El país experimenta actualmente un grave momento de confrontación y desencuentro político que en nada contribuye a propiciar el clima de entendimiento y colaboración necesario para abordar los ingentes retos que México enfrenta en materia legal, social, democrática, económica y de justicia. Por el contrario, como puede constatarse en los recientes choques entre el gobierno federal y Andrés Manuel López Obrador, por un lado, y entre legisladores del PRI y el PRD y el Ejecutivo y Acción Nacional, por otro, la nación parece presa de disputas que suben continuamente de tono y que enturbian ominosamente el clima político general, sin que con ello se resuelva el origen de tales diferendos ni le quede claro a la ciudadanía qué posiciones mantienen la necesaria validez y congruencia y cuáles son parte de ambiciones sectarias e intereses espurios.

En este contexto, es evidente que el gobierno federal no ha sido capaz de conducirse en la presente crisis de manera eficaz. Por el contrario, sus propias acciones y actitudes han incidido negativamente en el ahondamiento del vacío institucional que se percibe en el país de forma patente.

El Presidente de la República, el secretario de Gobernación y el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) han emprendido una escalada verbal en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, pero no han sido capaces de explicar satisfactoriamente a la ciudadanía cómo fue que la información confidencial aportada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos llegó a ser filtrada y luego revelada -en primerísimo lugar por un canal de televisión- ni por qué, en su momento y ante la gravedad de las acusaciones que pesaban contra el ex secretario de Finanzas del DF Gustavo Ponce, no se dio lugar a una colaboración institucional ni a contactos políticos de alto nivel entre ambas administraciones, medidas que pudieron haber prevenido el actual estado de rispidez y propiciado un efectivo combate contra la corrupción.

Tampoco han podido clarificar las razones por las que la PGR, el Cisen e inclusive el senador Diego Fernández de Cevallos, en lugar de entablar desde el primer momento una labor constructiva y de colaboración con el Gobierno del DF para enfrentar las graves irregularidades cometidas por Ponce, Carlos Ahumada y otros personajes, optaron por mantener una confidencialidad y tolerancia sospechosas en beneficio de los presuntos responsables de graves delitos. Y, finalmente, como ayer lo señaló enfáticamente Abel Villicaña Estrada, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia, López Obrador en ningún momento violó la ley al hacer del conocimiento público la información confidencial entregada por el gobierno estadunidense, por lo cual las acusaciones de las autoridades federales en este sentido resultan improcedentes.

En este contexto, existe el riesgo de que oportunistas y poderes paralelos al Estado cobren relevancia, sean capaces de incidir negativamente en los acontecimientos públicos y aprovechen el presente vacío de poder -que el Ejecutivo no ha sido capaz de subsanar- en beneficio de sus intereses particulares y en perjuicio de la nación. La creciente actividad de Carlos Salinas de Gortari -todavía en la sombra, pero eventualmente dispuesto a volver a la primera línea política- y la insistencia de la jerarquía de la Iglesia católica en que se le permita intervenir activamente en la educación pública y en los medios de comunicación, son sólo dos ejemplos de los riesgos inherentes a la presente desarticulación política.

Por ello, convendría que las autoridades federales, las del DF y, en general, el resto de los actores políticos desistan de la presente cadena de confrontaciones, se concentren en los asuntos verdaderamente significativos de la agenda nacional y permitan que los conflictos se resuelvan por las vías institucionales y jurídicas, y no mediante el escarnio del contrincante. Sólo así podrá colmarse el presente vacío y prevenirse el robustecimiento de las ambiciones y la ampliación del margen de maniobra de individuos o estamentos que, como la historia ha comprobado, han resultado contrarios a los intereses legítimos de la nación.