Sergio Rodríguez Lascano

Justicia versus impunidad

El 7 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso de lo que ellos llaman "privación ilegal de la libertad" de Jesús Piedra Ibarra. Después de más de 28 años de que nuestro compañero Jesús ha estado desaparecido, por fin, la justicia mexicana se preocupa por su situación. Es necesario, para evitar confusiones, hacer una breve historia de cómo se llega a esta situación.

A finales del año pasado, el Senado de la República votó una reserva y una declaración interpretativa a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belem, Brasil, el 9 de junio de 1994, modificándola de manera sustancial, para asegurar que los militares involucrados no fueran juzgados en cortes civiles y declarando prescritos todos los delitos relacionados con las desapariciones que se hayan cometido antes de dicha votación. Ante esto, las madres del Comité Eureka decidieron elaborar una controversia constitucional, que oponía a lo aprobado por el Senado la ley sobre desapariciones forzadas aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya que en esta última se planteaba explícitamente que esos delitos no prescribían.

Ante la imposibilidad de hacerlo como simples ciudadanas, pidieron al jefe de Gobierno de la ciudad de México que fuera él quien presentara dicha controversia.

El objetivo de lo anterior era doble: por un lado, ante la cerrazón del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, se recurría al Judicial como la última instancia para que el Estado mexicano responda por todos esos tremendos delitos. En segundo lugar, para demostrar que la fiscalía especial, creada por el Ejecutivo, dependiente de la Procuraduría General de la República, era una farsa en tanto no tenía materia de trabajo, por lo menos en lo que tiene que ver con las desapariciones.

A la luz de lo que ha pasado, no cabe duda de que el Comité Eureka ha actuado con gran sabiduría, en tanto llevó al límite esta situación, negándose a comparecer frente a un fiscal carente de funciones. Otros pudieran contentarse con la idea de que lo central era sentar a Luis Echeverría o a Miguel Nazar Haro (o Nassar Haro) en el banquillo de los indiciados. Los objetivos de ellas eran otros: la presentación con vida de los desaparecidos, el castigo a los culpables y el explícito señalamiento de la responsabilidad del Estado mexicano por estas acciones, calificadas a escala internacional como crímenes de lesa humanidad.

Desde luego, la controversia de las madres no tiene que ver con un solo caso, sino con todos los compañeros y compañeras que nacieron en la ciudad de México o fueron detenidos-desaparecidos en esta parte del país, y con esto abrir una brecha para que posteriormente esto fuera planteado en todos los estados de la República.

La SCJN no ha respondido a esa controversia. En cambio ya respondió a la elaborada por la fiscalía especial sobre el caso de Jesús Piedra Ibarra. Desde luego, desde mi punto de vista, esto es un triunfo del Comité Eureka y de su lucha intransigente, muchas veces calumniada.

Ahora la Corte tendrá que decidir si "la privación ilegal de la libertad" cometida en agravio de Jesús tiene vigencia jurídica o no. Si dice sí, entonces lo mismo deberá operar para todos los detenidos-desaparecidos. Si dice no, entonces se llenará de oprobio (una vez más, como en el caso de la ley indígena). Por otro lado, esto no la exime de resolver la controversia planteada por el Comité Eureka y presentada por el jefe de Gobierno capitalino.

La decisión que tome la SCJN será histórica. La lucha necia, constante y decidida de las madres, como Rosario Ibarra, ha sido clave para poder contar con una atmósfera de mayores libertades ciudadanas. Muchos de nosotros hemos contado con su solidaridad y apoyo, muchos de nosotros fuimos ayudados por ellas para salir de las cárceles o para denunciar la represión de que fuimos objeto. Pero aún más importante: el país entero les debe mucho a estas ciudadanas mexicanas. Llegó el momento de rodearlas de solidaridad y exigir dos cosas: que la SCJN tome la decisión de que el caso de Jesús Piedra Ibarra no ha prescrito y que declare inconstitucional lo aprobado por el Senado, que no es otra cosa que una versión hipócrita de la argentina Ley de Punto Final.

Este es un momento fundamental. Desde la sociedad civil mexicana se ha abierto una encrucijada que será central para el país. La justicia y la impunidad librarán otra batalla