Magdalena Gómez

Tlalnepantla y el contentillo de Creel

De mala manera y por la vía de la represión, en Tlalnepantla, Morelos, nuevamente se coloca en la mesa el asunto del derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas.

Las declaraciones iniciales del secretario de Gobernación, Santiago Creel, parecen revivir aquella vieja tesis del zedillismo, ahora aplicada a municipios autónomos: los buenos y los malos. En concordancia con ello "el nuevo Albores", gobernador Sergio Estrada Cajigal Ramírez, "desmantela municipios autónomos".

En agosto de 2003 el titular de Gobernación afirmó que se podría encontrar "buen encuadre" a las juntas de buen gobierno en Chiapas, intentando con esto validar la contrarreforma indígena de 2001, pero ahora, en el caso de Morelos, advirtió de inmediato que "no se permitirá el establecimiento de nuevas formas de gobierno a voluntad propia o a contentillo de algún grupo que no esté de acuerdo con la autoridad constitucional". Después agregó que "no debe permitirse el establecimiento de esas organizaciones autonómicas que no tienen cabida dentro del marco constitucional" (La Jornada, Fernando Baltazar y Matilde Pérez, 15 de enero de 2004). Sin duda el asunto es complejo y la situación de cada municipio tiene características particulares que deberían considerarse como el proceso organizativo de cada pueblo.

Según la información disponible, el conflicto se generó por violación a una elección conforme a las formas propias de organización social y política de ese pueblo, tal como está regulado en Oaxaca y señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, preocupa que esté despuntando el recurso de la violencia antes que el de la solución pacífica de los conflictos y, sobre todo, que el estado actual del derecho indígena, cuya base legal y legítima es el convenio 169, no sea considerado ni menos aún los derechos humanos fundamentales.

La situación deja muchas preguntas: Ƒes éste un botón de muestra de una línea de mano dura "tolerada" a nivel federal? ƑCuál es la responsabilidad de Gobernación ante la violación de derechos humanos en los estados?: recordemos la masacre de Acteal, donde "el remedio" que se aplicó fue destituir al titular de Gobernación sin que a la fecha se deslinden sus responsabilidades. ƑEl gobierno federal afirmará ahora, como hizo en la contrarreforma indígena, que se respeta en este caso la autonomía de Estrada Cajigal?

Como vemos, los costos de la contrarreforma de 2001, que no sirvió para promover la paz, asoman en diversos lugares del país, pues en lugar de ubicar dentro del marco constitucional la consolidación de la autonomía, se orilló a los pueblos indígenas a continuar por la vía de hecho, si bien amparada en el convenio 169 de la OIT, que, como sabemos, está en un nivel inferior a la Constitución. En este sentido, y al margen de los precarios asideros jurídicos, es evidente que en Tlalnepantla se siguió el camino que los caracoles abrieron a los pueblos indígenas.

Este y otros conflictos que están presentes en el país nos hablan de que se está cruzando una línea de riesgo en materia de gobernabilidad, más allá de las numerosas anécdotas que el gabinete foxista ha dejado a la picaresca política. Más allá también del discurso aparentemente progresista en materia de derechos humanos, que sirve sobre todo para el lucimiento en espacios internacionales.

Hace unos días el presidente Fox declaró que no tiene nada que decir respecto al conflicto en Chiapas, mientras que de ese estado cotidianamente llegan noticias sobre el incremento de tensiones de las comunidades con los militares y entre grupos políticos de todo signo; ello nos muestra que los espacios de negociación y contención local corren el riesgo de agotarse. Igual podemos volver los ojos a Oaxaca: allá la autonomía del gobernador José Murat le permite coexistir en medio de fuertes conflictos, como el actual entre Yosotatu y La Nopalera sin que se haga nada. Urge, por supuesto, que se detenga la represión en Morelos y se aplique el derecho a los responsables, pero ante todo es hora de exigir cuentas en serio al gobierno foxista.

El responsable de política interior, a tres días del desalojo violento en Tlalnepantla, cambió su discurso amenazante y ya habla de "abrir los cauces del diálogo" después de que no se pudo sustentar la acusación del gobernador morelense sobre el "hallazgo" de un "campamento tipo guerrillero". Sin duda frente al "contentillo" de Santiago Creel, me quedo con el que atribuye a los pueblos indígenas al hacer valer su autonomía