En ocho casos rechazaron recursos de apelación del MP

Asevera la PGJ de Yucatán que los magistrados son un "obstáculo"

Fines políticos, las "andanadas" de autoridades, responden

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 29 de enero. El procurador estatal de Justicia, Miguel Angel Díaz Herrera, señaló este día que los magistrados del Poder Judicial son un "obstáculo para la administración de la justicia", y con ello revivió la polémica que desde hace dos años sostiene el gobernador Patricio Patrón Laviada con los jueces, a quienes en su momento calificó de corruptos por estar presuntamente coludidos en su negativa de revisar el litigio del ex empresario Armando Medina Millet, sentenciado a 20 años de prisión, acusado de asesinato en primer grado.

Indicó que todo tiene su origen en el caso de Armando Medina Millet, preso y sentenciado por dar muerte a su esposa Flora Abraham en 1995, pero que fue reabierto por órdenes del mandatario, a pesar de que ya era asunto juzgado.

En septiembre de 2003, la parte defensora del procesado demandó al Congreso local juicio político para cinco de los seis togados del Poder Judicial yucateco. El expediente será ventilado antes de que culmine en junio el periodo de los actuales legisladores.

Díaz Herrera, uno de los más cercanos colaboradores del mandatario local, aclaró que el motivo de la inconformidad proviene de seis u ocho casos en los que el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJY) rechazó los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público, y avaló, de esta manera, las resoluciones de varios jueces, aunque a éstos supuestamente no les correspondió la razón.

El funcionario precisó que los magistrados son, en realidad, un obstáculo para la administración de la justicia, pero no de la procuración, encargo que recae, precisamente, en él.

Añadió que está inconforme porque, particularmente en el asunto del desacato constitucional de 2001, donde los diputados del PRI se negaban a obedecer un ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para dar posesión a los consejeros ciudadanos del Instituto Electoral del Estado, los magistrados nunca procedieron contra los autores materiales e intelectuales de ese supuesto delito, a pesar de que la Procuraduría de Justicia documentó las pruebas.

"Nos dieron palo", refirió Díaz Herrera, aunque aclaró que no deseaba que sus declaraciones revivieran el conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

No obstante, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Angel Prieto Méndez, convocó este día a una rueda de prensa para refutar las declaraciones del procurador, a quien respondió que la andanada de acusaciones de altas autoridades del gobierno tiene el propósito de desprestigiar el trabajo de los magistrados, con fines netamente políticos, a raíz de que en mayo se efectuarán las elecciones estatales para elegir a 106 alcaldes y 25 diputados.

Aseguró que el desempeño de los magistrados ha sido correcto y que, en el litigio del desacato, las pruebas no fueron contundentes al basarse sólo en supuestos y rumores. Al mismo tiempo, le pidió a Díaz Herrera que tenga prudencia en sus declaraciones ante la prensa, pero también solicitó la intervención del gobernador Patricio Patrón Laviada para terminar con la polémica entre los poderes constitucionales