Resolución de la Suprema Corte busca transparentar el gasto de los ayuntamientos

Podrán los municipios impugnar cuentas públicas aprobadas por congresos locales

JESUS ARANDA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció lineamientos para transparentar el gasto público de los municipios, al determinar que una nueva integración de un ayuntamiento está en condiciones de impugnar la aprobación de la cuenta pública de la administración anterior ante el Congreso estatal, pese a que los legisladores ya hayan aprobado la legalidad de esas cuentas.

La Corte subrayó que la sujeción al principio de legalidad de la aprobación de la cuenta pública "aleja cualquier posibilidad de que una decisión de carácter eminentemente técnico se torne en una decisión política, guiada por la afinidad política del ayuntamiento auditado y de la mayoría de la legislatura local, o en una cuestión sujeta a negociación política".

Estos "vicios", añadió, acarrean "una erosión en la credibilidad de la actividad estatal y pueden poner en riesgo la gobernabilidad".

La decisión del pleno de "controlar la legalidad en la aprobación" por parte de las legislaturas estatales de las cuentas públicas de los municipios por medio de la controversia constitucional, afirmaron los ministros, "elimina un círculo de inmunidad de poder y, además, dota a los ayuntamientos y a la sociedad de una instancia que destierra el abuso que se da mediante el solapamiento o el exceso".

Al resolver la controversia constitucional 12/2003 presentada por el ayuntamiento de Río Grande contra el Congreso de Zacatecas, la SCJN estableció el control jurisdiccional de la cuenta pública y la vinculación de la legislatura al principio de legalidad en la aprobación de dicha cuenta.

Los magistrados consideraron que la fiscalización de los recursos de los ayuntamientos es un acto en el que está interesada la sociedad, por lo que debe llevarse a cabo con transparencia y apego a la legalidad, para que en caso de encontrarse irregularidades en las cuentas se finquen las responsabilidades correspondientes.

Los ministros le dieron la razón a los funcionarios municipales, los cuales reivindicaron su derecho a impugnar la aprobación de la cuenta pública anterior por parte del Congreso del estado, en razón de que estimó que dicha cuenta aprobada presentaba irregularidades.

También coincidieron en la importancia de reconocer la realidad política del México actual, "donde la pluralidad y la alternancia de los partidos en el gobierno se debe en mucho a la exigencia popular de eficiencia y transparencia en el manejo de las finanzas públicas".

Los ministros consideraron que la fiscalización de las cuentas públicas de los ayuntamientos es un acto en el que está interesada la sociedad y que debe realizarse "con transparencia y con apego al principio de legalidad".