A juzgar por la violenta e injustificable represión desatada ayer por el gobierno morelense contra el municipio de Tlalnepantla, y que costó dos vidas, dejó varios lesionados y complicó exponencialmente el conflicto político de esa localidad, la administración que encabeza el panista Sergio Estrada Cajigal no se ha enterado de los cambios ocurridos en el país desde la sublevación indígena de 1994 en Chiapas.

A tono con su ignorancia de la historia reciente, y ostentando incluso actitudes características de hacendados porfiristas, las autoridades de Cuernavaca han venido respondiendo con la fuerza bruta a las demandas de los comuneros de desconocer los resultados de la elección municipal del pasado 6 de julio --cuando un cacique priísta se hizo del control de la alcaldía-- y de reconocimiento al ayuntamiento conformado posteriormente con base en usos y costumbres.

Ante la falta de respuesta del gobierno morelense, el 26 de noviembre del año pasado los habitantes de Tlalnepantla exigieron la desaparición de poderes en su municipio y realizaron un bloqueo en la autopista México-Cuernavaca, pero fueron reprimidos con lujo de violencia por la policía del estado; los comuneros, uno de los cuales resultó herido de bala, fueron en seguida a Cuernavaca a pedir una audiencia con Estrada Cajigal, pero el gobernador no quiso recibirlos. Hartos de semejante trato, los campesinos optaron por constituirse, hace tres días, como municipio autónomo, y rompieron toda relación con el Ejecutivo estatal. En respuesta, en la madrugada de anteayer Estrada Cajigal envió a Tlalnepantla una fuerza compuesta por 800 efectivos municipales, judiciales y preventivos que, a tiros, desalojó a los comuneros de la plaza cívica y del palacio municipal.

Como lo hacían los funcionarios del gobierno federal en Chiapas en tiempos de Salinas y Zedillo, Estrada Cajigal procedió, a continuación, a difamar a los campesinos, a quienes el propio gobernador acusó de atacar a los policías, de planear "actos subversivos" y de estar manipulados por organizaciones "ajenas al estado".

El desempeño del gobierno de Morelos en este episodio no sólo representa un grave abuso de poder y una severa violación a los derechos humanos, aspectos ambos que deben ser investigados y sancionados, sino que pone de manifiesto la persistencia, en el México del siglo XXI, de mentalidades que cabría suponer plenamente superadas, de una ofensiva insensibilidad humana y de una deplorable carencia de sentido político.

Estrada Cajigal tendría que enterarse, por una parte, que corre el año de 2004, y no el de 1904; por la otra, que no gobierna en un cantón suizo, sino en la entidad cuna del zapatismo histórico. Si no lo hace así, bien podría ocurrir que los comuneros de Morelos pronto estén exigiendo la desaparición de poderes no en un municipio, sino en todo el estado.