Víctor M. Quintana S.

Cortinas de humo en Chihuahua

Acusado acusador. Justo cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJECh) se encuentra más cuestionada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos -debido a su proceder ante los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez-, realiza dos operativos que ganan la atención de propios y extraños.

El 8 de diciembre declara que ha detenido a dos trabajadores de Petróleos Mexicanos que se hacen presentes en todos los actos del gobernador Patricio Martínez para "reportarlos". Son dos supuestos ex militares muy vinculados todavía al Ejército. Ambos sujetos tienen ya 18 días "arraigados" sin que la procuraduría lo haya informado. Sus familiares tardaron varios días en averiguar su paradero. El priísmo chihuahuense denuncia "un nuevo complot para asesinar al gobernador", como el de enero de 2001.

Dos días después, la misma PGJECh encuentra una casa donde dos supuestos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones interceptan líneas telefónicas del gobernador, del procurador y de otros funcionarios estatales. La Procuraduría General de la República (PGR) niega que sean sus agentes, pero luego tiene que reconocerlo en voz del subprocurador de Investigaciones Especiales contra la Delincuencia Organizada. Este funcionario dice que la PGJECh ha irrumpido en una importantísima investigación sobre lavado de dinero y muestra su extrañeza de que se espíe a los funcionarios estatales. Los detenidos son liberados bajo fianza días después.

El espionaje político es por todos lados condenable y es una de las inercias antidemocráticas que debe detener el actual régimen. En ese sentido tiene fundamento la indignación que los acontecimientos descritos han generado en el gobierno chihuahuense.

Pero todo lo anterior contrasta con el reporte del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, sobre los asesinatos en Ciudad Juárez, publicado a finales de noviembre. De los tres niveles de gobierno estatal, la PGJECh es la que tiene más señalamientos y más propuestas.

Señala la CNDH que los servidores públicos de la PGJECh proporcionaron información errónea, dieron por resueltos casos sin base jurídica que los sustente, no tienen disponible la información recabada, desconocen los asuntos relacionados con los homicidios, no dan continuidad ni tramitan adecuadamente las investigaciones. Asimismo falta diligencia en la localización, recolección y preservación de evidencias. También, señaló la CNDH, hay inconsistencia en los dictámenes periciales y pierden oportunidad para recabar los indicios mínimos para la identificación de víctimas y responsables.

En sus propuestas la CNDH es muy contundente respecto de las responsabilidades y señalamientos al gobierno del estado de Chihuahua. Propone a éste "el deslinde de responsabilidades legales a cargo de los servidores públicos adscritos a la PGJECh, derivadas de las omisiones al no realizar las investigaciones adecuadas; de los encargados del trámite de las averiguaciones por las acciones y omisiones señaladas, así como por la falsedad de informes proporcionados a la CNDH y a la sociedad".

Más todavía, el informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), entregado al gobierno de México la última semana de noviembre, es muy claro. Para ella "la falta de una reacción adecuada de las autoridades estatales ha determinado la impunidad generalizada de los responsables de los crímenes". Las autoridades son tanto los jueces como la propia PGJECh. De los juicios señalan los expertos de la ONU que ha faltado transparencia, que los jueces muestran gran dilación para llevar el proceso y dictar sentencia, y que la garantía de imparcialidad de éstos "no parece estar siendo respetada". Se ha encontrado evidencia de que los jueces, agencias de Ministerio Público y defensores públicos nunca atendieron las denuncias de tortura y secuestro presentadas por los inculpados.

A la PGJECh se le atribuyen graves errores como falta de seguimiento de los casos, pérdida de información, descuido de las escenas del crimen, ausencia de peritos en pruebas científicas como ADN, retraso de los informes policiacos, falta de un sistema de protección de testigos, etcétera.

El feminicidio ha crecido en Ciudad Juárez y se ha extendido a otras ciudades debido a la impunidad que disfrutan sus autores. Impunidad construida con la negligencia y la ineficiencia de las autoridades estatales. Por eso llaman la atención los contrastes: acción judicial lenta e ineficaz contra los asesinos de mujeres; rápida y efectiva contra los enemigos del gobernador.

Cuando la acción de la justicia no es pareja, cuando es pronta y efectiva para los poderosos y lenta e ineficaz para las mujeres y para los pobres, surgen las dudas. Y la más fuerte es si toda la indignación que ha suscitado el espionaje político en el oficialismo chihuahuense no sea más que una cortina de humo.