Al promulgar la Ley de Desarrollo Social, ayer en Los Pinos, el presidente Vicente Fox reiteró su voluntad de combatir la pobreza y de hacer del desarrollo social una política de Estado mediante el documento legal referido. Es bueno que, en este entorno político enrarecido y desgastado, las instituciones del poder público vuelvan la mirada, de tanto en tanto, a las realidades de "pobreza, desigualdad y la marginación en que viven millones de familias" en el México de 2004; mejor aún es que el Ejecutivo federal se comprometa a convertir la atención de esa vasta y vergonzosa deuda social en prioridad de gobierno. Es plausible, también, en principio, la transformación en ley de los diversos instrumentos de política social.

Sin embargo, la conversión del combate a la pobreza en una de las obligaciones del gobierno federal, mediante la legislación referida, no es, por sí misma, una acción suficiente ni eficiente para superar la exasperante miseria que afecta a buena parte de la población nacional. No, al menos, en tanto el Ejecutivo no tome distancia de una política económica que es una verdadera fábrica de pobres y una multiplicadora de diferencias e injusticias sociales.

Es cierto que una parte sustancial de la marginación y la pobreza corresponde a lastres del pasado que es preciso superar. Pero hay, además, atraso y miseria provocados por las estrategias arrasadoras que empezaron a implantarse durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se profundizaron y generalizaron en el de Carlos Salinas y fueron llevadas al paroxismo en el sexenio de Ernesto Zedillo: la apertura comercial unilateral y claramente desventajosa, la desregulación, la privatización corrupta de los bienes públicos, los privilegios a los especuladores financieros, la obsesión por la inversión extranjera, el desinterés criminal por la reactivación del mercado interno, la contención salarial, el fanatismo antinflacionario, la abrupta suspensión de subsidios a la producción agrícola e industrial, el desmantelamiento de programas e instituciones de protección a la planta productiva, la contención salarial y el desmantelamiento de sindicatos, contratos colectivos y conquistas laborales, entre otras aplicaciones del dogma neoliberal.

Lejos de desmarcarse de esa política neoliberal, como prometió en su toma de posesión, Fox se ha convertido en continuador de sus antecesores priístas y ha dejado las decisiones económicas en manos de una tecnocracia que, con el actual, lleva ya cuatro sexenios en el poder. En esa circunstancia, la Ley de Desarrollo Social podría convertirse en mera simulación. No sería el primer caso: la política económica en vigencia ha reducido a una condición similar varios preceptos legales y constitucionales, como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y al salario remunerador.

Si realmente se pretende lograr, mediante la acción de gobierno, "el bienestar de las personas, la inclusión social, la dignidad y la seguridad de cada uno de los habitantes del país", como enumeró ayer el mandatario, es indispensable superar el neoliberalismo y aplicar una política económica cuyo objetivo central no sea la seducción de los capitales foráneos o la estética de los macro indicadores, sino el bienestar de la gente.