El número de detenidos durante el mes pasado, casi igual a la cifra de todo 2002

Aumentan en Chiapas aprehensiones por conflictos sociales, señalan ONG

Muchos arrestados fueron liberados; documentan violencia de operativos policiacos

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 1Ɔ de febrero. En el primer mes de 2004 el gobierno del estado detuvo a más de 140 personas en operativos policiacos contra asentamientos ("invasiones") de campesinos en los municipios La Trinitaria, Suchiate y Ocosingo. Además, en Tapachula recuperó instalaciones gubernamentales y detuvo a siete personas. Es decir, en lo que va del año han sido aprehendidas por conflictos sociales tantas personas como durante todo 2002 (cuando sumaron unas 148).

Hasta ahora, 2003 es el año con mayor numero de personas aprehendidas con acusaciones penales. Los detenidos -272, según estimaciones de organismos civiles de derechos humanos- participaban en algún movimiento social u ocupaban tierras de manera irregular.

Con base en la documentación noticiosa de Melel Xojobal, los informes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) y el seguimiento de casos de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, esta última elaboró el informe Operativos y desalojos, 2001-2004, estado de Chiapas, en el que se enumeran las acciones y desalojos policiales del periodo.

En ese documento no se consideran las acciones penales contra delincuentes comunes o migrantes ilegales. Un número significativo de los detenidos han sido miembros de diversas agrupaciones sociales -como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Organización Popular Emiliano Zapata y el Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri)- que apoyaron la alianza que llevó a Pablo Salazar Mendiguchía al gobierno, pero luego no se han entendido y han incurrido en actos que las autoridades consideran punibles.

Algunos operativos han sido brutales, con la participación de contingentes masivos de policías municipales, estatales y, en ocasiones, federales. El 12 de febrero de 2001, medio millar de policías judiciales desalojaron la presidencia municipal de Ixtapa, ocupada por miembros de la CIOAC que desconocieron al presidente municipal y se constituyeron en municipio autónomo.

El 27 de julio siguiente, al menos 300 policías tomaron sorpresivamente el barrio San José, del municipio Marqués de Comillas, para rescatar a seis funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social. Inicialmente fueron detenidas 81 personas. La Procuraduría General de Justicia del Estado y la seguridad pública dispararon contra la población civil, allanaron casas, destruyeron la caseta telefónica del sitio y aterrorizaron a la población. Si bien los perseguidos pertenecían al Mocri, lo indiscriminado del ataque implicó que fueran detenidos catequistas y zapatistas sin relación con el problema. Al final de su primer año, el nuevo gobierno había detenido 106 personas. Muchas fueron liberadas después.

En marzo de 2002, comerciantes del mercado de San Cristóbal de las Casas fueron atacados violentamente por judiciales federales y estatales, acusados de comerciar con mercancía pirata; hubo más de 50 detenidos y varios heridos.

En abril, mil policías estatales y de la Federal Preventiva liberaron a 40 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en Puerto Madero, retenidos por la población como parte de la cadena de protestas que se suceden en la entidad contra la empresa paraestatal. Hubo 19 personas aprehendidas, y en la paliza contra hombres y mujeres una embarazada abortó a causa de los golpes.

En 18 de julio, en San Antonio Buenavista y Laguna Chamula (Comitán), 700 policías liberaron a un funcionario de autotransporte retenido por la población. Daños colaterales: medio centenar de detenidos, robos y destrozos en las viviendas, y otro aborto por golpes.

El 12 de octubre, 200 policías desalojaron a golpes la finca Concepción, en Venustiano Carranza, ocupada por campesinos pobres que reclamaban tierra. En dicha ocasión el operativo fue seguido por un ataque de guardias blancas armadas, que incrementó el número de heridos, lo que nunca se investigó ni castigó.

Hay que señalar que algunas de estas actuaciones masivas de la fuerza pública responden a emboscadas criminales y homicidios. A principios de 2003, en San Juan Chamula, un operativo resultó en la muerte de cuatro policías y un campesino, y un castigo inmediato contra la población en el paraje Tres Cruces. Según observadores de derechos humanos, en esa ocasión se violaron "principios básicos de la Naciones Unidas". Poco después, en Venustiano Carranza se desalojó un plantón de protesta por la detención de su dirigente, acusado de una emboscada criminal en 2001 en Multajiltic; hubo 50 detenidos y una decena de heridos, policías y labriegos.

El año pasado ocurrió el mayor número de detenciones durante desalojos policiacos: al menos 272. Claro, sólo el conflicto de la escuela normal rural Mactumatzá originó la detención y arraigo de 185 personas, en su mayoría alumnos del centro educativo, así como varios choques entre estudiantes huelguistas y policías.

Protestas magisteriales, luchas por el transporte y ocupación de predios han producido también decenas de aprehensiones y golpizas. El 21 de mayo pasado, en Nuevo Tepeyac (Villa de las Rosas), 27 personas fueron aprehendidas, luego de que 300 policías dispararon balas y gases lacrimógenos para rescatar a cinco choferes del transporte concesionado, retenidos por la población de varias comunidades.

En septiembre, la policía desalojó del predio Guerrero (Mapastepec) a posesionarios que, según el CDHFBC, estaban ahí desde 1958. Otra acción de autoridad con violencia y aprehensiones ocurrió en la colonia Venustiano Carranza (Bochil).

Las denuncias que han producido estas acciones señalan reiteradamente destrucción y robo de pertenencias, y en algunos casos se ha documentado tortura (del mismo modo que en numerosas averiguaciones en general; la más reciente, contra un presunto asesino en San Cristóbal de las Casas, en enero del presente año, por miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones).

El año en curso empezó fuerte. Sin contar el negado desalojo en Montes Azules, donde se quemaron 23 viviendas y se consignó a una persona, acontecieron desalojos en el rancho La Huasteca (La Trinitaria), en Rancho Alegre, Los Cerritos y Los Cerros (Suchiate), donde centenares de policías detuvieron entre 60 y 80 personas, entre ellas 16 migrantes centroamericanos. En este caso se impidió el ingreso a los medios de comunicación -de manera que ha sido reportada "agresiva"-, de modo que el registro fotográfico y de video existente sólo lo realizaron las autoridades.