La herida de Acteal no ha cicatrizado, señala el obispo Felipe Arizmendi

Piden fincar responsabilidades a Zedillo, Chuayffet y Ruiz Ferro por la matanza

JUAN BALBOA CORRESPOSNAL

San Cristobal de Las Casas, Chis., 21 de diciembre. Organismos defensores de los derechos humanos y partidos políticos pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) no dejar en la impunidad la responsabilidad en la matanza de Acteal del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León; del ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro y del ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet.

Para el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, "la herida no ha cicatrizado" y subsisten muchos problemas graves en el municipio de Chenalhó -donde se ubica Acteal-, pero sobre todo, dijo, " el esclarecimiento de la masacre es de vital importancia para la paz en Chiapas".

En la víspera de cumplirse seis años del asesinato de 45 indígenas tzotziles, organizaciones no gubernamentales (ONG) encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García, aseguraron que autoridades estatales y federales "se han negado a reconocer las evidencias que ubican el origen de la masacre en acciones que se generan en un contexto de guerra, lo que ha permitido que la defensa de los inculpados quiera confundir a la opinión pública sobre los verdaderos motivos de la matanza, señalando que se trata de un problema religioso".

A seis años de que miembros del grupo paramilitar Máscara Roja dieron muerte a 15 niños, 21 mujeres -cuatro de ellas embarazadas- y nueve hombres cuando oraban en la ermita de su comunidad, el CDHFBC aseguró que hay pruebas suficientes para demostrar que las autoridades estatales consentían que civiles portaran armas de uso exclusivo del Ejército, además de utilizar vehículos y bienes públicos para transportar a paramilitares.

Un indicio, agregó el centro, serían las diversas reuniones que los agresores tuvieron para presionar a la gente y exigirle aportaciones con las cuales adquirir armas, además de la protección a civiles por agentes de la policía, como consta en declaraciones ministeriales como las del suboficial Felipe Vázquez Espinosa, quien implicó a su jefe, el primer oficial Absalón Gordillo, diciendo que les ordenaba "proteger" a los grupos paramilitares.

"Además el ex gobernador Ruiz Ferro fue informado oportunamente de la situación y no actuó para evitar la masacre", puntualizó.

Obstáculos al proceso judicial

El CDHFBC y la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hicieron un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que las irregularidades que han entorpecido el proceso judicial sean atendidas con prontitud, apego a la verdad y a la justicia, ya que de lo contrario el argumento de la defensa de los inculpados con respecto a la filiación religiosa como motivo de la matanza seguirá confundiendo a la opinión pública.

La diputada perredista Deysi Castillo pidió que se reabra el expediente Acteal para que el ex gobernador Ruiz Ferro y al menos 12 de sus colaboradores sean juzgados por "omisión" en el gobierno estatal. La legisladora, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Chiapas, dijo que al momento la justicia ha sido parcial, pues sólo se ha cumplido en parte la sentencia de 77 implicados en el crimen material, entre ellos un general retirado del Ejército, además de dos ex comandantes de la policía estatal, pero está pendiente aún que sean enjuiciados los responsables intelectuales. "Quienes fueron señalados como responsables de lo que hacían sus subalternos están libres, andan por las calles y aparecen como prósperos hombres de negocios, académicos, y hasta escriben artículos en los periódicos locales", aseguró la diputada Castillo.

El obispo Arizmendi llamó a las autoridades a esclarecer "esta triste etapa de la vida de los indígenas de Chiapas", y planteó: "la herida no ha cicatrizado totalmente, porque los problemas posteriores a la matanza aún no se resuelven". El prelado oficiará este lunes una misa en la comunidad de Acteal, donde fueron sepultadas las 45 víctimas de la matanza.