Alejandro Anaya Muñoz

El diagnóstico sobre derechos humanos

En días pasados el presidente Vicente Fox aceptó públicamente las 32 recomendaciones que emanan del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado bajo la coordinación del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). La recomendación número 22 estipula que se debe reabrir el debate legislativo sobre el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, "con el objeto de establecer claramente (sus) derechos fundamentales", según lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los acuerdos de San Andrés. Asimismo, la recomendación pone énfasis en la implementación efectiva del citado convenio internacional y en "la preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas", lo cual debe "tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios".

ƑEstá el Presidente verdaderamente consciente de lo que esto implica? ƑEstá verdaderamente dispuesto a promover con firmeza la revisión del actual ordenamiento constitucional en la materia? ƑSe detuvo a pensar por un instante en lo que implica anteponer los intereses indígenas a los intereses de "terceros" en la solución de conflictos agrarios?

Algunos podrían pensar que la aceptación presidencial de las recomendaciones del diagnóstico de la OACNUDH -en particular lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas- es un ejemplo más de sus frecuentes declaraciones a la ligera. Podemos, no obstante, interpretarlas más bien como un elemento consciente de la nueva estrategia diplomática que en materia de derechos humanos ha implementado su gobierno.

De la estrategia defensiva característica de la época priísta, en la que se negaba todo y se bloqueaba y descalificaba cualquier intento de organismos internacionales (intergubernamentales y no gubernamentales) de monitorear y evaluar la situación de derechos humanos en México, se pasó a una actitud de mayor apertura y a un discurso de cooperación. Vale la pena recordar, en este sentido, la agresividad y virulencia con que el gobierno de Ernesto Zedillo reaccionó en diversas ocasiones ante distintos actores del movimiento internacional de derechos humanos.

La racionalidad de la nueva estrategia diplomática en materia de derechos humanos es muy clara: se gana más presentándose ante la comunidad internacional como un gobierno que "no tiene nada que ocultar", que reconoce que "aún queda mucho por hacer", pero que con la cooperación de la comunidad internacional podrá continuar avanzando en la consolidación de la democracia y la construcción del estado de derecho. Así, durante estos primeros años de la administración foxista se han recibido más visitas de relatores especiales y otros mecanismos de monitoreo que nunca; se han ratificado instrumentos importantes (como el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y al mismo tiempo se han firmado otros de gran relevancia (como el Estatuto de Roma).

Evidentemente, parte fundamental de esta nueva estrategia ha sido el establecimiento de una representación en México de la OACNUDH, el apoyo a la elaboración de un diagnóstico y la promesa de implementar un Plan Nacional de Derechos Humanos con base en el mismo. Este cambio de actitud, este nuevo acercamiento a la dimensión internacional de los derechos humanos ha sido todo un éxito diplomático para el gobierno foxista: casi en un abrir y cerrar de ojos quitó a México del "banquillo de los acusados" (recordemos que en 1998 la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU elaboró una resolución sobre la "preocupante" situación de los pueblos indígenas en el país), colocándolo del lado acusador (recordará el lector la posición asumida por México durante los últimos dos años en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en relación con la situación en Cuba). En otras palabras, al menos dentro de los mecanismos de Naciones Unidas de monitoreo y promoción de los derechos humanos, México ha pasado de ser parte del problema a ser parte de la solución, independientemente de que, como el propio diagnóstico de la OACNUDH ha revelado, la situación en nuestro país continúa igual o peor que hace tres años.

Ante este panorama, no debe sorprendernos la aparente afabilidad con que Vicente Fox ha recibido las recomendaciones hechas por el representante de la OACNUDH. La intención es muy clara: mantener la imagen de un gobierno democrático y abierto que acepta el escrutinio y la cooperación internacional. Pero no debemos esperar una transformación radical en materia de derechos humanos; no debemos esperar que el Presidente y su administración se tomen realmente en serio su aceptación de la recomendación número 22; no debemos esperar que promuevan una nueva reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena que se acerque más a lo acordado en San Andrés, ni que las instancias gubernamentales comiencen a tomar verdaderamente en cuenta el Convenio 169 de la OIT, ni mucho menos que -yendo en contra del propio ordenamiento constitucional vigente- den prioridad a los intereses indígenas "por encima de cualquier otro interés" en los litigios agrarios o los conflictos sobre la explotación de recursos naturales en territorios indígenas.

Podemos esperar, por lo contrario, más discursos, "consultas" y planes de desarrollo que sirvan para mantener la nueva estrategia hacia afuera, pero que no cambien mucho hacia adentro. A los indígenas organizados y a la sociedad civil que cree en sus demandas nos corresponde tomarle la palabra al representante de la OACNUDH y exigir que el gobierno cumpla la suya y se tome en serio lo planteado en la recomendación 22.