Ayer fue un día de intensa movilización cívica y ciudadana en numerosas ciudades de España. Miles de personas se reunieron espontáneamente -al margen de partidos, sindicatos y organizaciones- en Madrid y otras urbes para exigir al gobierno de José María Aznar toda la verdad sobre los autores de los brutales atentados del pasado 11 de marzo, demandar el cese de lo que consideran una política de manipulación informativa encaminada a asociar a ETA con los ataques y señalar enfáticamente que el todavía presidente español -hoy se efectúan las elecciones generales- tiene una responsabilidad insoslayable en la tragedia que ha enlutado a España y al mundo: al uncir a su país a la política militarista e imperialista del mandatario estadunidense, George W. Bush, y al participar activamente en la invasión a Irak, Aznar convirtió a España en foco de la ira de los extremistas islámicos y se colocó en contra de la inmensa mayoría de sus conciudadanos, que en su momento se pronunciaron masivamente en favor de la paz.

Las protestas ciudadanas de ayer en tierras españolas constituyen un vuelco dramático en la opinión pública de esa nación y son muestra de una valerosa y ejemplar determinación de los españoles de no volver a ser engañados ni ignorados por sus gobernantes. Ha de señalarse que tales movilizaciones no tienen detrás connotaciones partidarias ni ideológicas, como sí las tuvo la perversa estrategia oficial de desinformación emprendida por Aznar y todo el aparato propagandístico del Estado español y sus medios afines. Cabe recordar que, desde las primeras horas después de los atentados en Madrid, e incluso cuando se contaba ya con pruebas y mensajes reivindicatorios que vinculaban a Al Qaeda con la masacre (la carta entregada a un diario inglés, evidencias encontradas en una camioneta abandonada en Alcalá de Henares y, recientemente, la detención de tres sospechosos de origen marroquí y la aparición de un video en el que el grupo encabezado por Osama Bin Laden se atribuye el ataque), el gobierno de Aznar se mantenía empecinadamente en la hipótesis de ETA como responsable de los atroces atentados en la red ferroviaria madrileña. La sociedad española, como pudo comprobarse meridianamente en las protestas de ayer, ha rechazado tajantemente -con patente valor cívico- tal interpretación y la ha asociado acertadamente con un turbio esquema de "control de daños" que habría pretendido reducir el impacto electoral presumiblemente adverso que el Partido Popular de Aznar y su candidato, Mariano Rajoy, recibirían de parte de los ciudadanos españoles si se revelaba la implicación de radicales islámicos en los atentados de Madrid.

En este contexto, debe señalarse que fue a raíz de revelaciones de la cadena radiofónica SER y de la edición digital del diario El País que quedó claro para la sociedad española la mentira y la traición a las que estaba siendo sometida por sus propios gobernantes: los citados medios difundieron declaraciones provenientes de funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia de España que dijeron estar convencidos de la participación de terroristas islámicos en la masacre. Además, también se citaron fuentes de la Guardia Civil que aconsejaban pragmáticamente al gobierno no poner el acento en la hipótesis de ETA. Pese a ello, Aznar y su parapeto mediático mantuvieron su esquema de engaño y desinformación y no fue sino hasta que tales circunstancias fueron conocidas que el ministro del Interior, Angel Acebes, reconoció la detención de tres sospechosos marroquíes y dos españoles de origen hindú y la aparición del video reinvindicatorio de la participación de Al Qaeda en la tragedia desatada en Madrid. ¿Por qué ocultar esas pruebas? Incluso, pese a todo, el propio Rajoy seguía culpando, la noche de ayer, a ETA, y se dedicó a descalificar las manifestaciones públicas de indignación ciudadana acontecidas ayer en España, lo que comprueba nuevamente la inmoral pretensión del actual grupo en el poder de capitalizar políticamente el dolor de toda una nación para atajar el eventual revés electoral que se le avecina. La situación es tan grave que la coalición Izquierda Unida ha calificado esta estrategia como un "golpe de Estado informativo".

Así, la sociedad española manifestó su indignación por el flagrante y turbio engaño impulsado por sus gobernantes y elevó su exigencia -por demás justificada, legítima y moralmente indispensable- de que el gobierno de España diga toda la verdad sobre los atentados y permita, con ello, que los ciudadanos acudan hoy a votar con plena conciencia y conocimiento sobre los autores y el contexto de los criminales atentados. No existe posibilidad de democracia ni de un efectivo combate y castigo contra el terrorismo y quienes lo practican si el gobierno en funciones miente, tuerce los hechos y pretende evadir sus responsabilidades políticas, morales e históricas. La mentira descarada y la desinformación perversa desatadas por Aznar y sus funcionarios agravian a su país en todos los sentidos y por ello no deben quedar impunes. El mundo entero ha constatado hoy en Madrid cómo un clan gobernante -y lo mismo se aplica a Bush, Blair, Berlusconi, Sharon o Putin- ha mentido y ofendido a su nación y manipulado el dolor general y el repudio al terrorismo en aras de mantenerse en el poder. Toca hoy a los españoles emitir en las urnas su veredicto.