Constituiría una legalización de hecho a tales acciones, alerta organismo civil

Impuesto a actividades que dañan el ambiente, propone el Ejecutivo

Considera gravar tráfico ilegal de especies, manejo inadecuado de residuos, tala clandestina de bosques y otros delitos ecológicos; lo recaudado se destinaría para el gasto público en la materia

ANGELICA ENCISO L.

El tráfico ilegal de especies en riesgo de extinción, el manejo inadecuado de residuos peligrosos y la tala clandestina de bosques serán actividades lícitas si se aprueba la iniciativa de impuestos ambientales que envió al Congreso el Ejecutivo federal. El documento plantea el pago de impuestos para cada una de esas actividades, lo cual es una "atrocidad", señala el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

La iniciativa se propone modificar actividades que afectan al medio ambiente, "reflejando los costos sociales que causan dichas conductas", y el ingreso que se recaude se destinaría al gasto público en la materia, señala en su exposición de motivos.

Propone gravar -mas no sancionar- delitos ecológicos. La propuesta considera poner impuestos a la producción, enajenación, importación, uso, transporte, almacenamiento y tenencia de sustancias tóxicas prohibidas en el país, aunque reconoce que su uso no puede ser una práctica sostenible. En caso de que la persona que posea las sustancias presente un programa de destrucción aprobado por las autoridades, ese impuesto no se cobrará.

Asimismo considera impuestos para "combatir la tala ilegal de recursos maderables y fomentar el aprovechamiento sustentable de nuestra riqueza forestal". Indica que se gravaría la tenencia o el aprovechamiento de productos forestales maderables, con excepción de aquellos que acrediten la legal procedencia.

En relación con la pérdida de biodiversidad, establece que "por el riesgo que la extracción inmoderada de las especies de flora y fauna silvestres representa para el equilibrio de nuestros ecosistemas, así como por los riesgos potenciales que constituye la introducción a dichos ecosistemas de especies exóticas", se proponen impuestos a la tenencia, enajenación, importación o exportación de dichas especies, incluidas las que están bajo protección especial porque están en riesgo de extinción o amenazadas. En ese caso están desde el loro cabeza amarilla hasta el águila real.

El texto propone el cobro del impuesto por medio de "la aplicación de una cuota sobre el valor actualizado del último espécimen similar de la misma especie que haya sido objeto de comercio de manera legal en nuestro país o, en su defecto, sobre el precio más alto que en el mercado internacional haya tenido la especie".

Refiere que los ingresos que se recauden por concepto del impuesto a la pérdida de biodiversidad serán destinados al fortalecimiento de las capacidades de las autoridades federales y estatales encargadas de la inspección y la vigilancia contra el comercio ilegal, a los gobiernos de los estados, y se destinarán a la conservación de la vida silvestre.

Ante esta iniciativa, Gustavo Alanís, del Cemda, señaló que lo único que se logrará será meter "lo ilegal dentro de lo legal" y regularizar todas las actividades ambientales ilícitas que se realizan cotidianamente en el país.