Exigen el retiro de la fuerza policiaca

Tlalnepantla, Mor., 14 de enero. A pocas horas del operativo policiaco que se puso en marcha para retomar el palacio municipal de Tlalnepantla y entregarlo al priísta Elías Osorio Torres, 80 personas -provenientes de los pueblos de Xoxocotla, Tepoztlán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec y Temixco, así como del Frente Nacional por la Defensa de la Soberanía del Pueblo, integrantes de la sección 17 de la CNTE y de San Salvador Atenco- llegaron al centro del poblado para exigir el retiro de la fuerza policiaca, la desaparición de poderes en el municipio y un juicio político contra el gobernador Sergio Estrada Cajigal.

Vigilados por un helicóptero del gobierno del estado, el grupo portaba una manta que decía "Alto a la masacre. Gobierno asesino. Fuera policía de Tlalnepantla".

En un mitin de no más de 10 minutos el contingente manifestó su apoyo al concejo municipal autónomo, y aunque ningún integrante de ese grupo estuvo presente, los manifestantes aseguraron que organizarán una protesta en contra del uso de la fuerza pública "para acallar la demanda de un gobierno honesto, electo por el pueblo".

"Elías Osorio ya fue presidente municipal y comisario forestal, y nos jugó a lo puerco; nos robó", aseguró Virginia Mercado Garrido, madre de Gregorio Sánchez Mercado, víctima del enfrentamiento con la policía.

Anunciaron que crearán una coordinadora en defensa del concejo autónomo de Tlalnepantla, la cual será responsable de promover un juicio político contra el gobernador de Morelos.

En tanto, Marcos Matías, representante del Foro Permanente para los Pueblos Indígenas de la ONU, dijo que presentará un informe pormenorizado de la situación ante ese organismo internacional, "porque no se puede seguir violando el derecho a la autonomía de los pueblos".

Por otra parte, organismos promotores de los derechos indígenas, autoridades étnicas de Guerrero, el Congreso Agrario Permanente (CAP) y el PRD condenaron la represión.

La Coordinadora Morelense Indígena y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos afirmaron que la represión fue "el primer y único recurso" contra un pueblo que agotó todas las instancias legales para hacer oír su voz, y que los más de mil policías que intervinieron en el operativo tomaron el pueblo como "las hordas porfiristas hace casi un siglo, cuando arrasaban poblaciones zapatistas".

Para el CAP, la forma en que el gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, intentó concluir el conflicto en Tlalnepantla, además de ser "criminal", no dejó dudas de que el mandatario "carece de oficio político y de capacidad para resolver los asuntos, y lo expone como un represor".

La CMI y la CIDHM señalaron que vecinos de Tlayacapan reportaron haber escuchado balazos y que las policías federal y estatal, así como granaderos, catearon las casas a las 5 de la mañana. Además de que una misión de observación de derechos humanos de Cuernavaca no pudo pasar a Tlalnepantla porque se lo impidió un grupo especial de la policía estatal. (FERNANDO BALTAZAR, LA JORNADA MORELOS; MATILDE PEREZ, ENVIADA; ROSA ROJAS Y CAROLINA GOMEZ.)