Francisco López Bárcenas

Tlalnepantla ahora, después, Ƒquién sigue?

Las estrategias de dominación del gobierno cambian, los objetivos no. Igual que el de Carlos Salinas, el de Chiapas de hace 10 años, el de Vicente Fox y hoy el de Morelos tienen bastante claro su objetivo: no permitir que la sociedad mexicana, y los pueblos indígenas en específico, reclamen sus derechos y estructuren gobiernos autónomos que sean quienes los representen y encabecen la lucha por mejorar sus condiciones de vida. Los panistas, al igual que los priístas, han demostrado que para ellos los mexicanos no somos ciudadanos con derechos plenos, sino súbditos de un monarca sexenal en turno, que a su vez funciona como gerente del capital internacional.

Lo anterior se desprende de la brutalidad policiaca y de la falta de sensibilidad política con que actuaron en el municipio de Tlalnepantla, Morelos, la semana pasada. Frente al reclamo popular de permitir la participación política de elección de autoridades por el método de usos y costumbres, como de manera consuetudinaria se había venido haciendo, el gobierno prefirió apegarse a un tecnicismo jurídico ilegítimo, tensando la situación y obligando a los agraviados a nombrar su consejo autónomo para que los gobernara. Sólo que a diferencia de Chiapas hace 10 años, donde el gobierno buscaba "achicar" el problema para deslegitimar la rebelión indígena, ahora en Morelos el gobernador lucha por agrandarlo, inventando la existencia de campos guerrilleros para ocultar su torpeza. Aunque diferentes, la estrategia usada en Chiapas hace una década y la utilizada ahora en Morelos tienen los mismos objetivos: negar la justicia de los reclamantes y someterlos por la fuerza.

Los resultados de la falta de pericia del gobernador de Morelos, así como la del secretario de Gobernación, tienen muchas implicaciones que reclaman rectificación inmediata. Entre las más urgentes se encuentra restablecer el orden constitucional y el respeto de los derechos humanos. Ni el gobierno federal ni el estatal han demostrado que los impulsores del consejo autónomo en Tlalnepantla cometieran delito alguno, pero sí se han colocado fuera del marco constitucional y de las leyes vigentes al ordenar a las fuerzas policiacas golpear y perseguir a la gente del pueblo, al grado que allanaron domicilios sin orden judicial, y los que lograron escapar de su furia se escondieron en el monte o buscaron refugio en municipios aledaños.

En ese mismo sentido el secretario de Gobernación tiene el deber de explicar a qué se refiere cuando afirma que no permitirá autoridades a contentillo de nadie y que vigilará la vigencia del orden constitucional. Alguien debería informar al funcionario encargado de la seguridad interior del país que el derecho a la autonomía está reconocido en la Constitución federal, igual que el de modificar la forma de gobierno cuando éste se aparte de la voluntad popular, y el hecho de que ningún poder del estado haya establecido los mecanismos para concretar ese derecho no lo anula. Los gobernantes no tienen por qué pagar las omisiones de los poderes públicos.

Pero tan importante como eso es que la sociedad se organice y exija que sus derechos ciudadanos se respeten. Si esto no se hace y nos quedamos viendo pasar los acontecimientos, pronto veremos que igual que ahora en Tlalnepantla, la fuerza del Estado se volverá contra otros movimientos sociales. Y eso no es bueno para nadie. Ni para el gobierno ni para los gobernados.