Tras una semana de revelaciones escandalosas y de un atropellado bombardeo de información, desinformación, mentiras y videos, el asunto de la corrupción entre altos funcionarios del gobierno capitalino y entre integrantes destacados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) empieza a sedimentarse -aunque todavía esté por llegar a las pantallas televisivas y a las oficinas de procuración de justicia un número indeterminado de cintas con nuevas escenas tan indignantes como deprimentes- y deja ver las distintas y contrastadas pistas de este infortunado circo político, mediático, empresarial y de "amistades", según el eufemismo empleado por algunos de sus protagonistas. Es pertinente verlas en detalle.

El primer escenario, el más evidente, y el central, hasta ahora, es el de la organización delictiva que se conformó dentro del Gobierno del Distrito Federal (GDF) y que reclutó, al parecer, al ex secretario de Finanzas de la institución, Gustavo Ponce Meléndez, a otros funcionarios y empleados -algunos de ellos ya aprehendidos- y al empresario Carlos Ahumada Kurtz. En una segunda pista, estrechamente vinculada a la primera, pero diferente, en estricta lógica institucional, figuran personalidades de la primera línea del perredismo, como Rosario Robles, ex jefa del gobierno capitalino y ex presidenta del partido; René Bejarano, ex secretario particular de Andrés Manuel López Obrador y ex coordinador de la fracción perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF); Carlos Imaz, jefe delegacional en Tlalpan, y Ramón Sosamontes, además de media docena de jefes delegacionales sobre quienes se han lanzado, hasta ahora, meras sospechas, pero ningún señalamiento sólido.

Los indicios de repudiable corrupción en el GDF ameritan, sin duda, una investigación judicial profunda e implacable y la imposición de sanciones legales a quienes se encuentre responsables. Los manejos ilícitos o inmorales de dinero en el entorno cercano a López Obrador ponen en evidencia una falla grave en los mecanismos de control, fiscalización y comunicación interna en el equipo del gobernante y ameritarían de éste una autocrítica y una reorganización a fondo de su personal y sus formas de operación.

El PRD, por su parte, debe proceder a un trabajo honesto y radical de saneamiento interno y a un deslinde incondicional ante quienes permitieron, propiciaron y capitalizaron la putrefacción en las filas partidarias.

Sin afán de ocultar o disminuir la trascendencia de lo ya señalado, ha de mencionarse, también, que la crisis en el gobierno capitalino y en el partido del que surgió obedece a un cuidadoso, especializado y paciente trabajo de formación de consensos, de contextos y de climas de opinión pública para aprovechar la venalidad de algunos perredistas con el propósito de destruir -política y mediáticamente, al menos- al titular de ese gobierno, cancelar sus perspectivas a futuro y desarticular un proyecto ideológico y social que se erige, hasta ahora, como única alternativa viable al neoliberalismo privatizador y antinacional que impera en el gobierno federal desde hace varios sexenios.

En ese operativo de demolición política confluyen, por una parte, instancias nacionales o internacionales capaces de hacer un trabajo de espionaje de alta tecnología, como el que se realizó en un hotel de Las Vegas para documentar furtivamente las francachelas del ex secretario de Finanzas del GDF; intereses económicos y políticos enemigos del proyecto de gobierno que se desarrolla en la capital, entre los cuales se encuentran, evidentemente, el corruptor profesional Ahumada Kurtz y quienes se encuentren detrás de él, así como corrientes y figuras que operan en diversos partidos políticos, incluido, por supuesto, el PRD. Asimismo, resulta inocultable, y hasta sospechoso, el entusiasmo de medios informativos y de informadores destacados por enfocar el escándalo exclusivamente en la figura del jefe de Gobierno y por evitar a toda costa preguntas incómodas, pero ineludibles, sobre el origen, el propósito y los canales de distribución de los videos difundidos hasta ahora; tales actitudes obligan a suponer que tras las exhaustivas coberturas del escándalo no sólo hay un afán profesional por buscar la verdad o un empeño comercial por obtener mejores porcentajes de audiencia, sino también un interés político por acabar con lo que representa, en el presente y en perspectiva, la gestión de López Obrador.

No es fortuito que el bombardeo político y mediático contra el GDF haya dejado en el olvido y en la oscuridad escándalos no menos relevantes para el país, como los fraudes perpetrados en el curso del rescate bancario del sexenio pasado, el desvío multimillonario del Pemexgate, el financiamiento ilegal a los Amigos de Fox, el posible desvío de recursos a la fundación Vamos México o las peticiones de mordida del aún presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González, también videograbadas y difundidas en horario estelar. A la luz de los sucesos posteriores, la exhibición de las corruptelas del Niño Verde parece un mero ensayo para medir reacciones sociales ante las revelaciones que habrían de llegar días más tarde.

En suma: la opinión pública debe estar pendiente de todas las pistas en las que transcurre el escándalo, las muestras de descomposición y a los posibles ilícitos perpetrados en el contexto del perredismo gobernante en la ciudad de México, hechos de suyo inadmisibles, exasperantes y punibles; pero no debe perderse de vista que se evidencian en el contexto de lo que parece ser una operación de descrédito en gran escala, un guión según el cual la motivación principal de Ahumada Kurtz no sería tanto la obtención de ganancias ilícitas cuanto el aprovechamiento de la proclividad a la corrupción de una cantidad aún incierta de perredistas -funcionarios, directivos, militantes- y empleados del GDF para videograbarlos mientras reciben dinero para exhibirlos y destruir, de esa forma, la autoridad moral del jefe de Gobierno. Si éste pretende rescatar su imagen de honorabilidad y la viabilidad de su mandato, no tiene más alternativa que emprender una limpieza rápida y a fondo de su equipo y deslindarse, en forma expedita e inequívoca, con acciones políticas y judiciales, de las estructuras clientelares perredistas en las que -es un secreto a voces- se refugia la corrupción.