En carta abierta, piden al Presidente cumplir la palabra empeñada

Exigen evangélicos reabrir el caso Acteal

Reclaman a la Corte por no interesarse en el caso y a la PGR por no procurar justicia

JOSE ANTONIO ROMAN

En una carta abierta, la comunidad evangélica de México reclamó al presidente Vicente Fox por faltar a la promesa empeñada de hacer justicia en el caso Acteal, en razón de que a seis años de ese crimen casi cien indígenas inocentes están injustamente presos en el penal de Cerro Hueco, sin que hasta el momento se haga justicia.

También reclamó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, por "no interesarse lo suficiente" en el caso, a pesar de reiteradas súplicas para que autorice la revisión del caso, "tan indebidamente politizado", y al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, por "no procurar justicia", a pesar de las flagrantes violaciones cometidas por sus subordinados.

En el texto, firmado por las más representativas iglesias evangélicas del país, entre otras la metodista, bautista, presbiteriana, pentecostés, Asambleas de Dios y la Coordinación Alianza de Pastores, así como la Sociedad Bíblica de México, en un tono de dureza pocas veces visto se exige la reapertura del caso Acteal y la liberación de los inocentes.

Denuncian que las investigaciones estuvieron viciadas de origen, y que injustamente se responsabilizó de la matanza a decenas de cristianos evangélicos, que ninguna participación tuvieron en el asesinato de 45 personas, en su mayoría mujeres y niños. Además de que el proceso que se lleva en los tribunales no está apegado a derecho y ha culminado con una "tremenda injusticia" al condenar a inocentes a más de 34 años de prisión, sin encontrar a los auténticos responsables de la matanza.

En la denuncia, la comunidad evangélica reproduce un comunicado del subcomandante Marcos, del 26 de diciembre de 1997, en el cual, después de algunas investigaciones que realizó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se llegó a varias conclusiones. Entre otras, que "la mayoría de los atacantes son indígenas tzotziles, pertenece a diversas comunidades del municipio de Chenalhó, profesa la religión católica y es priísta... No se trata de un conflicto religioso, tanto asesinos como asesinados profesan la religión católica".

Por esta razón, en la misiva señalan: "ƑEntonces, por qué la mayoría de los encarcelados son cristianos evangélicos? Simple y sencillamente porque las autoridades los consideraron un grupo vulnerable, que no iba a oponer resistencia ni a levantar solidaridad en la sociedad mexicana por ser indios y protestantes. Aunque desde un principio hemos denunciado esta atrocidad, ni personajes ni organizaciones conocidas por su lucha en favor de los derechos humanos se han pronunciado en favor de nuestros hermanos. Tal vez porque en los círculos progresistas no es bien visto defender a los indígenas evangélicos, por aquello de que son agentes disolventes de la identidad tradicional. Acusación absurda y discriminatoria, que incurre en racismo embozado".

La carta abierta enumera las irregularidades cometidas desde la averiguación previa hasta la resolución del juez. Entre éstas destaca que no se respetó a los indígenas su legítimo derecho constitucional de declarar ante la presencia de su defensor, ni con la asistencia de un traductor; tampoco se practicó la reconstrucción de los hechos; nunca se presentó fotografía del hallazgo, ni constancias levantadas en el lugar de los hechos; a ninguno de los detenidos se le encontró en posesión de arma alguna, mucho menos que estuviera relacionada con los hechos que les imputan, y no existen testigos ni acta levantada que pruebe que las armas que las autoridades hicieron aparecer en el proceso son las que se utilizaron en los crímenes.

Además, los calibres de las armas que las autoridades presentan como pruebas no coinciden con los casquillos relacionados con el expediente, y las pruebas de radizonato de sodio, que practicaron a los detenidos para conocer si usaron armas de fuego, resultaron negativas.

Se señala que los indígenas detenidos fueron engañados para que acudieran ante las autoridades, con la promesa de que, al presentarse voluntariamente, serían regresados de inmediato a sus hogares. "Les enviaron autobuses de lujo para transportarlos de sus comunidades a la procuraduría. Pero los enviaron directamente al penal de Cerro Hueco", en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Las iglesias evangélicas sostienen que con ver algunas de las violaciones más evidentes en el proceso debería ser suficiente "para que cada uno de ustedes -refiriéndose al presidente Fox; al ministro Azuela y al procurador Macedo- se interesara para que la justicia resplandezca al fin", como debe ser en una nación que ama la libertad y la verdad.

"Todos y cada uno de ustedes tres han sido electos o nombrados para, entre otras prioridades, luchar por la justicia. Hoy se les presenta una gran oportunidad histórica de demostrar que son hombres de palabra y de convicciones, que no se dejan amedrentar por un clima político que ha secuestrado el caso Acteal para encubrir lo que en verdad sucedió. Hoy muchos inocentes están pagando por un delito que no cometieron, mientras los culpables gozan de una libertad que no merecen. (...) ustedes tres tienen la palabra y la tremenda oportunidad de hacer prevalecer la justicia, aun entre y para el pueblo indígena", concluye.