El subteniente Varela afirma que no pedirá indulto

Exigen ONG revocar pena de muerte contra militar

VICTOR BALLINAS Y ALONSO URRUTIA

Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Tlachinollan, Digna Ochoa y Fray Vitoria, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Amnistía Internacional, Sin Fronteras y otras 26 organizaciones sociales exigieron ayer que se revoque la sentencia de muerte al subteniente Herón Varela Flores y se reponga el procedimiento respetando sus garantías.

En conferencia de prensa, las organizaciones denunciaron que la aplicación de la la pena de muerte violaría el derecho a la vida y los compromisos en la materia que ha adquirido el Estado mexicano al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1981 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1982.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, aseveró que la dependencia no tiene competencia alguna en el caso y tampoco ha recibido ninguna solicitud de los familiares para involucrarse.

Sin embargo, confió en que el asunto se desahogará conforme a la legislación vigente. Recordó que cuando existe una sentencia de muerte, la pena es conmutada por privación de la libertad. Así se ha hecho, dijo, en consonancia con los tratados internacionales que ha firmado México, en los que se compromete a abolirla.

Sostuvieron las ONG que el caso cuestiona una vez más el fuero militar, pues las instituciones que lo integran han sido acusadas de carecer de independencia e imparcialidad.

En la conferencia estuvo la señora Eva Flores Medina, madre del subteniente, quien dijo que recientemente se enteró del acoso sexual que sufría su hijo. "Lo visito, está tranquilo y en espera de lo que se decida. Yo le pedí que solicite el indulto presidencial, pero me dijo que no, que no tiene por qué pedir perdón, que actuó en legítima defensa".

Fabián Sánchez Matus, de la CMDPDH, dijo que "hubo anomalías en el proceso. Lo mantuvieron incomunicado y declaró sin tener un abogado presente. Eso no nos extraña. Así actúa la justicia militar. El caso será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".