrique Arcipreste del Abrego, es propiedad de la nación y por tanto el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, no debe pagar la indemnización de mil 810 millones de pesos que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ante esta situación, el titular de la SRA, Florencio Salazar, solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) ejerza las acciones legales correspondientes contra Arcipreste. Precisó que esta información se confirmó el jueves pasado, como resultado del inventario de terrenos nacionales que realiza la secretaría, y el martes se la dio a conocer al presidente Vicente Fox, quien le pidió comunicara el hecho a López Obrador.

Ayer le fue entregado el oficio al jefe de Gobierno por conducto de Luis Camacho, director general de Ordenamiento y Regularización de la dependencia. En ese documento se hace un recuento de los expedientes que posee la SRA sobre el predio en disputa, que la llevaron a la conclusión de que el Paraje San Juan es terreno nacional.

El predio, de 306 hectáreas, fue expropiado por el presidente Carlos Salinas en 1989, y en él se establecieron 12 colonias. El decreto señala que ''el Departamento del Distrito Federal pagará, con cargo a su presupuesto, la indemnización conforme a la ley''. A partir de ese año, Arturo Arcipreste Nouvel gestionó el pago y a su muerte su hijo, Enrique Arcipreste, continuó con la demanda. Ahora la SRA encontró que ese terreno nunca fue propiedad privada, sino de la nación.

Sin contar con los elementos que ayer en conferencia de prensa dio a conocer la SRA, la SCJN determinó el 5 de junio de 2002 que el Gobierno del Distrito Federal estaba obligado a pagar la indemnización al presunto dueño del Paraje San Juan, en Iztapalapa. López Obrador se inconformó e interpuso un recurso ante la Corte para que se revisara la documentación, ya que presumía que había papeles falsos y corrupción.

En noviembre del año pasado, la SCJN resolvió revisar el expediente con la posibilidad de modificar el avalúo y de ordenar al juez la reposición del procedimiento para establecer quiénes eran los legítimos dueños; esto fue calificado de decisión histórica.

Salazar Adame justificó la decisión que entonces tomó la Corte, al señalar que ''evidentemente el Poder Judicial actuó conforme a los documentos que tuvo a la vista; no tenía por qué conocer lo que hoy estamos enterando, porque esto ha sido resultado del ordenamiento de los archivos para hacer el inventario de los terrenos nacionales''.

En el oficio firmado por el secretario, y dirigido al jefe de Gobierno, se indica que se encontraron cuatro expedientes vinculados con esos terrenos. Hace referencia al número 129184, en el que se presentan los trabajos de deslinde del predio, el cual fue ''denunciado como terreno baldío propiedad de la nación'' en 1965, y también da cuenta de un oficio del 22 de julio de 1976, donde la Dirección de Bienes Inmuebles de la Secretaría del Patrimonio Nacional considera el Paraje San Juan como ''un terreno baldío propiedad de la nación''.

El 7 de marzo de 1968, Arturo Arcipreste Nouvel, Angel Silva Arteaga y Andrés Aquino López solicitaron al entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización la enajenación de los terrenos correspondientes al Paraje San Juan. El oficio en cuestión precisa que ''es importante destacar que los tres interesados en su solicitud de enajenación señalaron como su domicilio la misma dirección''.

Sin embargo, estas personas no actualizaron sus solicitudes de enajenación dentro del plazo legal, por lo que sus expedientes fueron remitidos al archivo.

Del análisis de la documentación, la SRA determinó que al no concluir el procedimiento los terrenos aún son propiedad de la nación, ''en virtud de que nunca han salido de su dominio por título legalmente expedido''.

Agrega que a pesar de esto, Enrique Arcipreste, que asumió los derechos y obligaciones de Arturo Arcipreste, en su demanda de amparo omitió señalar a la Federación como tercera perjudicada, por lo que la SRA determinó pedir la intervención de la PGR con el fin de acreditar que se trata de terrenos nacionales y al demandante no le asiste ''ningún derecho'' para reclamar el pago indemnizatorio respecto a una superficie que legalmente nunca se incorporó al patrimonio de Arcipreste Nouvel.

Indica que de acuerdo con el presidente Vicente Fox, una vez concluidos los procedimientos jurídicos, se hará la regularización a favor de sus actuales residentes. El texto concluye que el gobierno federal ''actúa invariablemente en el marco del estado de derecho... un gobierno democrático se somete a los dictados de la ley''.

Finalmente, Salazar Adame explicó que ''de pronto alguien denuncia ese terreno baldío o nacional y pide que se le adjudique. En el caso del Paraje San Juan, en Iztapalapa, encontramos que hubo solicitud para la adjudicación del terreno, pero el proceso no culminó y frente a ello no se extendió ningún recibo de pago ni se adjudicó legalmente. Por lo tanto, sigue siendo propiedad de la nación''.