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México D.F. Lunes 6 de octubre de 2003

Tomarán vías y urbes

Arrecian presiones en Bolivia contra Sánchez de Lozada

AFP Y DPA

La Paz, 5 de octubre. Obreros y campesinos cocaleros tomarán desde el lunes ciudades y carreteras de Bolivia para reclamar la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, anunciaron hoy sindicalistas.

"No vamos atacar a las ramas, (sino) al tronco, (Sánchez de Lozada) es el principal hombre", aseveró el líder de los campesinos aymaras, Felipe Quispe, uno de los promotores de las protestas de hace tres semanas por mejoras sociales y contra la exportación de gas a través de Chile.

Las movilizaciones de los aymaras, que desde hace tres semanas cierran las rutas andinas a Perú y Chile, serán reforzadas este lunes por los cultivadores de coca del Chapare, que planean bloquear la principal carretera nacional, que cruza de este a oeste el país, por la que circula 80 por ciento de la carga y producción nacionales.

Por lo pronto, la asociación de empresas de autobuses suspendió operaciones en la ciudad de Santa Cruz ante el "inminente cierre" de la vía.

Con este nuevo corte de rutas se fortalecería la huelga general e indefinida declarada hace una semana por la Central Obrera Boliviana, que sólo se acató en cuatro de las 10 ciudades principales del país: La Paz, El Alto, Cochabamba y Oruro.

En tanto, pese a que Sánchez de Lozada ratificó la víspera que no impondrá el estado de sitio, su ministro de Gobierno (Interior), Yerko Kukoc, aseguró que la salida a la crisis boliviana, traducida en "movilizaciones sediciosas", pasa por la vía de una medida política.

La convulsión que conmueve al país más pobre de Sudamérica es atribuida por analistas a llamada Nueva Política Económica, que lanzó en 1985 al país al libre mercado, para frenar una hiperinflación.

Bolivia posee hoy la segunda reserva de gas más importante de Sudamérica, pero los líderes de la rebelión indígena y campesina que tiene su centro principalmente en las regiones andinas se oponen a que la venta sea hecha por petroleras extranjeras, que sólo dejarán 18 por ciento de las utilidades para el erario.

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