Su triunfo se ve mermado en términos de ética política y social: Gastón Luken

Coinciden consejeros: Fox sabía del financiamiento ilegal a su campaña

Una Presidencia por $500 millones es barata; la elección fue "una marranada": Juan Guerra

MIREYA CUELLAR Y ALONSO URRUTIA

Fue una sesión que no dejo satisfecho a nadie. Y como diría José Woldenberg, el fin de un proceso que "desgastó" a más de un consejero. Pero también un debate en el que la única coincidencia fue que el presidente Vicente Fox sabía -el PRI habló de complicidad- del montaje de un aparato paralelo que sirvió para financiar su campaña de manera ilegal, y que a la postre "merma en términos de ética política" su triunfo del 2 de julio de 2000, porque "el fin pretendido no justifica los medios extralegales utilizados".

Se habló de "dinero negro", se cuestionó la legitimidad del presidente Fox, se insultó en más de una ocasión al consejero Alonso Lujambio, Woldenberg calló a Miguel Angel Yunes y no pudo ocultar lo mucho que lo crispan las posturas de Jaime Cárdenas y, al final, cuando el PAN se dolió de un "trato injusto" por la multa "excesiva", Juan Guerra, nuevo representante del PRD ante el IFE, le reviró a Rogelio Carbajal: "šla Presidencia les salió barata!" Y lo conminó: "De manera que no se quejen porque 500 millones de pesos por una Presidencia... les salió barata", y parafraseando a Vicente Fox concluyó que su elección fue "una marranada".

"La ganó -apuntó Guerra- violando la Constitución, con financiamiento paralelo, rebasando topes de campaña y con recursos del extranjero. Pero en este consejo -y ahora el perredista la emprendió contra los consejeros- no hay distinción, a la hora de sancionar, entre faltas administrativas y violaciones graves a la Constitución". El perredista demandó una y otra vez una multa más alta, el equivalente a 50 por ciento del financiamiento del PAN para los próximos tres años.

Los pasos sobre la mesa

Tres años de litigio resumidos en 21 tomos (más de 4 mil páginas), que recuperan los pasos -que algunos creyeron perdidos- del Presidente y sus amigos en campaña, fueron puestos ayer sobre la mesa del Consejo General del IFE. Y el saldo fue la ya anunciada multa de 545 millones 169 mil 649 pesos con 45 centavos para la coalición que lo registró, la Alianza (hoy rota) por el Cambio, formada por el PAN y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Como el Presidente es militante del PAN y fue su candidato antes que de los verdes, 360 millones 971 mil 39 pesos con 40 centavos deberán ser pagados por el blanquiazul y el resto, 184 millones 198 mil 610 pesos con cinco centavos, por el PVEM, pese a que éste juró ser ajeno al manejo irregular.

Cinco horas con tres minutos de encono entre consejeros y entre representantes de partidos. De un debate en el cual ni siquiera el PAN alegó la ignorancia del Presidente en el caso, ni un atisbo de intención que lo dejara al margen. Rogelio Carbajal, joven representante del panismo, sólo se empeñó en sostener hasta el final que su partido nunca supo lo que estaba haciendo Amigos de Fox y que de lo más que se le podría acusar es de "omisión", de no haberse percatado de lo que estaba pasando. Por supuesto que nadie le creyó, y en el salón de sesiones del IFE se escuchó un largo murmullo.

Responsable de la investigación, a Lujambio le tocó defender el polémico dictamen. Un apretado resumen de las operaciones financieras para terminar rebatiendo el argumento central de los partidos enjuiciados; era materialmente imposible que ellos y su candidato desconocieran el origen del financiamiento. Cuestionado por todos y por todo, defendió su dictamen hasta el final y, cuando el PRI lo increpó porque en el documento no hay un señalamiento directo contra el Presidente, Lujambio respondió que en todo el entramado "el Presidente sí jugó un papel, está documentado y pormenorizadamente explicado" en el dictamen.

Con Alonso Lujambio votaron los consejeros José Woldenberg, Mauricio Merino, Jesús Cantú -cuyos afanes releccionistas lo llevaron hoy a quedarse callado durante el debate-, Gastón Luken y Jacqueline Peschard. La sexteta que, a decir del priísta Miguel Angel Yunes, siempre respalda los dictámenes de la Comisión de Fiscalización. En la mesa del consejo, añadió, hay 22 miembros, y "curiosamente" son siempre seis los que llegan a las sesiones "con un voto prestablecido" y no escuchan al resto de los miembros del consejo.

La postura del PRI fue que el dictamen regresara a la Comisión de Fiscalización -lo secundaron el PVEM y el Partido del Trabajo- para que se investigara más exhaustivamente y sea el próximo consejo el que, con una mirada más fresca, resuelva el caso. Acusó a los seis consejeros que se manifestaron en favor del dictamen de tener un compromiso con el actual gobierno. Los consejeros le respondieron votando en contra de la moción con que Yunes pretendió madrugar en la sesión.

Convencido del fondo y la forma del dictamen, Mauricio Merino reivindicó el monto de la multa y los procedimientos para llegar a ella: "Fueron correctos y no los que caprichosamente se hubieran querido inventar por éste o aquel actor político". Su pronunciamiento fue una respuesta a los cuestionamientos de Jaime Cárdenas de que no se castigó al PAN por el "fraude a la ley" en que incurrió al montar, junto con Amigos de Fox, una red de financiamiento paralelo para eludir la fiscalización del IFE.

Merino colocó al presidente Fox como el eje de las acciones ilegales: "todo el dictamen está construido sobre la base de la responsabilidad que sí tuvo el candidato Vicente Fox; este candidato lo fue de una coalición y por ello la responsabilidad es para ambos partidos de la coalición".

Aquí tienen una muestra de autonomía: Woldenberg

Para José Woldenberg, presidente del Consejo General del IFE, lo ocurrido ayer fue una victoria del órgano electoral, más allá del desgaste de las personas. Hizo el recuento de los "obstáculos" que debieron enfrentar y pidió a todos: "Miren la dimensión de la tarea que hizo el IFE en torno a una queja que involucra nada menos que al Presidente actual... el IFE no se amilanó ni se amedrentó, pero tampoco estuvo al lado del tribunal de la opinión pública ni de la especulación ni el juicio exprés... no edulcoramos los actos, pero tampoco los inventamos o los agravamos... si quieren una muestra de autonomía y aplicación irrestricta de la ley, aquí la tienen".

Gastón Luken votó en favor del dictamen, pero no estaba tan eufórico como el presidente del consejo. Expresó su convicción de que el documento tenía elementos suficientes para acreditar las sanciones impuestas, pero también dijo que "no es lógico ni creíble" el argumento de que los partidos coligados o el Presidente fueran ajenos a las andanzas de los Amigos. Lamentó que los involucrados en el caso hayan lastimado "el voto" que recibieron el 2 de julio de 2000, porque "el fin pretendido no justifica los medios extralegales utilizados" y a la postre el triunfo "se ve mermado en términos de ética política y social".

Pidió al consejo que "se dé alcance" de todo el contenido del dictamen a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para que ésta pueda deslindar responsabilidades personales en el caso, dado que al IFE la ley sólo le permite sancionar a partidos. Por ello, explicó después de la sesión, no hay una condena a la persona de Vicente Fox en el dictamen.

Constitucionalistas los dos, Jaime Cárdenas y José Barragán cuestionaron no sólo la exhaustividad de la investigación, sino la construcción jurídica del dictamen. Ambos demandaron mayor castigo, en función del "dolo" con que actuaron el PAN y los Amigos de Fox, y también deslindaron al Verde, al imputarle sólo una responsabilidad "culposa". No hay en el dictamen, dijeron, una sola prueba documental de la complicidad del PVEM. Se abstuvieron en la votación y no votaron en contra porque su postura es que la conducta de los partidos coligados era sancionable.

También el consejero Virgilio Rivera se abstuvo. Pero al contrario, él lo hizo por considerar desproporcionada y "alejada del principio de equidad" la sanción impuesta. Le pareció muy elevada.

Y al final quedó claro que por una u otra razón todos los partidos impugnarán la decisión de hoy ante el Tribunal Electoral.

Imposible fincar responsabilidad penal: fuentes del gobierno

Se exculpará a Amigos de Fox de delitos electorales

Con pruebas, a lo que habría lugar es a delitos fiscales, señalan

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Está en marcha la exoneración definitiva por delitos electorales a los operadores financieros de Amigos de Fox, frente a una legislación laxa en materia penal que impide fincarles responsabilidades en ese ámbito, según fuentes gubernamentales.

De las tres denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el caso Amigos de Fox, la del Instituto Federal Electoral (IFE) ni siquiera se formuló contra quien resulte responsable, sino que sólo se notificaron "hechos" a ese órgano de la Procuraduría General de la República (PGR).

En cuanto a las denuncias interpuestas por Jaime Cárdenas, consejero del IFE, y el actual diputado perredista Pablo Gómez, indicaron las fuentes, no se han tenido elementos para concretar un supuesto delito electoral contra los operadores financieros de Amigos de Fox, como Lino Korrodi, Carlota Robinson o Carlos Rojas Magnon, ni contra la ex tesorera panista Gabriela Ruiz del Rincón.

Inclusive, indicaron los entrevistados, a lo que habría lugar, y eso si primero se querella la Secretaría de Hacienda y luego se obtienen pruebas, sería por la comisión de algún delito fiscal, pues Amigos de Fox prácticamente manejó todos los recursos como transacciones mercantiles.

La investigación de la Fepade, revelaron, suma más de 10 mil páginas, sin contar la documentación entregada por la Unidad Especializada contra Lavado de Dinero (UELD), instancia que no encontró recursos de origen ilícito en las transferencias, que en conjunto sumaron 54.5 millones de pesos y que fueron analizadas por ese organismo de la PGR.

Lo que se ha confirmado es que las aportaciones para financiar la campaña presidencial por medio de las cuentas bancarias de la asociación Amigos de Fox no sólo se utilizaron para fines proselitistas, sino también para aliviar las quebradas finanzas de las empresas de la familia del hoy Presidente, que en 1999 tenían deudas contratadas con cinco bancos por alrededor de 12 millones de dólares.

Además, de acuerdo con esas indagatorias, al menos 49 por ciento de los 54 millones 507 mil pesos investigados por la UELD no llegaron a la campaña, sino que se destinaron a gastos de Lino Korrodi, Carlota Robinson y otras personas, además de las empresas K-Beta o Alta Tecnología en Impresos.

Según las fuentes, ninguno de estos hechos constituye delito electoral alguno, ya que por tratarse de aportaciones voluntarias los beneficiarios estaban en condiciones de hacer lo que quisieran con el dinero aportado.

Argumentos legales

Los funcionarios entrevistados mencionaron que la imposibilidad de fincar responsabilidades a integrantes de Amigos de Fox se estableció desde el primer análisis del artículo 401 del Código Penal Federal, el cual norma los criterios de quienes son sujetos de una sanción. En este caso, Lino Korrodi, Carlota Robinson y Rojas Magnon ni en 2000 ni ahora son servidores públicos, funcionarios electorales, funcionarios partidistas o candidatos.

Tampoco les es aplicable el artículo 402 del mismo código, porque al no haber tenido esas funciones no pueden ser inhabilitados ni destituidos del cargo.

Por lo que se refiere al 403, no se les podría aplicar de 10 a 100 días de multa ni prisión de seis meses a tres años, porque no votaron sin haber reunido los requisitos de ley; no sufragaron más de una vez; tampoco hicieron proselitismo o presionaron a los electores el día de los comicios. No obstaculizaron o interfirieron "dolosamente" el desarrollo del proceso, el escrutinio o el cómputo, el traslado o la entrega de los paquetes electorales.

En ese mismo artículo se establece sólo castigo para quienes recogieran sin causa alguna las credenciales de elector de los ciudadanos. La sanción se extiende también para quien solicite el voto de alguna persona a cambio de un pago o dádiva, el sufragio con una credencial de otra persona, el acarreo de votantes, el llenado de más de una boleta electoral, la solicitud de "declaración firmada de un elector acerca de su intención de voto" o el impedimento en forma violenta de la instalación de casillas.

El 404 no les es aplicable porque tampoco son ministros de culto, y el 405 sólo prevé sanciones por conductas irregulares de funcionarios electorales. Los integrantes de Amigos de Fox menos pueden ser castigados por el artículo 406, pues éste se refiere a actividades ilícitas de candidatos o funcionarios partidistas.

El 407 establece la imposición de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a nueve años para quien "destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su encargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos al apoyo de un partido político o de un candidato". En todo caso, sería aplicable por el dinero que la fracción panista en el Senado, encabezada entonces por Gabriel Jiménez Remus, entregó para la campaña de Vicente Fox. Pero según las fuentes consultadas, la partida económica que se da a cada bancada no es auditable.

De acuerdo con los informes recabados, tampoco son aplicables los otros siete artículos que comprenden los delitos electorales, pues no alteraron el Registro Nacional de Electores ni los listados nominales, y tampoco utilizaron recursos de manera ilícita.