El rechazo tajante de importantes sectores del Partido Revolucionario Institucional -entre ellos gran parte de sus legisladores- a la propuesta presentada por Elba Esther Gordillo, coordinadora de la bancada del tricolor en la Cámara de Diputados, para establecer un impuesto de 10 por ciento a la producción, intermediación, comercialización e importación (denominado IPI), incluidos alimentos y medicinas, pone en evidencia la crisis, la desarticulación y la lucha interna por el poder que tienen lugar actualmente en el priísmo.

En primer término, es evidente que el PRI experimenta una suerte de esquizofrenia en la que, al menos, se expresan dos posturas divergentes e incluso contradictorias: por un lado, los que parecen dispuestos a asumir el costo político de avalar la ampliación de los gravámenes y convergen, así sea de forma lateral, con las propuestas del gobierno y, por el otro, los que no admiten la creación de tales impuestos ni la unción de su partido al proyecto fiscal foxista. Las causas de tal confrontación, al margen de las interpretaciones de los principios ideológicos o programáticos del PRI realizadas por ambos bandos, podrían explicarse en la fuerte lucha por el poder con miras, en primer término, a la decena de elecciones para gobernadores estatales que tendrán lugar el año próximo y, en una perspectiva más amplia, en los reacomodos y las pugnas inherentes a la designación de la candidatura priísta para los comicios presidenciales de 2006.

Ha de señalarse que las fricciones y los desencuentros en el PRI no son meramente un problema acotado a ese instituto político. El hecho de que el partido con la representación más numerosa en ambas cámaras del Congreso se muestre dislocado e incapaz de presentar una propuesta común y coherente en materia fiscal implica graves riesgos para el país y deja suponer que sus diferencias y contiendas internas han comenzado a afectar la marcha general de la nación. En este sentido, la crisis por la que atraviesa actualmente el PRI podría inducir una indeseada parálisis legislativa que -salvo para quienes defienden intereses inconfesables- no ofrece beneficios para nadie. Un PRI inoperante, como el que actualmente se muestra, es un factor de riesgo para la gobernabilidad y el desarrollo general del país.

Con todo, al margen de los problemas del priísmo, es claro que la creación de nuevos impuestos, como el mencionado IPI, o la ampliación de los actuales gravámenes a alimentos, medicinas o libros son medidas perniciosas para el conjunto de la sociedad que, de concretarse, afectarían severamente a las cadenas productivas, a los sectores populares y, en general, al desarrollo económico, social y cultural del país. Por ello, es de desear que tanto el PRI como el resto de los partidos muestren responsabilidad política y sensibilidad social a la hora de aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2004. Imponer mayores cargas fiscales no es el camino adecuado para promover el crecimiento económico y dar atención a los graves rezagos existentes. Por ello, privilegiar los intereses generales del país y el bienestar de las mayorías sobre las ambiciones personales, sectarias o partidarias es una medida obligada y, a fin de cuentas, la verdadera expresión de las convicciones democráticas.