Discute la Corte legalidad de Obediencia Debida

Argentina: pedido de extradición abre debate sobre ley de inmunidad

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 12 de diciembre. Una resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la extradición del ex capitán de la marina Alfredo Astiz, solicitada por la justicia francesa, podría contribuir a resolver una esperada definición sobre la inconstitucionalidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Por otra parte, crece el escándalo de los sobornos en el Senado durante la administración del presidente Fernando de la Rúa, luego de que las confesiones de un ex funcionario confirmaron denuncias ya hechas por el presidente Néstor Kirchner. Asimismo existe una alerta general ante el robo de más de 700 kilogramos de explosivos de una empresa mineral en el sur del país.

El nuevo presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, y los recién incorporados jueces Eugenio Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda, resolvieron dejar en suspenso el trámite de extradición de Astiz, hasta resolver un trámite pendiente de recusación del juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale.

Pero lo importante es que los jueces sostienen en su resolución que las llamadas leyes de impunidad son ''contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos'', lo que sienta un precedente importante cuando la Corte deba tratar la derogación de estas leyes, demandada por familiares de unos 30 mil desaparecidos y las víctimas sobrevivientes de la dictadura.

La Corte reconoce además que las leyes derogadas por el Congreso, pero que necesitan la confirmación del máximo tribunal, ''impiden la investigación y la condena de hechos como los que motivan el actual pedido'' de Francia y que "son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables".

Alvarez Canale negoció la extradición solicitada por Francia nuevamente en agosto pasado para juzgarlo por la desaparición y asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.

Por otra parte la directora de Derechos Humanos de la cancillería, Alicia Oliveira recibió a los familiares de los argentinos víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, quienes demandan el apoyo oficial para reclamar una investigación en ese país.

Al menos diez argentinos fueron oficialmente reconocidos como víctimas en Chile, pero hasta ahora esos crímenes continúan impunes pese a que se conoce a algunos de los responsables. La funcionaria decidió tomar el tema en sus manos y los familiares solicitaron una entrevista con el canciller Rafael Bielsa.

En tanto, existe una alerta general por el temor a que se usen en un atentado más de 700 kilos de explosivos robados de una mina de General Roca, en la provincia de Río Negro. Los materiales desaparecidos, según los informes son 600 kilos de nagolita, 100 de gelamón y siete de gelamita, y se calcula que si se utilizan en sectores urbanos "pueden generar una explosión cuyos efectos resultan imposibles de calcular". Podría ser una explosión mayor que la que produjo la voladura de la sede de la mutual judía AMIA en julio de 1994, dijeron expertos locales.

Asimismo la corrupción volvió a escena hoy cuando el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto se presentó para declarar que fue partícipe en el escándalo que conmovió el gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa, por el pago de sobornos para aprobar en el Senado la reforma laboral en abril del 2000.

El ex funcionario confesó ante el juez Aníbal Ibarra y en declaraciones a una revista local. Afirmó que él mismo entregó cinco millones de dólares para comprar los votos, los que recibió de Fernando de Santibáñez, ex jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado.

En su momento el tema llevó a la renuncia del entonces vicepresidente Carlos Chacho Alvarez, tras exigir una investigación, y cuando el gobierno de la Alianza lo dejó solo. El testimonio de Pontaquarto amenaza con llevar ante la justicia a muchos ex legisladores, tanto del oficialista Partido Justicialista, como de la Unión Cívica Radical (UCR) y otros sectores. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, prometió que el gobierno de Kirchner va a "apoyar la investigación hasta las últimas consecuencias". El "arrepentido" envió su familia al exterior y se presentó, esta tarde, ante la justicia.