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México D.F. Jueves 4 de marzo de 2004

Venta del padrón a EU, entre las faltas investigadas

Destituyen a vocal del IFE en Veracruz por irregularidades

GUADALUPE LOPEZ CORRESPONSAL

Jalapa, Ver., 3 de marzo. Jorge Santos Azamar, quien hasta el pasado lunes fungió como vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE) en el estado, fue denunciado desde el 22 de enero de 2003 ante el Consejo General del organismo por su presunta participación en la venta del padrón electoral mexicano a empresarios de Estados Unidos, manipular el padrón en Veracruz para favorecer el registro del partido Fuerza Ciudadana, y diversas irregularidades administrativas, afirmó el acusador del ex funcionario, José Martín Valdés Salas, ex coordinador del Departamento de Informática del IFE en la entidad.

De acuerdo con Valdés Salas, la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República investiga a Santos Azamar. Además se quejó de que en las instalaciones centrales del IFE, en la ciudad de México, fue mutilado el punto número 8 de su denuncia -que presentó junto con Francisco Javier López Salas y Benjamín Butrón Islas, auxiliar de la Vocalía de Organización y jefe de la Unidad Administrativa del IFE-, en el que mencionó la venta del padrón y la irregularidad cometida con Fuerza Ciudadana.

En su denuncia, Valdés acusa a Santos Azamar, así como al vocal secretario del IFE en Veracruz, José Armando González Gama, de violar ''la distribución de los recursos administrativos y los derechos laborales de los trabajadores''.

Santos Azamar permaneció 10 años en el cargo del que fue destituido, y ocupó su lugar Eduardo Gerardo Romay Olmos, quien se desempeñaba como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. El IFE informó del relevo en un comunicado de prensa y omitió especificar la razón del cese.

En la Junta Local Ejecutiva del IFE hay férreo hermetismo en torno al caso, pero ha circulado la versión, aún no confirmada, de que Santos Azamar habría sido inhabilitado para ocupar cargos públicos por 10 años y obligado a pagar una multa de 5 millones de pesos.

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