Semblanza del investigador estrella de la policía secreta del Estado represor

Miguel Nazar Haro, la guerra sucia y la obediencia debida

Ahora, el antiguo interrogador es quien debe responder a quién culpa por su violencia

CARLOS FAZIO/I

Miguel Nazar Haro, investigador estrella de los servicios secretos del antiguo Estado autoritario priísta y hombre de confianza de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en México, ya no se jacta. El creador del grupo de operaciones clandestinas C-047 y de la paramilitar Brigada Blanca, quien se hacía llamar capitán Martínez en sus primeros tiempos de torturador, ha dejado atrás sus técnicas freudianas de interrogatorio ("Platíqueme de su infancia. ¿Cuáles fueron sus deseos infantiles? ¿A quién culpó de no lograr lo que quiso en su juventud?", Gustavo Castillo, La Jornada, 5.II.04), que combinaba con la picana eléctrica para arrancar confesiones a sus víctimas. Es él, ahora, detenido en el penal de Topo Chico, quien debería platicar de sus "deseos" juveniles reprimidos y "a quién culpó" antes de decidirse a descargar su furia homicida sobre prisioneros inermes y desarmados en los años de la guerra sucia.

Nazar, el experto en contrainsurgencia con cursos en Panamá y Estados Unidos, quien desde la Dirección Federal de Seguridad (DFS) coordinaba los servicios de inteligencia del régimen -pequeño símil, en su época, del coronel Manuel Contreras, el todopoderoso jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena durante la dictadura pinochetista, actualmente preso-, perdió aplomo. El sacrificado defensor de la patria, la familia y la propiedad privada (ver "Sí, hijos míos, fui policía", carta a sus descendientes); el nocturno vengador anónimo de Eugenio Garza Sada y del Grupo Monterrey, el asesino bueno, el "institucional hasta la muerte", poco a poco va perdiendo su oficio.

Todavía no ha dicho quién o quiénes, en la cadena de mando (los directores de la DFS Fernando Gutiérrez Barrios/Luis de la Barreda/Javier García Paniagua-los secretarios de Gobernación Luis Echeverría/Mario Moya Palencia/Jesús Reyes Heroles-los presidentes de la República Gustavo Díaz Ordaz/Luis Echeverría/José López Portillo), le autorizaron llevar a cabo el espionaje telefónico y fotográfico sobre el personal diplomático de los países socialistas acreditados ante Tlatelolco, en los años 60, en estrecha colaboración con la estación de la CIA y del attaché del Federal Bureau of Investigation (FBI) en México. Ni por órdenes de quién creó el Grupo de Investigaciones Especiales C-047, en noviembre de 1965, para infiltrar y aniquilar a los "grupos subversivos", luego de pasar un semestre en Washington. O quién aprobó la formación de un comando especial (la Brigada Blanca), réplica de los escuadrones de la muerte centro y sudamericanos, que practicó la tortura como método y ejecutó y desapareció de manera forzosa a prisioneros y tuvo derecho a botín de guerra.

El 19 de febrero, en su declaración preparatoria ante un juez de distrito en Monterrey, menguada la protección que le daba la Agencia Central de Inteligencia -en 1981 Nazar fue acusado formalmente en San Diego, California, de ser el jefe de una banda de robo y contrabando de automóviles de lujo; la embajada de Estados Unidos aquí envió un cable donde calificaba al entonces titular de la DFS como "contacto esencial para la CIA en México" (The Washington Post, 17.VII.1990), por lo que la Corte Suprema de EU ordenó brindarle impunidad-, Nazar, el nacionalista, reconoció que diario enviaba al secretario de Gobernación y al Presidente de la República en turno la información sobre las acciones policiacas y militares en todo el país.

La semana pasada, el arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Iñiguez, pidió "perdón para los verdugos" de la guerra sucia. Pero agregó que "el país necesita justicia". Enfermo, casi octogenario ("regresó al DF porque no quería morir solo" y lo atraparon, declaró su hija Arlette a La Jornada), la justicia parece estar alcanzando a Nazar Haro a 30 años de sus ordalías genocidas. Como ocurrió en 1994, cuando Argentina extraditó al criminal de guerra nazi Erich Priebke, quien medio siglo antes había participado en la matanza de las Fosas Ardeatinas, en las afueras de Roma. Así aconteció, también, en 1983, cuando Bolivia extraditó a Klaus Barbie, El carnicero de Lyon en Francia bajo la ocupación alemana, condenado a reclusión perpetua por una corte de Ródano que lo encontró culpable, en 1987, de crímenes contra la humanidad.

Una brigada de elite

Envuelto en la bandera del patriotismo, la seguridad y el orden, Nazar apela ahora a la obediencia debida ("el Presidente sabía todo") y se declara inocente de cualquier crimen. Pero reduce el papel de la DFS y la Brigada Blanca a simples funciones de información e investigación. Ha rechazado cualquier vínculo con los militares de la época. Falso. Máxime en boca de quien entró a la DFS sin grado militar y fue nombrado teniente coronel en 1980, por el presidente López Portillo.

El 29 de octubre de 2002, en el contexto del Consejo de Guerra contra los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro en el Campo Militar Número Uno, la Procuraduría General de Justicia Militar sostuvo que la Brigada Blanca, fuerza especial de soldados y policías que desarticuló a la guerrilla en los años 70, fue un grupo "carente de sustento legal, cuyas tácticas eran completamente ilegales".

En la acusación por homicidio contra ambos ex militares -en noviembre de 2002 fueron degradados y condenados por el delito de fomento al narcotráfico-, la procuraduría castrense sostuvo que la Brigada Blanca "utilizó una táctica que consistía en detenciones, interrogatorios, cateos y reclusiones ilegales", incluso en instalaciones militares habilitadas para "operaciones encubiertas". Por ejemplo, las del Segundo Batallón de Policía Militar, ubicadas en el Campo Militar Número Uno A.

Si bien fichas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), desclasificadas en 2001, daban cuenta de la existencia de una brigada (especial o Blanca), cuyos comandantes en el periodo de la guerra sucia fueron el capitán Luis de la Barreda; Javier García Paniagua y el teniente coronel (asimilado) Miguel Nazar Haro, la acusación de la procuraduría militar, contenida en el expediente, es el primer documento oficial de una dependencia del gabinete de Seguridad Nacional donde se admite, de manera pública, la existencia de ese cuerpo paramilitar.

Entre las corporaciones que aportaron personal a la Brigada Blanca figuraban, además de la DFS, la Policía Judicial Federal, bajo las órdenes del procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez; el Segundo Batallón de la Policía Militar (luego Brigada), al mando del entonces coronel Francisco Quirós Hermosillo; la Policía Judicial Federal Militar; las policías judiciales del Distrito Federal y del estado de México y la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), a cargo de Francisco Sahagún Baca. Se trataba, pues, de un grupo de elite contrainsurgente compuesto por militares y policías.

El 11 de mayo de 1998, Quirós Hermosillo, quien fue ayudante del ex secretario de la Defensa general Marcelino García Barragán y recibió cursos sobre seguridad en Corea del Sur e Israel (del Mossad), reconoció haber sido comandante operativo de la Brigada Blanca hasta su promoción como jefe del Estado Mayor de la 34 Zona Militar, con sede en Chetumal. A su vez, Acosta Chaparro declaró el 3 de mayo de 2000 que en 1970 el entonces secretario de la Defensa Hermenegildo Cuenca Díaz lo envió como asesor a la DFS, tras recibir adiestramiento del Pentágono sobre "subversión" y "contraguerrilla" (fue entrenado en paracaidismo en Fort Benning, Georgia, y recibió un curso de Fuerzas Especiales, los famosos Boinas Verdes, en Fort Bragg, Carolina del Norte).

Según declaró el procurador militar, general Jaime López Portillo a La Jornada (28.IX.2002), la justicia castrense les inició a Acosta y Quirós un proceso penal por el delito de homicidio calificado en contra de 143 presuntos guerrilleros, quienes habrían sido ejecutados y arrojados al mar desde un avión Arava IAI-201, de fabricación israelí, en las costas de Oaxaca, en los años de la guerra sucia. En el juicio están involucrados el general de ala Roberto Huicochea y otros cinco oficiales de la Fuerza Aérea Mexicana. Los "vuelos de la muerte" se iniciaron en 1975, dos años antes de que fueran puestos en práctica por la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, en Argentina. La mayoría de las víctimas fueron levantadas en Guerrero, pero para otras la "ruta de la muerte" se inició en el Segundo Batallón de Policía Militar (Campo Militar Número Uno), desde donde fueron trasladadas en camiones tipo frigorífico a la Base Aérea Militar Número Siete, en Pie de la Cuesta, Acapulco, adscrita a la 27 Zona Militar, cuya comandancia ocuparon los generales Enrique Cervantes Aguirre y Eliseo Jiménez Ruiz.