.. | México D.F. Lunes 22 de diciembre de 2003
ACTEAL EN LA MEMORIA
El
22 de diciembre de 1997, hoy hace seis años, un comando paramilitar
financiado, asesorado y armado por el gobierno de Chiapas, por el PRI local
y por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
asesinó a 45 indígenas tzotziles -mujeres embarazadas, niños,
hombres y ancianos- de la comunidad Las Abejas en Acteal, municipio de
Chenalhó. La masacre ocurrió en el contexto de la estrategia
represiva contrainsurgente que aplicaba entonces el gobierno de Ernesto
Zedillo Ponce de León contra las comunidades zapatistas de la entidad.
Fue el más resonado, pero no el único acto
genocida perpetrado por el poder público en el sexenio pasado. El
nombre de Acteal venía precedido por la matanza de Aguas Blancas,
en Guerrero, y fue seguido por varias acciones de exterminio, tanto en
esa entidad (El Charco) como en otras localidades chiapanecas (El Bosque,
La Libertad).
Como se recordará, la tragedia de Acteal generó,
en su momento, una fuerte e indignada reacción social y una simple
alharaca de la presidencia de Zedillo, la cual destituyó al secretario
de Gobernación, Emilio Chuayffet, y al delegado gubernamental para
el diálogo, Pedro Joaquín Coldwell, y promovió la
remoción del gobernador interino Julio César Ruiz Ferro.
El entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar,
pretendió explicar la masacre como resultado de conflictos "intercomunitarios",
se dio caza a algunos responsables materiales de las muertes y se continuó
la política de hostigamiento y guerra sucia contra las comunidades
rebeldes chiapanecas. Hasta el último día de su mandato,
Zedillo y sus colaboradores siguieron viendo a los indígenas mexicanos
como enemigos reprimibles y exterminables.
El gobierno de Vicente Fox -quien, como candidato presidencial,
ofreció resolver el conflicto de Chiapas en "15 minutos"- modificó
en parte la antigua estrategia contrainsurgente y optó, sin retirar
de la zona al Ejército o desarmar las bandas paramilitares, por
una actitud de soluciones simuladas y de franco engaño sobre la
profundidad, la gravedad y la persistencia de la fractura social entre
el Estado mexicano y los pueblos indios del país.
Los acuerdos de San Andrés Larráinzar siguen
sin aplicarse; la Legislatura pasada aprobó, con actitud francamente
criolla, una versión adulterada y manipulada de la propuesta de
la Cocopa para reformas constitucionales y legales en materia de derecho
y cultura indígenas; hoy, a seis años de la masacre de Acteal,
siguen sin solucionarse la insurrección chiapaneca y la consecución
de relaciones justas y dignas para las etnias del país.
Las autoridades federales y estatales llevaron a la justicia
a algunos de los culpables menores de la matanza, pero sigue pendiente
una investigación seria y confiable sobre las responsabilidades
por acción o por omisión del propio Zedillo, de Chuayffet,
de Ruiz Ferro y del entonces secretario de Defensa, Enrique Cervantes Aguirre,
así como sobre los posibles actos de encubrimiento en que pudieron
haber incurrido el siguiente gobernador, Roberto Albores Guillén,
y el entonces procurador, Madrazo Cuéllar.
Por la salud moral del país, por la seguridad de
sus habitantes, por la vigencia de la ley y de las instituciones, Acteal
no debe olvidarse nunca. Ni siquiera cuando la masacre haya sido plenamente
esclarecida, ni cuando los pueblos indios de México logren superar
la opresión, la marginación, la miseria, la discriminación
y la explotación que se abaten sobre ellos por obra y gracia de
una clase política insensible, torpe y autocomplaciente que sigue
empeñada en darle la espalda.
|