El MIR pide "olvidar lo ocurrido" en Bolivia; el MAS advierte que recurrirá a la CPI

Se divide el Congreso sobre un posible juicio a Sánchez de Lozada

Mesa anuncia que mantendrá en sus cargos a los altos mandos de las fuerzas armadas

XIMENA ORTUZAR ENVIADA

Cochabamba, 19 de octubre. Carlos Mesa es ya presidente en ejercicio. Anunciado su gabinete ministerial comenzará de inmediato a poner en orden al país luego de tensas jornadas de protesta contra su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada, ahora asilado político en Estados Unidos.

Muchas heridas tiene la Bolivia de hoy. Algunas, ancestrales. Las más recientes se refieren a las víctimas de la represión gubernamental ante el estallido social conocido como guerra del gas.

En su primer día de gestión presidencial, Carlos Mesa adelantó que deja en manos del Congreso decidir acerca de un eventual juicio de responsabilidades en contra de Sánchez de Lozada.

Y renace el debate, inevitable. Mientras parlamentarios del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) -que cogobernó con el dimitido presidente- piden "olvidar los hechos", la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados anuncia que intentará canalizar en un pliego acusatorio único la demanda de juicio de responsabilidad contra Gonzalo Sánchez de Lozada por las muertes ocurridas durante su mandato. El presidente de la Cámara, Paulo Bravo, de Acción Democrática Nacionalista (ADN), enfatizó que los muertos -que calcula en 140- y los más de 500 heridos resultantes en los 14 meses de gestión del renunciado mandatario no pueden ser cubiertas "con olvido e impunidad", y reclamó el apoyo de parlamentarios de Nueva Fuerza Revolucionaria (NFR) para alcanzar mayoría de votos y presentar la acusación de forma unitaria.

Diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezados por el líder sindicalista cocalero, Evo Morales, anunciaron desde el primer momento que iniciarán un juicio contra Sánchez de Lozada por crímenes de lesa humanidad y agregaron que si ello no prospera en Bolivia recurrirán a la Corte Penal Internacional. Fueron más lejos: acusaron a Jaime Paz Zamora y Manfred Reyes Villa, dirigentes del MIR y de NRF, respectivamente, de ser cómplices de esos crímenes.

En meses pasados diputados del MAS denunciaron ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas la matanza de 13 personas en los enfrentamientos del febrero negro. Esta vez, aseguran, no se detendrán hasta lograr resultados.

El ex gobernante se curó en salud y se refugió en territorio amigo. Estados Unidos otorgó inmediato asilo político a Sánchez de Lozada. Para eso están los amigos...

Por ahora, el presidente Mesa ha anunciado que mantendrá en sus cargos a todo el alto mando de las fuerzas armadas y de la policía. Lo hace, dijo, para respetar la institucionalidad. Acerca de las características que deberá tener el nuevo ministro de Defensa, dijo que dejará esa definición a las propias fuerzas armadas.

La eterna dependencia

Entre las tareas del nuevo gobierno está restablecer la confianza interna y externa en la economía del país, seriamente dañada. Sin inversión no habrá nuevos empleos; en espera de que ésta se verifique el gobierno tendrá que incrementar la inversión pública, que en el primer semestre de este año alcanzó apenas 25 por ciento de ejecución de lo presupuestado, porque el Tesoro General de la Nación no dispuso de los fondos necesarios.La meta del déficit fiscal para este año fue pactada en dos ocasiones por el equipo económico del gobierno. La primera de esas metas había sido fijada en 5.5 por ciento, calculada con base en el impuestazo a los salarios, que derivó en protestas ciudadanas con un saldo de 33 muertos, episodio conocido como febrero negro. El impuestazo fue anulado y Sánchez de Lozada aprovechó para pedir al Fondo Monetario Internacional (FMI) que aceptara una nueva meta deficitaria de 6.5 por ciento, que se fijó finalmente en 7 por ciento.

El economista Napoleón Pacheco, director de la Fundación Milenio, afirma hoy que tampoco esta última meta podrá cumplirse y explica: "La convulsión social de las últimas semanas afectó seriamente a las exportaciones y al turismo. A raíz de esto, los ingresos tributarios se contraerán, y a eso habrá que sumar los gastos derivados de mantener a tropas militares y policiales en las calles y caminos para controlar a los manifestantes."

En este contexto, es evidente que el nuevo gobierno deberá necesariamente renegociar las metas del déficit fiscal boliviano, afirma el especialista. Y tendrá que hacerlo con el FMI.

Por ahora, el embajador de Estados Unidos en este país, David Greenlee, ha enviado un primer mensaje al gobierno en materia económica. Tras entrevistarse por media hora con el presidente Mesa en el palacio de gobierno el sábado 18, Greenlee opinó: "Bolivia debe hacer esfuerzos para captar mayores inversiones que le permitan enfrentar su actual crisis". Acerca de la revisión de la Ley de Hidrocarburos y de la Capitalización, anunciada ya por Mesa, el diplomático expresó su opinión, que es también la de su gobierno: "Siempre hemos pensado que lo que pasa en un país independiente es cuestión de ese país. Si quieren revisar sus leyes, es cosa de ustedes. Pero, desde luego, si van cambiando las reglas del juego, quizás habrá susto entre los inversores. Y lo que este país necesita son inversiones".

Informaciones recientes demuestran que Washington tiene interés en seguir de cerca lo que ocurre aquí, no sólo en lo económico.

En noticiarios de una cadena de información televisiva estadunidense apareció el sábado 18 el vocero del Comando Sur de Estados Unidos, capitán de la fuerza aérea Tom Crosson, anunciando: "Estamos enviando un pequeño equipo de especialistas en seguridad y evaluación de situaciones a Bolivia, para evaluar los ocurrido allá en las últimas semanas". Agregó que llegarán aquí en cuestión de días y que la misión se envía a petición del embajador Greenlee.

Analistas locales opinan que el envío de estos "especialistas" a La Paz se relaciona con el llamado de alerta que el Departamento de Estado hizo el jueves 16 de octubre a sus ciudadanos acerca de "evitar viajes al país sudamericano", y podría tratarse de un estudio preliminar para evacuar la embajada en caso de ocurrir otra vez situaciones de explosión social.

Y rematan: "Lo que pretenden, en el fondo, es evitar que haya nuevas explosiones sociales, porque, al igual que Sánchez de Lozada, temen que el pueblo les pase la cuenta".