Se requiere una reforma legal, dice su nuevo presidente

Agilizar la impartición de justicia, entre los pendientes del TCA

RAUL LLANOS SAMANIEGO

A pesar de ser la única instancia de defensa de los capitalinos frente a los abusos administrativos de las autoridades del gobierno local, apenas 0.1 por ciento de la población recurre al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF (TCADF). Sin embargo, después del Tribunal Superior de Justicia del DF, es el órgano autónomo que tendrá el mayor presupuesto para este año, aun por encima de los órganos laborales y electorales locales y la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad.

El presidente recién electo de este órgano autónomo, Jaime Araiza Velázquez, reconoce que dicha cifra de atención a ciudadanos "es mínima", aunque "cada día nos conocen más". No obstante, pocos saben que en esta instancia se puede revocar una multa de tránsito injustificable, una clausura de obra al margen de la ley, cobros excesivos de predial o agua, negativas a otorgar una licencia de construcción, de apertura de negocio, o bien tomar parte en una licitación pública; también se puede echar atrás una sanción o inhabilitación impuesta irregularmente a un funcionario, o bien apelar de la cancelación de un contrato.

En entrevista, el magistrado que dirigirá los destinos del TCADF los próximos cuatro años, precisa que la sala superior, las tres ordinarias y las dos auxiliares atienden en promedio 10 mil juicios al año, en primera instancia, y seis o siete mil en apelaciones. Frente a ello, la Asamblea Legislativa del DF le aprobó un presupuesto para 2004 de más de 218 millones de pesos, luego de recortarle 45 por ciento de lo que solicitaba: casi 400 millones de pesos.

Reconoce que el número de asuntos que atiende el órgano "es mínimo", pero argumenta que "es un termómetro de cómo se está gobernando a la ciudad (...) Yo creo que cada día hay menos abusos. La gran mayoría de los juicios que atendemos son por errores jurídicos, pero los abusos son cada día menores. Se ha ido mejorando la administración pública, cada día es más eficaz, se cometen menos arbitrariedades, menos errores".

No obstante, señala uno de los principales problemas que aquejan al tribunal: el tiempo tan largo que lleva resolver un asunto. "Siempre he dicho que justicia que no es pronta y expedita se convierte en injusticia; entonces, tenemos que sacar adelante los casos rápidamente, pues hasta ahora estamos cumpliendo parcialmente con nuestro cometido".

Precisa que hoy tarda de seis a ocho meses un fallo en una sala ordinaria, y si hay apelación, otros dos o tres meses; "cuando llega a la sala superior nos tardamos de tres a cuatro meses para definir, y si se va a amparo o a revisión administrativa, los colegiados tardan de uno a dos años. Entonces, tenemos que encontrar fórmulas jurídicas para que esto sea más rápido. Lo ideal es que se pueda resolver en todas las instancias en seis meses, mediante un procedimiento más sencillo y ágil".

Para ello, propone al gobierno de la ciudad y a los diputados locales impulsar cambios legales. "Eso tiene que ser integral: a la ley de amparo, asunto que ya platicamos con Mariano Azuela (presidente de la Suprema Corte), para ser más rápidos, más ágiles". Por lo pronto, con recursos presupuestales muy mermados, el nuevo presidente del TCADF se propone impulsar la capacitación de los servidores públicos de este órgano autónomo.

Añade que la principal consecuencia del recorte decidido en la ALDF, es que no podrán adquirir el edificio que se proyectaba. "Para eso eran los 176 millones de pesos que nos quitaron, así que seguiremos rentando, como lo hemos hecho desde hace 32 años, cuando se creó este tribunal".

A la par, se restringirá el gasto, se eliminarán bonos, gastos superfluos y "cosas excepcionales", aunque aclara que no habrá recorte de personal y se respetarán todas las prestaciones de los trabajadores.