La austeridad, clave

Esboza el GDF planes de vivienda hacia 2006

MIRNA SERVIN VEGA

El Distrito Federal tiene un déficit de vivienda de 300 mil unidades y el cálculo de sus necesidades futuras asciende a un promedio anual de 32 mil viviendas. Esto se suma a una reducción significativa en la participación del Estado en el apoyo a la adquisición de reservas territoriales y vivienda de interés social, "debido a la orientación de la economía de los años recientes a escala nacional", asienta el Programa General de Desarrollo Urbano de la ciudad para este año.

Según el documento, se ha abandonado el carácter social de las dependencia oficiales de vivienda para convertirse en organismos financieros hipotecarios que apoyan a la población con capacidad de pago, afectando las familias no sujetas de crédito.

A la luz de las políticas de gasto federal y atendiendo al escenario de bajo o nulo crecimiento del país, el informe del gobierno local advierte que "de no contar con políticas específicas de fomento a este sector de la economía, se prevé que a mediano plazo continúe la contracción del sector inmobiliario, sobre todo en cuanto a la producción de vivienda de interés social".

Para revertir estos escenarios, el proyecto de programa propone la promoción del acceso a una vivienda digna a los sectores más pobres, que suelen qudar fuera del mercado inmobiliario, mediante mecanismos que faciliten y reduzcan los trámites.

Se plantea partir de incentivos y subsidios para la construcción de vivienda en zonas de alta marginalidad. Propone asegurar la reserva de suelo urbano en zonas aptas y establecer convenios de colaboración con organismos nacionales de vivienda, y contar con reglas claras para las organizaciones sociales en la gestión de vivienda.

Para generar un mínimo de 20 mil viviendas nuevas y casi 10 mil acciones de mejoramiento y ampliación, de modo que al 2006 se cuente con 150 mil acciones de vivienda, la estrategia del gobierno local sostiene que debe continuar con las políticas de austeridad que le permitan destinar el presupuesto hacia programas sociales prioritarios; sostener el monto de la inversión en vivienda con recursos fiscales y ofrecer alternativas con programas especiales a los grupos vulnerables.