José Blanco

Democracia y espacios multiculturales

Ineptitudes aparte del gobernador Estrada Cajigal, en Tlalnepantla, Morelos, asistimos a un conflicto que se hubiera dado, cualquiera que fuera el gobernador, si éste decide hacer a un lado usos y costumbres y regirse por la ley. La intervención del gobernador de Morelos no es la causa o el origen del conflicto social y político que vive el pequeño poblado de Tlalnepantla; Estrada Cajigal no hizo sino empeorar una situación de coyuntura política que tiene una raíz estructural.

México atraviesa por un lapso de alta conflictividad social, derivada de la acumulación histórica de desigualdades sociales, que se han acentuado en las últimas tres décadas. Esa conflictividad también deriva de la crisis de los mecanismos de dominación que prevalecieron a lo largo de la vigencia de los gobiernos priístas y sus bases corporativas. En otros términos, la creciente gravedad de los conflictos derivados de la desigualdad y la pobreza en una franja mayoritaria de la sociedad, hoy poseen espacios de expresión política -incluida la violencia-, que no existían en el pasado reciente, y que están asociados a las mayores libertades vinculadas a la ampliación de los espacios democráticos. Sin duda hay aquí un déficit institucional.

El problema que surgió esta vez en Tlalnepantla puede tener lugar en cualquier momento en muchos otros sitios de la república. Como se sabe, la comunidad, por la vía de los mecanismos de los usos y costumbres, eligió a la cabeza política del municipio morelense, y después no procesó esta decisión en el marco de la legalidad vigente. Un tío vivo aprovechó la situación y, en el marco de la ley, se hizo elegir presidente municipal. Existe una contradicción evidente entre formas diversas de representación política de la sociedad que, bajo los gobiernos priístas, estaban sujetos a los dispositivos de dominación del Estado corporativo.

Estamos frente al desencuentro inevitable de una forma comunitaria de elegir representantes y las formas democrático liberales legales. Es inútil descalificar al repudiado personaje priísta que se hizo elegir, porque lo hizo en el marco de la legalidad. Es claro que los usos y costumbres no pueden estar por encima de la ley.

El problema puede aparecer en cualquier parte porque puede configurarse una multitud de situaciones diversas en las que un grupo de ciudadanos, perteneciente a una comunidad dada, decida actuar como tal, es decir, como grupo de ciudadanos y no como miembros de la comunidad. El derecho les asistiría. La democracia formal y la multiculturalidad tienen aquí una asignatura pendiente, una antinomia, que puede llevar hasta la tragedia, como en el caso de Tlalnepantla.

Frente a la decisión del gobierno morelense de defender el precario triunfo electoral de Elías Osorio, el "desconocido" presidente municipal del PRI, un grupo de pobladores de Tlalnepantla proclamó la autonomía del municipio, acrecentando el problema político. Pero el origen de tales decisiones no está en esos pobladores, sino en las pésimas decisiones del gobierno federal, desde siempre. El más inmediato precedente es Atenco. Fue tolerado el municipio autónomo durante el tiempo que el grupo dirigente de los disidentes así lo decidió, y ahí está el resultado hoy en Tlalnepantla (acompañado de atenquenses).

Es decir, ni los particulares ni los poderes públicos se han sujetado históricamente al marco de la ley -tenemos un estado de derecho extraordinariamente precario-, y ello no puede sino acarrear conflictos sociales y políticos, que pueden ser cada vez peores.

Un grupo (o más de uno) de abajofirmantes se solidarizó con los pobladores de Tlalnepantla, diciendo que la Constitución Política mexicana autoriza a los ciudadanos en todo momento a cambiar su régimen de gobierno. Es claro que esto es así, pero ello no puede procesarse mediante las decisiones personales de ciudadanos particulares. Tales abajofirmantes están convocando a la anarquía: que el que quiera funde su municipio, o su gobierno local, o su republiquita.

Es evidente que el conflicto más agudo entre multiculturalidad y democracia formal legal está en Chiapas. Este problema no ha sido resuelto por el gobierno federal (Ejecutivo y Congreso) y, ya se sabe: problema que no se resuelve empeora. En Oaxaca el problema existe hasta ahora potencialmente. Pero ahí está esperando que algunos miembros de las comunidades se descubran ciudadanos.

Las comunidades no tienen el derecho a elegir bajo usos y costumbres, porque los suyos son eso: usos y costumbres y no derechos reconocidos por la ley (los únicos que son derechos). Pueden, sí, reclamar que sus usos y costumbres se vuelvan ley, pero entonces es indispensable resolver la forma de conciliación de la democracia formal liberal y la de las formas culturales comunitarias. Sobre todo, el cómo se resuelven los conflictos en caso de que ciudadanos, miembros de una comunidad, quieran actuar como ciudadanos. Como ocurrió en Tlalnepantla.