Magdalena Gómez

Zinacantán: otro retrato del PRD

El pasado 18 de abril el CEN del PRD tomó posición respecto a su responsabilidad en el enfrentamiento y conflicto de Zinacantán. De entrada reiteró su respaldo al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, condenó la violencia, rechazó que su partido se haya involucrado en la guerra contra los pueblos indios y, para dar fuerza a tales declaraciones generales, determinó iniciar un procedimiento de suspensión de derechos partidarios a Martín Sánchez Hernández, presidente municipal del municipio aludido, quien rechazó la postura de "su partido" que lo postuló, a pesar de su fama pública que lo vincula con los cacicazgos locales cuando él y sus seguidores decidieron ser perredistas de ocasión por un cálculo pragmático de ambos.

El alegato del munícipe de que la decisión partidaria "parece una respuesta acomodaticia a los planteamientos de las juntas de buen gobierno" se acompañó de la reiteración sobre el origen del conflicto en el incumplimiento por las bases zapatistas de los "usos y costumbres". Tema y manipulación recurrente en esa región.

Este conflicto no es ajeno a la incapacidad histórica que han mostrado los partidos políticos para hacerse cargo a fondo de la implicación que para sus propuestas a la nación debería tener la existencia de los pueblos indígenas. Si los teóricos señalan a los partidos como instancias de mediación entre la ciudadanía y el gobierno, vemos que el asunto indígena es botón de muestra de la distancia con esa vocación.

La más reciente prueba es la contrarreforma indígena de 2001, que dio al traste con la posibilidad de construir el camino hacia la paz y violó abiertamente tanto los acuerdos de San Andrés como derechos adquiridos por estos pueblos a partir del convenio 169 de la OIT. Por ejemplo, ahí se presentó el lamentable caso del voto de los senadores perredistas en favor de la contrarreforma, mientras los diputados optaron por la congruencia mostrando con ello que el partido como tal no funcionó: decidieron las corrientes.

Una década atrás el PRD se consideró satisfecho con la inserción de contenidos indígenas en su programa y la creación de un espacio que agregó lo indígena a la secretaría de derechos humanos, la más frágil de la estructura partidista. En ese contexto abrió espacios parlamentarios en materia de participación indígena, sobre todo a integrantes de la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía (ANIPA).

En los nuevos tiempos de maduración del movimiento de los pueblos indígenas los partidos, en especial el que se autodenomina de izquierda, podrían plantearse en serio la definición de una política que supere la trivialización en que han caído al suponer que con transcripciones desarticuladas en su programa sobre la demanda indígena, incluso antes de San Andrés, ya tienen cubierto el requisito, pues a la hora de las decisiones actúan sin dar cuenta de lo que implican tales inserciones.

El reto implica pensar a los partidos de manera radicalmente distinta: pensar su vocación más allá de la dimensión electoral y, en última instancia, pensar a la reforma del Estado en una lógica que disloque la centralidad excluyente de la democracia representativa en perjuicio de las formas de democracia directa, que son consustanciales a los pueblos indígenas.

En constraste, los representantes autónomos y de la junta de buen gobierno de Oventic en el acompañamiento al retorno de las familias zapatistas desplazadas el pasado 10 de abril señalaron: "Queremos decirles otra vez a los hermanos que no son zapatistas, o los que pertenecen a diferentes partidos políticos: nosotros los zapatistas no queremos pelear contra nuestros hermanos indígenas del mismo paraje y del mismo municipio. Nosotros no molestamos a nadie, no ofendemos a nadie; los zapatistas respetamos a todos sin distinción de organización, de partido o de religión. Pero también queremos que nos respeten, que respeten nuestra lucha y nuestra resistencia''. Y agregaron: "Nuestra lucha no es en contra de nuestros hermanos pobres; nuestra lucha tiene su causa justa que se llama democracia, libertad y justicia para todos".

El conflicto sigue ahí, no se tiene noticia de resultados en la investigación judicial, la intervención partidista no produjo ningún impacto fuera del deslinde respecto a la responsabilidad de quienes ostentan sus siglas. El CEN del PRD no quedó bien "ni con Dios ni con el diablo", no tiene credibilidad con sus militantes zinacantecos ni, por supuesto, entre las juntas de buen gobierno ni las comunidades indígenas. Si bien la postura oficial perredista aparece como "políticamente correcta", refleja, sin asumirlo explícitamente, los costos de su pragmatismo y retrata una más de las asignaturas pendientes tanto del PRD como de los otros partidos.