El pasado sábado 7 de febrero cerca de un millar de manifestantes de la llamada Alianza Braceroproa irrumpieron en el rancho San Cristóbal, Guanajuato, propiedad de la familia del presidente Vicente Fox, con el pretexto de exigir una audiencia con el mandatario.

Cabe recordar que el grupo inconforme demanda la restitución del dinero que fue descontado de los salarios de los 4 millones de braceros que trabajaron en Estados Unidos entre 1942 y 1967, el cual fue a parar a un fondo de ahorro para campesinos y, según los quejosos, asciende actualmente a unos 500 mil millones de dólares.

Sin afán de polemizar en torno a la procedencia o improcedencia del reclamo referido, es necesario señalar, por principio de cuentas, que la invasión de un domicilio privado, sea de quien sea, funcionario o no, constituye una acción inadmisible, aunque se realice en el contexto de una movilización social.

La libertad de manifestación de ninguna manera permite violentar el principio de la inviolabilidad del domicilio. Pero la toma del Rancho San Cristóbal resulta doblemente inaceptable si se considera que tal sitio no es, al menos no en términos formales, la residencia de Fox, sino de parientes suyos, quienes son por completo ajenos no sólo al reclamo de los ex braceros, sino también al ámbito de las responsabilidades presidenciales.

Por otra parte, es obligado señalar la inexcusable falla de seguridad que hizo posible el ingreso de los manifestantes a una residencia en la que el titular del Ejecutivo federal suele pernoctar los fines de semana. Habría sido posible, de hecho, que Fox se encontrase en el rancho en el momento de la incursión mencionada, la cual fue, dicho sea de paso, suficientemente anunciada. El Estado Mayor Presidencial disponía, pues, de los elementos necesarios para cumplir con una de sus tareas evidentes y principales, es decir, preservar la seguridad del entorno presidencial, pero fue incapaz de impedir el ingreso de los peticionarios al patio de la finca, situación que habría podido desembocar en sucesos trágicos si los invasores se hubiesen empeñado en entrar a las habitaciones de la residencia.

Semejante fracaso en la seguridad del mandatario constituye un dato alarmante sobre el descontrol y la erosión de la seguridad en general. No faltarán ciudadanos que se pregunten, a raíz del episodio, qué protección pueden esperar en sus domicilios si la casa de la familia presidencial fue tan fácilmente invadida.

Es necesario, por ello, que se investigue el incidente y se establezca la responsabilidad de quienes, en el Estado Mayor Presidencial, no tomaron las decisiones pertinentes en su momento. Cabe preguntarse, asimismo, qué intereses pudieron aconsejar a los manifestantes de la Alianza Braceroproa una medida tan improcedente e ilegal, y qué propósitos persiguen.