Permanecen sin castigo quienes fueron altos personajes de gobierno y castrenses

Impunidad, saldo de investigaciones a seis años de la matanza de Acteal

Autoridades federales y estatales desoyeron las advertencias sobre violencia paramilitar

RENATO DAVALOS

Unos 60 hombres con uniformes oscuros se deslizaron la noche del 21 de diciembre de hace seis años por Pechuquil y Los Chorros con ametralladoras, cuernos de chivo y rifles .22 rumbo a Acteal, en Chiapas. La decisión se había sido tomado horas antes. Llegaron al paraje cafetalero de El Naranjo, mientras la comunidad de desplazados tzotziles rezaba en derredor de una ermita y cinco grandes cruces de madera que apuntan a sus lugares sagrados.

Hacia las 10:30 horas, un grupo paramilitar tomó posiciones y consumó una matanza que estremeció al país y al mundo. Cuarenta y cinco muertos: 21 mujeres (cuatro estaban embarazadas), 15 niños y nueve hombres. Todos formaban parte de la organización Las Abejas. Fue un tiroteo contra unos 350 indígenas que se prolongó durante seis horas y media. La gente corrió a refugiarse en el arroyo, otros trataron de salvarse en la maleza y otros más huyeron por la cañada.

En el tiempo quedó sólo el vestigio de impunidad y una maraña de vínculos militares y civiles priístas, inscritos en una guerra de baja intensidad en la zona, una ofensiva de Estado orquestada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo.

Al final, el cese del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, hoy coordinador priísta en la Cámara de Diputados, y el del gobernador Julio César Ruiz Ferro. En las consignaciones, sólo personajes menores. Las altas esferas del gobierno y del Ejército permanecieron intactas.

"Relámpago, quiero comunicarme con Trueno..." Esa fue la voz que se escuchó en los intercomunicadores policiacos estatales, remontado el mediodía, para dar parte de la masacre en el poblado perteneciente al municipio de Chenalhó, Chiapas. Apenas tres días antes se había cumplido un año de la suspensión del diálogo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Las "razones" del libro blanco

La ofensiva militar comprendió, durante los posteriores cien días, aquella mañana de Acteal, un operativo promedio diario que cubrió toda la zona, acompañado del "ofrecimiento" de diálogo del gobierno y de las conclusiones de la "investigación" de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo entonces de Jorge Madrazo Cuéllar, contenidas en un libro blanco que se constriñó a señalar que los sucesos se derivaron de un conflicto interfamiliar. Refirió "ausencia de instituciones" y una violenta disputa por el poder político y económico, incluido un banco de arena de Majomut.

No hubo una sola referencia a la estructura priísta. Inclusive la procuraduría aventuró en ese libro un planteamiento que ahondó agravios: "La idiosincrasia indígena presenta una actitud de intolerancia cuando se trata de resolver conflictos contra una minoría disidente y de respetar sus derechos humanos".

Retirar los cadáveres, primera decisión

"Retiren los cadáveres antes de que lleguen los periodistas", fue la primera decisión de la policía estatal. A 200 metros del tiroteo estaban 40 agentes encabezados por el general retirado Julio César Santiago Díaz, quienes escucharon la balacera sin intervenir.

Los militares y ex militares implicados fueron el general Santiago; Mariano Arias Pérez, del 38 Batallón de Infantería; Pablo Hernández Pérez, ex militar que encabezó la masacre, y el sargento Mariano Pérez Ruiz, además de Jacinto Arias Cruz, alcalde de Chenalhó, señalado como responsable de la distribución de armas.

En el expediente 27/98 quedaron contenidas las testimoniales que constataron los preparativos para la masacre y los avisos que a distintos funcionarios se hicieron el mismo día 22 sin resultado alguno.

A las 11 horas, Gonzalo Ituarte, entonces integrante de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), informó a Homero Tovilla, secretario de Gobierno estatal, de lo que sucedía. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) notificó a Tovilla de los hechos antes de esa hora, pero Uriel Jarquín, subsecretario de Gobierno, declaró que a las 11:30 no tenía ningún reporte. Nadie investigó después al agente del Cisen ni los reportes que al respecto llegaron a Chuayffet.

Advertencias desoídas

Tres vecinos de Acteal, Cornelio Pérez y dos mujeres, alertaron a las 11:30 horas al comandante de la patrulla de seguridad Ricardo García que una hora antes se había iniciado una fuerte balacera en la ermita donde se refugiaba un grupo de desplazados. La respuesta fue una orden para su detención.

"Sólo se escucharon unos tiros", dijo Tovilla a la diócesis de San Cristóbal a las 18 horas. La policía entró seis horas y media después de que comenzó la matanza.

Jorge Enrique Hernández, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en cambio, ordenaba en las primeras horas de la tarde: "apresúrense a levantar los cadáveres antes de que lleguen los periodistas". La operación limpieza facilitó el entierro clandestino de cadáveres en seis fosas.

Ruiz Ferro empezó a ser informado al mediodía. Posteriormente el gobierno estatal sería el contratante de los abogados defensores de los victimarios.

La indemnización a los deudos fue de 35 mil pesos. Ninguna de las víctimas dio positivo en la prueba del radizonato de sodio, es decir, no dispararon arma alguna.

En sus declaraciones, Mariano Arias Pérez, degradado a soldado raso, y Pablo Hernández Pérez, ex militar, admitieron que entrenaron a priístas de varias comunidades. Arias señaló que los pobladores pidieron que les enseñara a usar armas.

En enero siguiente, la Secretaría de la Defensa Nacional trasladó a Veracruz al batallón de infantería destacado en Rancho Nuevo, al que pertenecían algunos militares que participaron en la masacre.

El gobierno zedillista mantuvo oídos sordos al señalamiento del Parlamento Europeo, que instó a México a investigar de manera "objetiva y eficaz" la masacre, condenó enérgicamente los sucesos y pidió al Presidente de la República "movilizar todos sus esfuerzos" para alcanzar una salida negociada al conflicto de Chiapas.

La guerra en curso

En el informe Chiapas, la guerra en curso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro estableció que la masacre fue la muestra más clara de la estrategia político-militar que el gobierno ha puesto en práctica desde 1994 para "rendir o exterminar" al EZLN.

Las tres grandes ofensivas (enero de 1994, febrero de 1995 y de diciembre de 1997 a enero de 1998) no tienen base jurídico-política y tampoco legitimidad nacional e internacional, precisó.

En el diseño de la estrategia contrainsurgente, añadió el informe, la matanza fue concebida como el inicio de una escalada de violencia en varias regiones de Chiapas. Se plantea que el uso del terror tiene como objetivo minar la base social zapatista y "no manchar" la imagen del Ejército.

También atestiguó la llegada a Chiapas de nuevos personajes represores: los paramilitares -que operan al estilo kaibil guatemalteco- son una nueva versión de las guardias blancas, cuya presencia se extendió a 21 municipios y a las que se responsabilizó de 123 asesinatos en los cuatro años previos a la matanza, precisó el documento.

El informe del Servicio Médico Forense de la procuraduría chiapaneca mostró la manera en que fueron ejecutados los indígenas: algunos con balas expansivas de "atrás hacia adelante"; con cuchillo, machetes o a golpes.

El centro recordó una entrevista con el general Otto Pérez Molina, ex jefe del estado mayor de Guatemala, en la que manifestó la "buena relación e intercambio de información necesario" con el gobierno mexicano.

Además refiere el apoyo que los paramilitares tuvieron entonces de legisladores o ex legisladores priístas como Rafael Ceballos Cancino, Walter León Montoya, Norberto Santís López, Samuel Sánchez Sánchez y Eucario Orantes Ruiz.

Igualmente citó los principales grupos paramilitares que operaban en el estado, además de Paz y Justicia: Primera Fuerza, Máscara Roja, Los Chinchulines, Alianza San Bartolomé de los Llanos, Fuerzas Armadas del Pueblo, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, Degolladores y Thomas Munzer, entre otros.

Inscrita en la misma estrategia, la matanza sirvió también para una reubicación del Ejército. En 27 municipios se acantonaron alrededor de 40 mil elementos. En sólo mes y medio se instalaron 20 nuevos retenes en las zonas de los Altos, Selva y Norte de Chiapas.

Preludio del horror

La víspera del 22, dos indígenas de Las Abejas lograron huir de Pechiquil, donde se encontraban secuestradas 70 personas que eran obligadas a trabajar para los paramilitares. Apenas un par de días antes, el entonces nuncio apostólico Justo Mullor necesitó cuatro horas para recorrer comunidades donde operaba el grupo paramilitar Paz y Justicia.

El 8 de diciembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas expresó su preocupación por la agudización de la violencia. Denunció el entrecruzamiento de intereses estatales y una estrategia de contrainsurgencia con posible desenlace de violencia.

La Conai se sumó a esas voces, que nunca fueron escuchadas por el gobierno zedillista. No existen condiciones de seguridad, señaló el organismo, para que la Comisión de Verificación, integrado por las comisiones de derechos humanos nacional y estatal, el ayuntamiento priísta, el concejo autónomo zapatista y el grupo Las Abejas cumplan la supervisión pactada con antelación en Las Limas.

Para las elecciones federales de julio de ese año, el gobierno de Ruiz Ferro había apoyado a Paz y Justicia con casi 5 millones de pesos para un "programa de reactivación agrícola y pecuaria".

Dos días después de los sucesos, Chuayffet dijo que el gobierno federal no tenía injerencia en el asunto. A los paramilitares los llamaba "grupos civiles armados".

Finalmente, fue sustituido el 3 de enero por Francisco Labastida Ochoa, después candidato derrotado en las elecciones presidenciales. Chuayffet dejó el cargo marcado por las dos masacres del sexenio: el asesinato de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, ocurrido el mismo día de su toma de posesión, y la ejecución en Acteal. El día 7 de enero, Ruiz Ferro salió de la gubernatura de Chiapas y su lugar fue ocupado por Roberto Albores Guillén.

En declaración ministerial ante la PGR, los entonces diputados federales del PRD César Lonche y Jorge Díaz León aseguraron haber informado al secretario particular del gobernador Ruiz Ferro sobre la situación que prevalecía en Acteal y la posibilidad de que integrantes de Las Abejas fueran asesinados, tal como ocurrió.

Seis años más tarde, sólo queda la impunidad de una ejecución que derivó en el encarcelamiento de personajes menores. Las altas esferas del gobierno y del Ejército permanecen intactas.