Sin prestaciones sociales, 60% de la fuerza de trabajo

Inviable, que despedidos conformen microempresas, señala investigadora

La desaparición de miles de fuentes de trabajo en la administración pública tendrá fuerte impacto en el mercado laboral nacional, no sólo por el incremento del desempleo, "sino porque aumentarán las condiciones de precariedad de la fuerza laboral al ingresar a un mercado de trabajo inestable", aseguró Edith Pacheco Gómez, investigadora del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de México.

Especialista en el análisis del mercado laboral, Pacheco Gómez señaló que actualmente cerca de 60 por ciento de la fuerza de trabajo en el país no tiene prestaciones sociales, mientras que el 40 por ciento restante corresponde a quienes cuentan con un empleo fijo y un contrato permanente que les da acceso a prestaciones.

Tras afirmar que uno de los temas pendientes es la falta de una política laboral clara, indicó que la propuesta de crear empresas familiares o pequeños negocios para quienes perderán su fuente de empleo en la administración pública "es sólo una estrategia de corto plazo", ya que las posibilidades de éxito son remotas, "sobre todo en una economía que no alienta el consumo y ha demostrado que los negocios familiares que han funcionado es porque encontraron un nicho de consumo después de mucho tiempo".

Pacheco Gómez destacó que esta clase de "estrategias temporales" tienen límites, por lo que, aseguró, de continuar la aplicación de una política económica incapaz de generar fuentes de empleo, "a largo plazo enfrentaremos graves problemas, pues no se ha planteado una solución de fondo al desempleo".

Esta situación, manifestó, no sólo afecta el mercado laboral, sino incluso se traslada al ámbito familiar, donde la pérdida de la fuente de empleo del único proveedor en el hogar -que hasta el momento se mantiene en cerca de 50 por ciento de las familias en el país- "perjudica no sólo a los padres, sino también a los hijos, quienes enfrentan situaciones críticas, pues no pueden insertarse en el mercado laboral porque no existe un puesto de trabajo para ellos, ya que el Estado no sólo despide a quienes ya tenían una plaza, sino desaparece de forma definitiva las fuentes de empleo que sí ofrecían prestaciones sociales, aumentando la precariedad laboral de los trabajadores".

Si bien reconoció que la aplicación de recortes de personal no es una política nueva en América Latina, "es muy diferente una política gradual de retiro voluntario, que garantice la estabilidad del trabajador, a que se les saque de pronto a la calle sin posibilidades de insertarse nuevamente en el mercado laboral". (LAURA POY SOLANO)