De Amnistía Internacional para el presidente de Chile

Señora directora: Mucho agradeceré publicar la siguiente carta dirigida a: Ricardo Lagos Escobar, presidente de la República de Chile. Palacio de la Moneda. Santiago, Chile.

Señor presidente: con motivo de la llegada del buque escuela Esmeralda al puerto de Acapulco, programada para el 10 de abril, deseo hacer diversas consideraciones que Amnistía Internacional estima vitales.

El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación presentado en 1991 señaló que en el Esmeralda se instaló una unidad especializada de la Armada con objeto de interrogar a los detenidos, y que dichos interrogatorios, por regla general, incluían torturas y malos tratos.

Hasta la fecha, las autoridades chilenas no han admitido tales hechos. Amnistía Internacional considera que es necesario que tanto el gobierno como la Armada de Chile procedan a quitar el manto de impunidad que cubre a dicho buque y escuchen los reclamos de justicia sobre crímenes de derechos humanos cometidos durante el gobierno de facto en el país.

En nombre de nuestra organización insto a usted a reconocer las graves violaciones de derechos humanos cometidas a bordo del Esmeralda, a ordenar investigaciones independientes e imparciales sobre todas las denuncias de brutales torturas y demás violaciones de derechos humanos cometidas en instalaciones y buques de la Armada durante el gobierno militar, a que los responsables sean llevados ante la justicia y a que se procure una reparación integral, moral y material a las víctimas y a sus familiares.

De acuerdo con lo estipulado en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales Chile es Estado parte, los estados deben investigar con prontitud e imparcialidad todas las denuncias de tortura. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló expresamente en su informe de octubre de 1996 acerca de la situación de los derechos humanos en Chile, que el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones cometidas dentro de su jurisdicción, con objeto de identificar a los responsables, imponerles un castigo adecuado y garantizar la debida reparación a las víctimas.

Guadalupe Rivas Fuentes, presidenta de Amnistía Internacional sección mexicana

¿Dónde está la justicia en nuestro país?

Señora directora: Después de leer el texto del señor Jesús Aranda, de fecha 26 de marzo, titulado "Mujer pide ayuda al TSJF", lo primero que me viene a la mente y, supongo que también a todas las personas que lo leyeron, es ¿dónde está la justicia en nuestro país?, si realmente existe, ¿a quién sirve?, ¿las personas comunes y corrientes en realidad tenemos acceso a la misma? y ¿cuántas personas con problemas legales están enfrentando algún tipo de corrupción? Corrupción en nuestro sistema de justicia que no tan sólo puede darse por dinero, por tráfico de influencias, por relaciones de amistad surgidas entre los jueces y una de las partes, o por los meses o años que tarda un juicio de cualquier naturaleza en llevarse a cabo. No dudo y quisiera realmente creer que existen jueces honestos, pero hasta el momento no se ha cruzado ninguno por el camino de la señora Ana María Acosta Morales.

Este caso particular, que ha sido tratado por La Jornada en varias ocasiones y en el cual está involucrado desafortunadamente un menor de dos años ocho meses, Areg A. Eritsian Acosta, nos debería llevar a reflexionar, a la sociedad y a las instituciones, sobre el poco interés -en este tipo de problemática- que tienen las autoridades en el bienestar de los mismos en este país. Tal vez se deba a que las dificultades en las que están relacionados menores que no se pueden defender y que no saben del sufrimiento de su madre y de su familia no son tan significativas o tan importantes como los casos Pemexgate, Amigos de Fox, las corrupciones del PRD, el narco, o las mujeres asesinadas en Juárez. Se les olvida acaso a los jueces que los niños -que no son sus hijos- son seres humanos con sentimientos y que Areg debe estar sufriendo por el abandono involuntario al que se ha obligado a su madre.

Al ser turnado el caso a la juez quinta de lo familiar, Sandra Reynoso Morales, se abrió una esperanza de que las cosas podrían ser diferentes.

Pero la alegría duró poco, ya que hasta el momento la juez no ha querido ejecutar ninguna acción que permita a la señora Acosta recuperar a su hijo.

Pregunto a las autoridades y a la sociedad: si mediante las leyes del país una madre que sustenta legalmente la guarda y custodia de su hijo que le ha sido indebidamente arrebatado no recibe la ayuda necesaria para recuperarlo, ¿qué camino se le deja?

¿Será que las autoridades desean que, dentro de la desesperación e impotencia que vive la señora Acosta, actúe al margen de la ley para recuperar a su hijo y después poder contar con algo que pueda ser usado en su contra? ¿Qué está sucediendo realmente que las autoridades no están actuando como deben?, ¿cuánto tiempo más necesitan para poder resolver este caso?, ¿dónde está la justicia?

Nuestras autoridades siguen sin darse cuenta de que estas "pequeñas corruptelas del sistema de justicia" que ocurren hora con hora son las que permiten que "por usos y costumbres" se lleven a cabo las grandes.

Alicia Acosta Long

Pide atención del HSBC para liquidar crédito

Señora directora: El que suscribe, ingeniero José Luis Gregg Mendoza, cliente del banco HSBC (antes Bital) me permito, de nueva cuenta, exponer lo siguiente: el 11 de mayo de 1992 contraté con esa institución un crédito hipotecario por 252 mil pesos, para el que ofrecí como garantía un inmueble con valor mucho mayor al del monto del crédito. En 1994 y 1995 el país sufrió una grave crisis financiera que obligó a las autoridades a intervenir, pues de lo contrario se habrían generado consecuencias funestas, como en Argentina o Venezuela. Pese a de ello, siempre fui un cliente disciplinado y consciente de mis obligaciones.

En octubre de 1997, después de las restructuraciones del caso y de afrontar las obligaciones desmedidas del aumento desproporcionado de la deuda (apoyada por recursos fiscales, que finalmente los contribuyentes pagamos porque la situación económica del país no permitía prácticamente ningún margen de maniobra), no sólo cumplí sino que ofrecí liquidar el adeudo de manera anticipada; sin embargo, nunca obtuve respuesta (anexo copia del ofrecimiento). En enero de este año hice otro ofrecimiento de mayor alcance para liquidar de manera anticipada (anexo copia). En ninguno de los casos he recibido respuesta.

Señores del consejo directivo del banco HSBC: como podrán constatar, la carga financiera que hemos afrontado disciplinadamente en estos 12 años ha sido por demás excesiva. Los mexicanos decimos: "ya no siento lo duro, sino lo tupido". Si bien nunca he recibido tratos descorteses del banco, la verdad es que tampoco he obtenido una respuesta formal a mis ofrecimientos de liquidación anticipada.

No comprendo por qué el banco no analiza y responde mis ofrecimientos.

Decidí recurrir a un medio de comunicación porque ha sido imposible contactar de manera formal a los directivos del ahora HSBC. Espero recibir pronta respuesta, estoy a sus órdenes.

Mi número de crédito es 5018083.

José Luis Gregg Mendoza

Aclaración del INM

Señora directora: En relación con la nota titulada "Denuncian hostigamiento contra investigadores españoles de la UAZ", quisiera señalar que, desafortunadamente, concurrieron en el caso dos elementos que pueden generar confusión:

Primero: la omisión, por los investigadores, de registrar su estancia legal en México, conforme establece la ley.

Segundo: el desarrollo de un proceso interno para elegir nuevo rector o rectora de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Efectivamente, el lunes 1º de marzo me reuní con Elizabeth Sánchez Garay, directora del Centro Interinstitucional de Investigaciones de Artes y Humanidades de la UAZ.

Fue una reunión como muchas otras con autoridades universitarias, para apoyar en la regularización de los trámites migratorios de los investigadores extranjeros visitantes. Los apoyamos porque en el Instituto Nacional de Migración (INM) estamos construyendo una cultura de servicio.

Como usted sabe, en diversas universidades del país se encuentran colaborando docentes investigadores de nacionalidad española en el Programa de Incorporación de Doctores Españoles a Universidades Mexicanas, emanado de un convenio de cooperación internacional entre España y México, operado por la Agencia Española de Cooperación Internacional de la embajada de España en México, con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Por eso, el objetivo de la reunión fue facilitar los trámites migratorios de los investigadores españoles que no están registrados en esta delegación regional del INM, registro que es obligación legal.

Desafortunadamente se pasó por alto la posibilidad de que pudiera contaminar el proceso interno de la UAZ, porque la autoridad migratoria, sencillamente, está muy lejos de confundir "la participación en política" con la elección de una autoridad universitaria.

En resumen, no quisiera dejar en sus lectores la impresión de que la autoridad migratoria de Zacatecas tiene algún tipo de interés, en favor o en contra de alguno o alguna de los contendientes. Simplemente fue una acción para apoyar el cumplimiento de los convenios internacionales.

Héctor Covarrubias Godoy, delegado del INM en Zacatecas

N de la R

La información publicada ayer en la página 5 con el título "Delinea López Obrador políticas de su proyecto alternativo de nación" aparece con créditos atribuidos a las agencias Reuters, Afp y Dpa, cuando en realidad corresponde a Bertha Teresa Ramírez. Ofrecemos disculpas a la reportera y a nuestros lectores.
  

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