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México D.F. Miércoles 11 de febrero de 2004

Era custodiado por guardias de seguridad privada

Los invasores sólo traspasaron un primer cerco, explica la Presidencia

ROSA ELVIRA VARGAS

Tres días después de que irrumpieran en la casa de la madre del presidente Vicente Fox unos 2 mil ex braceros, en el gobierno federal aún imperan la confusión y las versiones contradictorias sobre el hecho. Ahora se difundió algo que nunca fue dicho el día los sucesos, y es que la finca está resguardada en un ''primer cerco'' por guardias de seguridad privados, pues se trata de una ''negociación comercial'', y que es el único que habrían rebasado los manifestantes.

Existe también, según comunicado emitido ayer por Los Pinos, un ''segundo cerco'', que está integrado por elementos del Estado Mayor Presidencial, el cual ''se mantuvo íntegro en todo momento''.

Con esta explicación, la Presidencia de la República no sólo introduce elementos novedosos en el incidente, sino que de paso desmiente al procurador Rafael Macedo de la Concha, quien el lunes había declarado que, con su acción, los campesinos vulneraron la seguridad del Presidente y la de su familia. Y es que, según la explicación de Los Pinos, el sábado 7 ''la seguridad del mandatario y la de su familia estuvieron garantizadas en todo momento''.

El mismo comunicado señala que la presencia de grupos y particulares en torno al rancho San Cristóbal se ha vuelto costumbre y así seguirá, pues Vicente Fox ''no concibe el ejercicio del poder público como un encierro en una ficticia torre de marfil''. El interés por la cercanía directa y personal se mantendrá, ''sin temor a los excesos que en ocasiones implica el entusiasmo y la espontaneidad del pueblo''.

Cercanía razonable

Según la explicación oficial, el jefe del Ejecutivo nunca ha rehuido, ni lo hará, el contacto de primera mano con la ciudadanía. En todo caso, su prioridad ha sido asegurar ''un nivel razonable de seguridad personal y, al mismo tiempo, permitir su acercamiento con la gente''.

Ahí mismo se reitera que serán las autoridades competentes las responsables de practicar las diligencias del caso y deslindar responsabilidades en torno a los hechos acaecidos el sábado anterior.

El texto consigna además la voluntad ''inquebrantable'' del titular del Ejecutivo federal de hacer respetar el estado de derecho, pues ''la libertad de expresión y de manifestación de las ideas no son excluyentes con el pleno acatamiento de la ley''.

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