En el DF, cero dispendio

El Presidente está mal informado: Bernardo Bátiz

SUSANA GONZALEZ G.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz, refutó las acusaciones que el presidente Vicente Fox hizo contra el Gobierno del Distrito Federal desde Budapest, Hungría, "por no haber podido evitar el dispendio y la pérdida de recursos económicos por parte de sus funcionarios corruptos".

En una inesperada conferencia de prensa realizada por la tarde en el búnker de la PGJDF, el funcionario capitalino lamentó que pese a haber enviado en dos ocasiones un informe al Presidente sobre el caso de los videoescándalos, "sus declaraciones en Budapest me hacen temer que no los ha recibido".

Si bien el procurador siempre ha diferenciado el debate político de las investigaciones ministeriales, ayer admitió que al responder al Presidente hay un rasgo político, además de los aspectos jurídicos. Justificó: "Se nos involucra en esto y me parece importante que se haga hincapié en esta acusación del dispendio. Alguien debe decirlo, y yo me atreví a hacerlo porque en el Distrito Federal no hay gastos de más y le consta a mucha gente". Además, dijo que hay un cabal cumplimiento de la ley y aclaró que no recibió instrucciones del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para realizar la rueda de prensa.

Explicó que ya se recuperó la tercera parte de los 31 millones de pesos defraudados en la delegación Gustavo A. Madero, pero se espera obtener lo faltante con el aseguramiento de varios bienes.

El Presidente, prosiguió Bátiz, se pregunta cuánto dinero perdió el erario de la ciudad y adónde fue a parar el que Carlos Ahumada dio a René Bejarano y Carlos Imaz. "Parece asombrarle el hecho de que no estén en la cárcel funcionarios locales que fueron videograbados en actos de corrupción", expresó.

Para responderle, Bátiz enlistó una vez más todas las acciones llevadas a cabo por la procuraduría que él encabeza: desde la detención de Ahumada Kurtz, "autor principal del fraude", y su socio Antonio Martínez Ocampo, así como tres representantes de las seis empresas involucradas y dos funcionarios de la Secretaría de Finanzas capitalina, hasta el proceso penal contra Imaz y el desafuero solicitado ante la Cámara de Diputados contra el ex líder perredista en la Asamblea Legislativa.