Miguel Concha

Radios comunitarias y derechos humanos

Las radios comunitarias -el llamado tercer sector de las comunicaciones- juegan un papel fundamental en toda América Latina porque, entre otras cosas, cumplen con el fin social de mantener informados a los miembros de una comunidad sobre cuestiones trascendentales: sobrevivencia, seguridad, necesidades de la vida cotidiana, relaciones familiares, etcétera. Ninguna empresa comercial, y mucho menos un monopolio o duopolio radial o televisivo, que elaboran su programación a partir de intereses y realidades ajenas, pueden suplantar las funciones que tienen.

En México existen desde hace más de 35 años. Sin embargo hasta la fecha el Estado se ha negado sistemáticamente a reconocerlas, violando así los derechos a la cultura, la información y la libertad de expresión de vastos sectores de la población. Del total de radios comunitarias, sólo una ha obtenido el permiso para transmitir en onda larga y una en onda corta, incapaz de ser captada por los aparatos pobres de las comunidades. Al resto se les ha negado, porque los requisitos técnicos, económicos y administrativos que se les imponen les son inalcanzables.

Se arguyen además razones de seguridad, lo que es una muestra de autoritarismo y desconfianza hacia la ciudadanía. Por ello el miércoles pasado la sección mexicana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), acompañada por organizaciones nacionales de derechos humanos, entregó al subsecretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) cuatro expedientes de radios comunitarias (dos en Oaxaca, una en Hidalgo y una en Amecameca), para solicitar nuevamente sus permisos de operación, previo el pago de derechos correspondiente.

Desde marzo la SCT se ha negado a abrir las posibilidades para que las emisoras comunitarias obtengan por fin su reconocimiento legal, imponiendo incluso requisitos que rebasan a la propia Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) vigente, como el determinar que las radios cuenten con el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional, y estableciendo con ello un trato discriminatorio y discrecional.

Ello se debe a que el sistema político unipartidista que gobernó en México por más de 70 años, y que por lo que se ve tampoco en este renglón ha cambiado, tuvo como una de sus principales características el control informativo, lo que originó que se tejiera una compleja red de relaciones y favores mutuos con los dueños de los medios comerciales, que explica que nuestro país cuente con uno de los monopolios mediáticos más grandes de América. La LFRT da, en efecto, facultades inadmisibles al Ejecutivo para otorgar concesiones y permisos, y la falta de transparencia en los criterios para el otorgamiento de frecuencias ha producido una fuerte concentración en su propiedad.

Los datos son contundentes: dos familias controlan 86 por ciento de la televisión comercial, y 14 grupos dominan 80 por ciento de la radio comercial. En total, 16 empresas concentran 86 por ciento de ambas formas de difusión. Ello hace imposible la pluralidad informativa y el libre ejercicio de la libertad de expresión, con particular gravedad en el ámbito indígena y rural, lo que contraviene los compromisos que en materia de derechos humanos el Estado mexicano ha asumido a escala internacional. Con ello también se confirma que todos los mexicanos todavía no contamos con las garantías legales indispensables para ejercer nuestros derechos humanos.

A ello se debe que luego de su visita a México en agosto pasado, la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión estableció en sus observaciones preliminares la "necesidad de acotar la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones y permisos en materia de radio y televisión, tomando en cuenta la diversidad cultural dentro del territorio nacional".

El Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado como parte del Acuerdo de Cooperación Técnica entre México y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tiene que ser traducido en un programa nacional de derechos humanos, pide igualmente en su recomendación número 14 al Estado mexicano la creación urgente de "un órgano público y autónomo que dictamine la procedencia de las concesiones y permisos para operar estaciones de radio y televisión, mediante un procedimiento transparente".

Demanda también "establecer condiciones de equidad para que las radios comunitarias y ciudadanas accedan a las frecuencias para cumplir con su función social", así como "desarrollar un sistema autónomo de radio y televisión públicas", y "establecer dentro de las leyes federales de Competencia Económica y de Telecomunicaciones un capítulo específico sobre radiodifusoras y señales de televisión".