Madres de jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua

"Hasta que encuentren a los asesinos de nuestras hijas nos vamos a callar"

JENARO VILLAMIL

"šSeñoras, sigan llorando a sus hijas, sigan buscando los cuerpos ustedes solas, porque el señor Presidente de la República no tiene tiempo para atenderlas!", exclamó Marilú, la joven hermana de Lilia Alejandra García, una de las asesinadas en febrero de 2001. Después de este emplazamiento y tras cuatro horas de reunión, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, gestionó un encuentro en Los Pinos y se acordó que el primer mandatario las recibiera 20 minutos al día siguiente.

Las madres habían dicho todo lo que tenían que decir. A la comisionada nacional, Guadalupe Morfín, le recordaron que le dan un voto de confianza, pero que "sólo los hechos confirmarán nuestra apreciación hacia usted". Frente a Santiago Creel, Morfín aceptó crear una mesa de trabajo para que se cotejaran las demandas de las madres y sus reclamos por la negligencia en la impartición de justicia.

Un día después, el martes 25 de noviembre, la audiencia con el primer mandatario, en la que también participaron el procurador Rafael Macedo de la Concha, el titular de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, y Creel Miranda, se prolongó por casi una hora. De la absoluta indiferencia inicial, señalan, por lo menos lograron exponer sus reclamos.

Así ha sido el periplo de las cerca de 20 madres de muchachas y niñas asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, que desde el viernes 21 han recorrido prácticamente todas las instancias de poder de la ciudad de México para reiterar su demanda central: no queremos promesas, sino asesinos confesos. "Hasta que encuentren a los asesinos de nuestaras hijas nos vamos a callar", afirma Norma Andrade, quien ha sido una de las más activas participantes de esta delegación, en la que se encuentran Ramona, veterana en la lucha por justicia, desde que asesinaron a su hija en 1995; Patricia Cervantes, madre de Neyra Azucena, cuya osamenta hasta ahora las autoridades chihuahuenses identificaron; Norma Ledesma, madre de Paloma Escobar, y Soledad Aguilar, entre otras.

Ante abogados de la cooperativa Pascual, del secretario de Gobernación, Santiago Creel, y del propio presidente Vicente Fox, la delegación de madres y activistas también ha exigido que se finquen responsabilidades a ex funcionarios del gobierno de Francisco Barrio, que actualmente se encuentran en la Secretaría de la Función Pública. Por "negligencia, encubrimiento o participación" en distintos delitos relacionados con los crímenes, las madres han exigido que se investigue la actuación de Francisco Molina Ruiz, ex procurador estatal y ex director de la lucha contra las drogas; de Alejandro Castro Valles, ex primer comandante de la Policía Judicial chihuahuense, y su escolta, Jaime Gurrola.

Al presidente Vicente Fox le entregaron un largo reporte sobre negligencias y omisiones en las pesquisas desde 1995. El procurador Rafael Macedo de la Concha simplemente se comprometió a leer sus demandas y enlistó los "logros" del gobierno federal desde que se impulsaron las 40 acciones del Plan Integral de Seguridad Pública. Fue hasta hoy, a más de 100 días de que se inició ese programa, que la opinión y las peticiones de las madres de las víctimas fueron escuchadas en Los Pinos.

En estos cinco días de intensas actividades el grupo de madres estuvo en la delegación Cuauhtémoc, donde la titular de la demarcación, Virginia Jaramillo, encabezó un homenaje a cuatro integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. El sábado sostuvieron una reunión con el Consejo de la Cooperativa Pascual. Esta empresa les ofreció desayunos y comidas durante su estancia en la ciudad de México, así como apoyo jurídico y una alianza para "impulsar una cultura de la legalidad".

Ese mismo día estuvieron en la feria del libro del Zócalo, donde dieron a conocer una lista de sospechosos de cometer los crímenes. Los nombres y apellidos volvieron a salir: los Zaragoza Fuentes, los Fernández, los Domínguez, Hank Rohn, Sotelo, Molinar, Urbina y Cabada, entre otros.

El domingo tuvieron una recepción en la delegación Iztacalco, gobernada por el perredista Armando Quintero, y fueron hasta la delegación de la nunciatura apostólica, donde monseñor Giulio Sanbeni atendió las peticiones de una delegación encabezada por Católicas por el Derecho a Decidir y cuatro madres, entre ellas Patricia Cervantes, Soledad Aguilar y Josefina González.

El representante del nuncio les aseguró: "vamos a enviar a la Santa Sede el escrito que nos han entregado. Estén tranquilas, pues sus palabras serán escuchadas".

Tranquilidad es lo que menos le queda a este grupo de madres. Ellas reiteran ante todos sus interlocutores sus demandas fundamentales: destinar recursos financieros a la búsqueda de mujeres desaparecidas, crear un banco de datos de ADN para cotejarlo con el de las madres, elaborar un archivo nacional de desaparecidas (propuesta que fue muy bien recibida por Vicente Fox, comentó una de las asistentes), la reparación del daño a las madres de las víctimas y, sobre todo, investigación y castigo a los responsables.

Desencantadas por las promesas y el juego político, que también las ha convertido en objeto de críticas e infundios -"nos acusan de lucrar con la muerte de nuestras hijas, de estar apoyadas por partidos e intereses políticos"-, esta delegación identifica claramente a sus adversarios: las autoridades de Chihuahua.

Norma Andrade advierte que ahora están preocupadas por otro hecho judicial: el próximo año, de acuerdo con las leyes de Chihuahua, pueden prescribir varios crímenes cometidos entre 1992 y 1993, sin que los culpables hayan sido sentenciados.

Por lo pronto, coinciden, el reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos carece de la fuerza que ellas demandaron. "Nosotros queríamos una recomendación y no un reporte más del sinnúmero de irregularidades que ya sabemos", sentenciaron.