Propuesta del PRI para adicionar el Código Penal Federal

Cárcel hasta de 10 años a quienes organicen justas deportivas sin garantizar seguridad

ROBERTO GARDUÑO ENRIQUE MENDEZ

La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rosalina Mazari Espín, presentó ayer una iniciativa que adiciona el Código Penal Federal para sancionar hasta con 700 días de salario mínimo y de uno a 10 años de prisión a aficionados, deportistas y directivos que cometan actos de violencia en estadios de futbol, así como a técnicos y médicos que permitan el dopaje en la práctica de cualquier deporte.

La propuesta, que se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, plantea que la violencia en estadios e instalaciones deportivas constituye "un verdadero peligro para los asistentes, ya sean deportistas, aficionados o público en general, por no existir una regulación" en el código penal.

Ante esto, dijo Mazari Espín en tribuna: "los individuos o grupos con facilidad provocan conflictos ejerciendo una alta violencia, por lo que cometen delitos que hacen de una justa profesional y sana, una de peligro, desconfianza e inseguridad".

La iniciativa de la legisladora priísta plantea agregar un título vigésimo séptimo de los delitos deportivos al código penal, para establecer diferentes sanciones.

La misma considera que cuando una o varias personas, ya sea de forma espontánea o de común acuerdo, realicen actos de violencia en instalaciones deportivas, o impidan el inicio, secuencia o premiación de una competencia deportiva, sean castigadas con uno a seis años de prisión y de 30 a 150 días de multa, además de la pena correspondiente por el delito cometido.

En caso de reincidencia sugiere una prohibición expresa de asistir a justas deportivas de la misma naturaleza hasta por nueve años.

También propone que quien cometa un delito contra un deportista en el ejercicio de su disciplina se aplique una pena de dos a ocho años de cárcel y de 50 a 300 días de multa.

Además se busca castigar con dos a seis años de prisión y de 100 a 500 días de multa y suspensión de un mes a dos años a los deportistas que agredan a sus compañeros o por comprobarse dopaje.

Finalmente se plantea prisión de dos a 10 años y de 200 a 700 días de multa a quienes organicen competencias deportivas fuera de la ley o que no garanticen la seguridad necesaria a los espectadores.