México D.F. Lunes 20 de octubre de 2003
El MIR pide "olvidar lo ocurrido" en Bolivia;
el MAS advierte que recurrirá a la CPI
Se divide el Congreso sobre un posible juicio a Sánchez
de Lozada
Mesa anuncia que mantendrá en sus cargos a los
altos mandos de las fuerzas armadas
XIMENA ORTUZAR ENVIADA
Cochabamba, 19 de octubre. Carlos Mesa es ya presidente
en ejercicio. Anunciado su gabinete ministerial comenzará de inmediato
a poner en orden al país luego de tensas jornadas de protesta contra
su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada, ahora asilado político
en Estados Unidos.
Muchas heridas tiene la Bolivia de hoy. Algunas, ancestrales.
Las más recientes se refieren a las víctimas de la represión
gubernamental ante el estallido social conocido como guerra del gas.
En su primer día de gestión presidencial,
Carlos Mesa adelantó que deja en manos del Congreso decidir acerca
de un eventual juicio de responsabilidades en contra de Sánchez
de Lozada.
Y renace el debate, inevitable. Mientras parlamentarios
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) -que cogobernó
con el dimitido presidente- piden "olvidar los hechos", la Comisión
de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados anuncia que intentará
canalizar en un pliego acusatorio único la demanda de juicio de
responsabilidad contra Gonzalo Sánchez de Lozada por las muertes
ocurridas durante su mandato. El presidente de la Cámara, Paulo
Bravo, de Acción Democrática Nacionalista (ADN), enfatizó
que los muertos -que calcula en 140- y los más de 500 heridos resultantes
en los 14 meses de gestión del renunciado mandatario no pueden ser
cubiertas "con olvido e impunidad", y reclamó el apoyo de parlamentarios
de Nueva Fuerza Revolucionaria (NFR) para alcanzar mayoría de votos
y presentar la acusación de forma unitaria.
Diputados
del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezados por el líder sindicalista
cocalero, Evo Morales, anunciaron desde el primer momento que iniciarán
un juicio contra Sánchez de Lozada por crímenes de lesa humanidad
y agregaron que si ello no prospera en Bolivia recurrirán a la Corte
Penal Internacional. Fueron más lejos: acusaron a Jaime Paz Zamora
y Manfred Reyes Villa, dirigentes del MIR y de NRF, respectivamente, de
ser cómplices de esos crímenes.
En meses pasados diputados del MAS denunciaron ante el
Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas la matanza de 13
personas en los enfrentamientos del febrero negro. Esta vez, aseguran,
no se detendrán hasta lograr resultados.
El ex gobernante se curó en salud y se refugió
en territorio amigo. Estados Unidos otorgó inmediato asilo político
a Sánchez de Lozada. Para eso están los amigos...
Por ahora, el presidente Mesa ha anunciado que mantendrá
en sus cargos a todo el alto mando de las fuerzas armadas y de la policía.
Lo hace, dijo, para respetar la institucionalidad. Acerca de las características
que deberá tener el nuevo ministro de Defensa, dijo que dejará
esa definición a las propias fuerzas armadas.
La eterna dependencia
Entre las tareas del nuevo gobierno está restablecer
la confianza interna y externa en la economía del país, seriamente
dañada. Sin inversión no habrá nuevos empleos; en
espera de que ésta se verifique el gobierno tendrá que incrementar
la inversión pública, que en el primer semestre de este año
alcanzó apenas 25 por ciento de ejecución de lo presupuestado,
porque el Tesoro General de la Nación no dispuso de los fondos necesarios.La
meta del déficit fiscal para este año fue pactada en dos
ocasiones por el equipo económico del gobierno. La primera de esas
metas había sido fijada en 5.5 por ciento, calculada con base en
el impuestazo a los salarios, que derivó en protestas ciudadanas
con un saldo de 33 muertos, episodio conocido como febrero negro.
El impuestazo fue anulado y Sánchez de Lozada aprovechó
para pedir al Fondo Monetario Internacional (FMI) que aceptara una nueva
meta deficitaria de 6.5 por ciento, que se fijó finalmente en 7
por ciento.
El economista Napoleón Pacheco, director de la
Fundación Milenio, afirma hoy que tampoco esta última meta
podrá cumplirse y explica: "La convulsión social de las últimas
semanas afectó seriamente a las exportaciones y al turismo. A raíz
de esto, los ingresos tributarios se contraerán, y a eso habrá
que sumar los gastos derivados de mantener a tropas militares y policiales
en las calles y caminos para controlar a los manifestantes."
En este contexto, es evidente que el nuevo gobierno deberá
necesariamente renegociar las metas del déficit fiscal boliviano,
afirma el especialista. Y tendrá que hacerlo con el FMI.
Por ahora, el embajador de Estados Unidos en este país,
David Greenlee, ha enviado un primer mensaje al gobierno en materia económica.
Tras entrevistarse por media hora con el presidente Mesa en el palacio
de gobierno el sábado 18, Greenlee opinó: "Bolivia debe hacer
esfuerzos para captar mayores inversiones que le permitan enfrentar su
actual crisis". Acerca de la revisión de la Ley de Hidrocarburos
y de la Capitalización, anunciada ya por Mesa, el diplomático
expresó su opinión, que es también la de su gobierno:
"Siempre hemos pensado que lo que pasa en un país independiente
es cuestión de ese país. Si quieren revisar sus leyes, es
cosa de ustedes. Pero, desde luego, si van cambiando las reglas del juego,
quizás habrá susto entre los inversores. Y lo que este país
necesita son inversiones".
Informaciones recientes demuestran que Washington tiene
interés en seguir de cerca lo que ocurre aquí, no sólo
en lo económico.
En noticiarios de una cadena de información televisiva
estadunidense apareció el sábado 18 el vocero del Comando
Sur de Estados Unidos, capitán de la fuerza aérea Tom Crosson,
anunciando: "Estamos enviando un pequeño equipo de especialistas
en seguridad y evaluación de situaciones a Bolivia, para evaluar
los ocurrido allá en las últimas semanas". Agregó
que llegarán aquí en cuestión de días y que
la misión se envía a petición del embajador Greenlee.
Analistas locales opinan que el envío de estos
"especialistas" a La Paz se relaciona con el llamado de alerta que el Departamento
de Estado hizo el jueves 16 de octubre a sus ciudadanos acerca de "evitar
viajes al país sudamericano", y podría tratarse de un estudio
preliminar para evacuar la embajada en caso de ocurrir otra vez situaciones
de explosión social.
Y rematan: "Lo que pretenden, en el fondo, es evitar que
haya nuevas explosiones sociales, porque, al igual que Sánchez de
Lozada, temen que el pueblo les pase la cuenta".
El ex presidente se va al exilio junto con Sánchez Berzaín, su "brazo derecho"
Carlos Sánchez Berzaín fue hasta el 18 de octubre ministro de la Defensa de Bolivia. Esa noche abordó el avión comercial que llevó a Sánchez de Lozada a Miami. Como el mandatario, el ministro se refugió en Estados Unidos.
En las organizaciones de base de su país lo llaman El ángel de la muerte porque, aseguran, cada vez que interviene hay saldo rojo. Analistas y politólogos lo comparan con Vladimiro Montesinos, el Rasputín peruano, sombra y brazo largo de Alberto Fujimori. Sánchez Berzaín, abogado de 44 años, fue sin lugar a dudas el personero más impopular de gobierno.
Su trayectoria ha sido curiosa: ingresó en los años 80 al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), del cual era, hasta hace tres días, secretario ejecutivo nacional. Allí trabó amistad con Sánchez de Lozada y lo acompañó lealmente y como ministro desde su primer mandato presidencial (1993-1997) hasta su partida del país, el 18 de octubre.
Dicen los que saben que la influencia del Zorro -así le dicen sus íntimos- sobre el ex mandatario es tal, que éste no tomaba ninguna decisión sin consultarle.
Con fama de buen negociador político, Sánchez Berzaín privilegió el uso de la fuerza por sobre la búsqueda de acuerdos. Así, en febrero pasado, cuando la movilización salió al paso del impuestazo a los salarios, la represión militar ordenada por el Ministerio del Interior, pero coordinada por Sánchez Berzaín, cobró 33 muertos y más de 200 heridos.
Hoy, al evaluar los hechos de la guerra del gas, hay quienes afirman que fue precisamente el Zorro uno de los responsables de que la última crisis llegara a un punto sin retorno. Y explican que el 19 de septiembre, iniciados ya los bloqueos de caminos y calles, Sánchez Berzaín comandó el rescate de turistas varados en el poblado de Warisata. Dicha acción dejó siete muertos. Y los ánimos se caldearon.
La represión ejercida en La Paz y El Alto también fue dirigida por él. En total, la última crisis dejó 76 muertos.
Además de sus lazos con el mandatario boliviano, Sánchez Berzaín contaba con el apoyo de Washington, y más concretamente, del círculo cercano a George W. Bush. La Casa Blanca le reconoce su colaboración en los planes de erradicación de cultivos de coca en la zona de Chapare y la incondicional cooperación que ha prestado al destinar custodia militar a las empresas transnacionales estadunidenses en Bolivia.
Completaba el cuadro la estrecha relación que el ministro mantuvo hasta el último momento con el embajador de Estados Unidos en La Paz, David Greenlee.
Basado en esas relaciones que le daban inmunidad, hizo lo que hizo.
"Las protestas pueden durar cien días, pero Gonzalo Sánchez de Lozada no renunciará", advirtió el entonces ministro de Defensa a los manifestantes de la guerra del gas.
Por su investidura Sánchez Berzaín logró aplazar la caída del Goni, al lograr de las fuerzas armadas una declaración de apoyo el lunes 14 de octubre. Eso no bastó, sin embargo, para acallar las protestas.
Y partieron juntos al exilio.
XIMENA ORTUZAR, ENVIADA
Minimiza el presidente boliviano el papel de
las fuerzas armadas en la pasada crisis
Toma posesión el gabinete de Mesa; sus ministros
no tienen partido político
El primer propósito de este gobierno, "reconstruir
los escombros de una hecatombe", dice
AFP, DPA Y REUTERS
La Paz, 19 de octubre. El nuevo presidente de Bolivia,
Carlos Mesa, quien minimizó el papel de las fuerzas armadas durante
la represión de las recientes manifestaciones, que dejó más
de 80 muertos, dio hoy posesión a su gabinete, cuyos integrantes
son independientes de los partidos políticos, durante un acto celebrado
en el Palacio Quemado, de La Paz.
El gobierno de Mesa lo integran 15 ministros, dos de ellos
sin cartera, y una delegada presidencial anticorrupción.
Al
anunciar su gabinete, Mesa dijo que el primer propósito de este
gobierno es "reconstruir los escombros de una hecatombe" y les pidió
una "entrega total, responsabilidad y absoluta transparencia en el trabajo".
El presidente aseguró que se "está jugando
el destino del país", y resaltó que pese a tener un gabinete
sin partidos políticos, reconoce que éstos son esenciales
para la democracia.
El gabinete quedó integrado, entre otros, por José
Antonio Galindo, en el Ministerio de la Presidencia; Juan Ignacio Siles,
en Relaciones Exteriores; Alfonso Ferrufino, en Gobierno, y Gonzalo Arredondo,
en la Defensa. Sólo integró a una mujer, Guadalupe Cajías,
como delegada presidencial anticorrupción.
Dirigiéndose a sus ministros, el presidente les
dijo que su responsabilidad es muy grande, "que los compromete en un sentido
patriótico".
Pero aclaró que la recuperación del país
no es tarea a la que sólo el presidente y sus ministros deban darle
salida, aunque sí son, destacó, quienes deben centralizar
la propuesta para esa salida.
Previamente, durante sus primeros actos de gobierno, el
presidente minimizó la responsabilidad de las fuerzas armadas por
los hechos violentos durante las marchas y bloqueos en la crisis política
que forzó la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Durante una visita al Colegio Militar, donde las fuerzas
armadas lo reconocieron como su capitán general, el mandatario insistió
en la necesidad de que cada uno asuma su responsabilidad en los hechos
violentos que vivió Bolivia recientemente.
"La responsabilidad del poder político coloca a
las fuerzas armadas en el ámbito operativo. Las fuerzas armadas
cumplen órdenes del poder político en función de su
responsabilidad y en función de lo que es la instrucción
de lo que tienen que cumplir", expresó.
Reiteró la necesidad de que se imparta justicia
sin odio y sin venganza, pero también sin olvido. "Hemos estado
al borde de una confrontación que costó muchas vidas de compatriotas",
dijo, y afirmó que es indispensable que en un momento como éste
los movimientos sociales reflexionen sobre la necesidad de buscar la paz.
Critica Hugo Chávez
"Cínico" silencio de la OEA ante la matanza en Bolivia
DPA Y AFP
Caracas, 19 de octubre. El presidente venezolano Hugo Chávez calificó hoy de "cínica" a la Organización de Estados Americanos (OEA) por su silencio en la matanza ocurrida en Bolivia, y criticó a los gobiernos de Chile y Perú por negar una salida al mar al país del altiplano.
En su programa Aló presidente, Chávez fustigó a la OEA y a su secretario general, César Gaviria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a Estados Unidos por no evitar las muertes ocurridas durante 32 días de protestas en Bolivia.
Sostuvo que la "dolorosa crisis boliviana obedeció al modelo neoliberal" impuesto en ese país, a la pobreza, la exclusión de los indígenas y la falta de salida del mar de Bolivia, negada por los gobiernos de Chile y Perú.
"ƑDonde está la OEA, qué se hizo el doctor Gaviria, qué se hizo el gobierno de Estados Unidos y su vocero, qué se hizo la CIDH que por cualquier cosa que aquí pase, sin preguntarle a nadie, de una vez, sacan declaraciones?", señaló.
El presidente leyó un análisis del periodista Eleazar Díaz Rangel, director del diario Ultimas Noticias, publicado hoy, en el que criticó a la OEA y la CIDH porque, a diferencia de sus continuas reacciones contra el gobierno de Chávez, no tuvieron la misma diligencia en torno a las más de 80 muertes en la crisis boliviana.
Chávez también ratificó su apoyo al nuevo gobernante boliviano Carlos Mesa, a quien aplaudió por su discurso en favor de los excluidos de su país, pero criticó el programa de erradicación de cultivos de coca implantado en ese país, pues, dijo, "empobreció a miles de indígenas que dependían de esos cultivos".
Recordó que los indígenas bolivianos tienen muchos años sembrando coca, y "no tienen culpa de que hayan aparecido componentes químicos para hacer la cocaína y la consuman los ricos".
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