En las horas recientes, cuando parecía empezar a abrirse un pequeño margen para reactivar el diálogo entre el poder Ejecutivo federal y los principales partidos de oposición, el presidente Vicente Fox lanzó, desde Budapest, un inopinado y poco fundamentado ataque verbal contra el Gobierno del Distrito Federal (GDF), al que acusó de no haber evitado "el dispendio y pérdida de recursos", de no haber especificado el dinero que, según él, "se desvió de la obra pública" y de no haber enviado a la cárcel a los funcionarios que participaron en la compleja trama de corrupción protagonizada por Carlos Ahumada Kurtz, a quien el mandatario llamó "el lado empresarial" de esa turbia historia. Sin mencionarlo por su nombre, Fox atacó asimismo al gobernante capitalino, Andrés Manuel López Obrador, quien ayer evidenció una más de las inconsistencias vertidas por la Procuraduría General de la República (PGR) en torno al asunto de los videoescándalos: que el propio Ahumada, y no espías del gobierno federal, habría videograbado al prófugo ex secretario de Finanzas del GDF, Gustavo Ponce, en el hotel Bellagio de Las Vegas. A juicio de Fox, ese desmentido es un intento de "desviar el debate del tema central".

Al parecer, a estas alturas, el titular del Ejecutivo federal no ha terminado de enterarse de que ya hay varios ex funcionarios y políticos capitalinos presos por el fraude perpetrado por Ahumada Kurtz y sus empresas en la delegación Gustavo A. Madero y que otros están sujetos a diversos procesos penales relacionados con las entregas de dinero difundidas por la televisión; que no existe ningún indicio de que los dineros que el empresario entregó a cámara al ex jefe delegacional en Tlalpan y al ex coordinador de los perredistas en la Asamblea Legislativa del DF hayan provenido de las arcas públicas, y que el sistemático desaseo con que han procedido en este caso la propia PGR y las secretarías de Gobernación y Hacienda ha convertido la participación de funcionarios federales en la gestación del escándalo en un tema tan central -cuyo esclarecimiento a fondo resulta igualmente crucial para la sociedad y para la salud de la república- como la red de corrupción que vincula a Ahumada con empleados y ex empleados de la autoridad capitalina. Es tal el nerviosismo en el entorno presidencial por las posibles revelaciones sobre ese complot que, en el afán de negarlo, se llegó incluso a provocar una crisis diplomática, injusta e injustificada, con Cuba.

El presidente Fox tendría que tener presente, por otra parte, que es en su propio equipo de gobierno, y no en el GDF, donde existen casos documentados de dispendio -recuérdense aquellas toallas de la casa presidencial y los colchones en la representación de México ante la OCDE-; que los señalamientos por actos de corrupción no sólo apuntan a oficinas de la administración capitalina, sino también a instancias federales como la Semarnat, el Conadic y la Conaliteg, y que los financiamientos turbios de campañas electorales no atañen únicamente a perredistas y ex perredistas, sino también a la extinta agrupación denominada Amigos de Fox. Pero la "lucha frontal" contra la corrupción pregonada por el mandatario pareciera limitarse a denunciar, con datos errados, a las autoridades capitalinas. Debe reiterarse que éstas al menos han procedido legalmente contra los presuntos corruptos en sus propias filas y en su entorno político; el gobierno federal, en cambio, da la impresión de solapar, encubrir y proteger a sus responsables de dispendios, a sus traficantes de influencias y a sus recaudadores de donaciones inconfesables. Visto de esa forma, el combate presidencial a la corrupción, más que frontal, resulta más bien sesgado.

Por si estas actitudes del poder federal no fueran suficientes para llevar el ambiente político a grados sin precedente de tensión, crispación y discordia, el presidente Fox pareciera empeñado en ahondar los disensos en lugar de superarlos. Al hablar ayer en la capital húngara, el mandatario señaló, atinadamente, la pertinencia de que fueran las procuradurías -General de la República y General de Justicia del DF- las que se encargaran de esclarecer, conforme a los cauces legales, los pormenores del escándalo. ¿Por qué, entonces, porfiar en la diatriba en vez de interesarse en la consecución de acuerdos y consensos con las fuerzas políticas de la oposición? ¿Por qué la persistencia casi cotidiana en abrir o reactivar frentes y enconos en lugar de procurar la desactivación y superación de las confrontaciones? ¿A qué viene el empeño en salir a la palestra en defensa de funcionarios menores y cada vez menos defendibles, como es el caso de José Luis Santiago Vasconcelos?

La decisión presidencial de ayer de reanudar las hostilidades contra el GDF y, de paso, cerrar el paso al diálogo entre el gobierno federal y el PRD fue, debe señalarse, una acción imprudente. Con la lejanía de sus aliados iniciales, con sus colaboradores actuales desbocados en una carrera sucesoria anticipada y con importantes sectores de su partido posicionados en su contra, el mandatario está cada vez más solo y en riesgo creciente de depender de las mafias priístas que se disputan -genio y figura- la cercanía del poder, y que son las aliadas menos aconsejables para alguien que se dice interesado en librar una "lucha frontal contra la corrupción". En esas circunstancias, no tenía ningún sentido continuar y ahondar los pleitos con las autoridades capitalinas y con el partido del sol azteca.