Señala la posible existencia de un círculo amplio, que encubre también a los otros prófugos

Hay evidencias de que el jefe Diego protege a Ahumada: Bátiz

El propio Fernández de Cevallos dijo en televisión que ayuda al empresario, recuerda

Considera que el senador panista lo asesora para evadir a las autoridades judiciales

SUSANA GONZALEZ G.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz, señaló que el senador panista Diego Fernández de Cevallos protege al empresario Carlos Agustín Ahumada Kurtz, e inclusive lo ayuda para que no se presente ante las autoridades judiciales que lo requieren.

"No necesito ofrecer pruebas, él lo dijo públicamente en la televisión, donde en forma enfática, terminante, señaló: 'yo lo voy a ayudar hasta donde pueda, dentro de la ley, y me firmó un papel'. Y lo ha estado ayudando. ¿Para qué revisó los videos? Para apoyarlo, para asesorarlo. ¿En qué consiste esa ayuda? No lo ha aclarado, pero lo está haciendo", sostuvo el procurador.

En entrevista con este diario, Bátiz Vázquez señala: "que Fernández de Cevallos no nos dé en qué pensar. Tenemos que considerar la posibilidad de que él lo esté protegiendo, ayudando a que no se presente ante las autoridades".

Recordó que, también en televisión, el senador panista admitió haber conocido los videos que inculpan a perredistas en actos de corrupción, antes de ser difundidos.

"El obtuvo del mismo Ahumada un compromiso de decir la verdad y de ponerlos a disposición de las autoridades, cosa que no hizo, porque su denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), el 20 de febrero, es un escrito sin anexos. No hubo ninguna información de que se hubieran puesto a disposición de la autoridad, a nosotros, que somos la autoridad competente. Hemos obtenido los videos de las televisoras, no de Ahumada".

La PGJDF no requiere investigar más sobre la identidad, historia y antecedentes de Carlos Agustín Ahumada Kurtz, propietario del Grupo Quart, acusado de fraude por 31 millones de pesos por obras inconclusas en la delegación Gustavo A. Madero. Tampoco necesita saber más sobre sus relaciones con otros políticos, más allá de los del PRD, porque las pruebas que ha recabado en su contra son suficientes para encarcelarlo.

Aun así, el titular de la PGJDF considera que tener más datos del empresario prófugo, supuestamente de nacionalidad argentina, podría ser útil para determinar si está ligado con otros posibles ilícitos. Pero la principal dificultad que enfrenta la dependencia, reconoce, es localizarlo.

Por eso insiste en suponer que tanto Ahumada Kurtz como Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino, también implicado en el millonario fraude y además acusado de enriquecimiento ilícito, están siendo protegidos; recuerda que la responsabilidad de buscarlos no sólo recae en la PGJDF sino que desde hace unos días también es compartida por la Procuraduría General de la República, una vez que ésta inició una investigación por lavado de dinero.

Señaló que, también en televisión, el panista admitió conocer los videos antes de ser difundidos.

¿Cuántos más?

Bernardo Bátiz admite que en las tres averiguaciones previas iniciadas por la PGJDF, donde el denominador común es Ahumada Kurtz, ya se incluyen los nombres de políticos que no sólo son del PRD ni del ámbito local, pues además del caso de Fernández de Cevallos también están los señalamientos contra dos funcionarios del gobierno federal: el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el Distrito Federal, José Luis Valles, citado a declarar ayer, y el agente del Ministerio Público de la PGR que se hizo cargo de recibir y ratificar -el mismo día- la denuncia por extorsión presentada por el empresario hoy prófugo, en el hotel Presidente Intercontinental.

¿Hacia dónde apunta la investigación?¿Cuántos testigos, implicados o sospechos -del PRD, del gobierno capitalino o de otros partidos- serán llamados a declarar? El procurador no lo sabe. La madeja sigue desenrollándose, pero dice que prácticamente "todos los días tenemos algún citado", pues de la declaración de uno salen nuevos indicios y citatorios, porque la averiguación previa "no ha parado. Hemos tomado declaraciones a muchas personas, funcionarios de diversos niveles. Estamos en camino de ahondar en la investigación, pero todo requiere su tiempo, no podemos tomar todas las declaraciones al mismo tiempo. Unas llevan a otras. A todos los que les resulte cita, como dicen los agentes del Ministerio Público, los vamos a llamar".

Por ello, otras delegaciones, como Tláhuac y Alvaro Obregón, también son investigadas, pero evita revelar si otros políticos y demarcaciones también están implicados, al tiempo que rechaza de manera contundente que se hayan encontrado más videos comprometedores, como los que exhibieron a René Bejarano y Carlos Imaz recibiendo dinero de Ahumada Kurtz.

Asegura que la PGJDF tampoco ha encontrado videocintas sobre campañas políticas federales o locales, o bien sobre la inauguración de obras patrocinadas en las instalaciones del Grupo Quart cateadas, ni en la empresa Croma, en avenida Revolución, donde se editaban los videos de Ahumada, ni en el domicilio de Alejandro Balderas, ex socio del empresario y quien murió hace unos días, aparentemente al caerse de una escalera en su casa de Naucalpan. Si dichos videos existieron, "si los hubo, nosotros ya no los encontramos", puntualiza.

Los videos alertaron a culpables

Para el procurador Bátiz la difusión por televisión del video que exhibe a Ponce en el casino de un hotel de Las Vegas permitió que escapara, como también lo hicieron los otros funcionarios de la Secretaría de Finanzas y de la delegación Gustavo A. Madero implicados en el fraude, quienes hasta el momento, como Ahumada Kurtz, se encuentran prófugos.

"El hecho de que (los videos) primero se hayan puesto a la vista de todos en un programa con audiencia muy alta advirtió a los posibles responsables.

"Nosotros hubiéramos preferido que, aun cuando quien tenía los videos quisiera exhibirlos, primero nos hubiera avisado para tomar las medidas que fueran necesarias", toda vez que "nuestra investigación apuntaba hacia los ahora desaparecidos", argumentó.

Desde entonces, ningún indicio seguro han obtenido la PGR a escala nacional, ni la PGJDF en el ámbito de la capital, sobre el paradero de los cinco prófugos. Por lo menos no en los círculos de amigos y familiares, donde suelen refugiarse los presuntos delincuentes.

"Eso quiere decir que hay un círculo más amplio", y esa es la dificultad principal que enfrenta hoy el Ministerio Público local: "la sospecha de una protección", puntualiza.

Bátiz admite que el de los videoescándalos es "un caso muy complicado" para la PGJDF, pero acota que no por ello es más grave que otros que han requerido gran esfuerzo y mucho cuidado de la dependencia en los tres años que lleva al frente de la procuraduría capitalina.

Al respecto, se refiere a la investigación sobre la muerte de Digna Ochoa y a la del multihomicidio en Tlalpan.

"Es el más grave porque lo estamos viviendo en este momento; es grave porque tiene relación con un problema de fondo de la sociedad, que es la corrupción, y tiene relación con algo que el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, ha considerado como un asunto clave de su gobierno, el combate a la corrupción, y esos elementos le dan al asunto un cariz especial, pero los otros que mencioné fueron en su momento tan importantes como éste".

Otra diferencia es que las indagatorios relacionadas con Ahumada llegan en un momento en que el equipo de la PGJDF está más consolidado, preparado y capacitado, y tras un trienio de trabajo "encontramos los frutos de esa cohesión y coordinación para enfrentar el caso".

Las pruebas del complot no vienen de la PGJDF

Frente a las críticas de políticos y legisladores de oposición que dudan de su imparcialidad y autonomía frente al Ejecutivo local, Bátiz sostiene que las pruebas encontradas por la PGJDF no se las ha proporcionado a López Obrador para sostener su hipótesis del complot.

Tan es así, enfatiza, que la información manejada por el gobernante capitalino no se la dio él, sino "uno de sus secretarios", en alusión a Marcelo Ebrard, jefe de la policía capitalina, así como un ciudadano que le envió una carta para informarlo sobre la reunión en el hotel Presidente Intercontinental.

"Yo no le pregunto a López Obrador qué voy a hacer con Bejarano. No. Vamos llevando la averiguación conforme avanza. Formo parte del gabinete, pero en la medida en que éste trata de bajar los delitos, establecer un ambiente de orden y seguridad en la ciudad, colaboro con el gobierno; en la medida que tengo que hacer investigaciones de delitos singulares, no.

"En las averiguaciones previas no hay ninguna injerencia (del Ejecutivo local), depende exclusivamente de la procuraduría y tenemos total autonomía técnica y libertad", agrega.

El procurador niega estar en un conflicto por ser parte del equipo de trabajo de López Obrador e investigar a políticos que trabajaron con éste. En todo caso, expresa, "lo mismo se le podría preguntar al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, pues forma parte del equipo del presidente Vicente Fox".