Por si no bastara con la creciente e innecesaria tensión que provocan funcionarios del gobierno federal -empezando por el propio presidente Vicente Fox-- en la relación con el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el diputado Juan Molinar Horcasitas, al tachar a legisladores perredistas y priístas de "delincuentes electorales" le abrió un nuevo frente al Ejecutivo federal y suscitó una confrontación con la diputación del tricolor, la cual advirtió, por voz de su coordinador, Emilio Chuayffet, que revisará su relación "con el gobierno, la Secretaría de Gobernación y la fracción parlamentaria del PAN".

Una primera consecuencia directa de la confrontación del gobierno con las principales fuerzas opositoras fue la denegación, por diputados priístas y perredistas, del permiso para que Fox pudiera recibir la Medalla al Mérito Agrícola que entrega la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Independientemente de las razones objetivas esgrimidas por los legisladores de oposición para rechazarle al mandatario una autorización que ya le había sido concedida por el Senado, resultó evidente que la irritación de priístas y perredistas por las actitudes arrogantes e intolerantes del gobierno federal fue un factor importante en la votación. El que Fox se vea impedido de aceptar la condecoración es poco relevante en sí mismo, pero la prohibición, sin precedente, es ilustrativa de las fracturas y los enconos que florecen en la clase política e indicativa de los escenarios que pueden propiciar las actitudes gubernamentales.

En cualquier circunstancia la tarea principal de un gobierno es buscar consensos, no alimentar las confrontaciones, entre las fuerzas políticas. Pero las actitudes rupturistas resultan particularmente perniciosas, e incluso autodestructivas, cuando el Ejecutivo se encuentra, como es el caso en el México actual, en situación de minoría legislativa. Si el foxismo persiste en su intolerancia y en la descalificación de quienes no comparten sus posturas, el actual gobierno puede quedar reducido a una función meramente gerencial y a la simple administración de las oficinas públicas. Por desgracia, en ocasiones da la impresión de que tal es precisamente la aspiración del mandatario. Pero si la Presidencia de la República pretende que sus ideas reformadoras y sus iniciativas de cambio sean tomadas en serio -no aprobadas en automático, sino simplemente tomadas en serio- tiene que resignarse a dialogar con fuerzas políticas distintas a la suya, a escuchar a sus adversarios y a reunirse con ellos.

Ciertamente, la responsabilidad por el grado de crispación al que ha llegado la vida política del país no puede ser atribuida exclusivamente al Ejecutivo federal. Es necesario que el conjunto de los actores políticos reflexionen, consideren los riesgos reales de inestabilidad e ingobernabilidad, y adopten actitudes más serenas, mesuradas y propositivas.