Resolvió que otro tribunal diga si son inconstitucionales las "leyes del perdón"

Fallo de la Corte Suprema de Argentina alarma a organizaciones humanitarias

Hay incertidumbre de que se logrará justicia para crímenes de Estado, señalan las ONG

STELLA CALLONI /I CORRESPONSAL

Buenos Aires, 5 de octubre. La reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de derivar hacia otro tribunal un fallo para declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ya anuladas por el Congreso en agosto pasado, volvió a sacudir a los organismos humanitarios.

Por mayoría -sin unanimidad- los jueces resolvieron que las inconstitucionales "leyes del perdón" -que en la década de los 80 permitieron que quedaran libres y sin castigo los responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar- debían ser tratadas en primera instancia por la Cámara de Casación.

Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la decisión de la máxima corte tiene por principal efecto "prolongar la incertidumbre sobre la posibilidad de lograr justicia para los crímenes del terrorismo de Estado, lo que demora aún más una definición demandada por la sociedad argentina en su conjunto".

El CELS se presentó a finales de 2000 para solicitar la investigación de los delitos de desaparición forzada y torturas cometidos contra José Poblete y Gertrudis Hlaczik de Poblete, y se demandó la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, lo que fue resuelto en marzo de 2001 por el entonces juez Gabriel Cavallo.

Esa decisión fue confirmada por unanimidad por la sala dos de la Cámara Federal en noviembre del mismo año, y en agosto de 2002 el procurador de la nación también ratificó la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad.

Pero desde entonces el máximo tribunal ha jugado políticamente con su decisión, tan esperada, y para los organismos humanitarios esa actitud da base para iniciar un juicio político contra los magistrados, la mayoría impuestos en los años 90 por el ex presidente Carlos Menem, cuando, para asegurarse una Corte adicta, la amplió de cinco a nueve miembros.

"Resulta escandaloso que el máximo tribunal haya demorado más de un año en adoptar una resolución de mero trámite, es decir, que el caso debe pasar previamente por la Cámara Nacional de Casación Penal, que es, de hecho, un tema controvertido", señala el CELS.

"La declaración de nulidad de las leyes de impunidad por vía legislativa, la consecuente reapertura de las megacausas, la circunstancia de haber personas detenidas y los reiterados pronunciamientos de instancias inferiores, hacen indudable que hay pocas cosas que revisten mayor importancia institucional que un fallo sobre la validez de las leyes."

Sin embargo, la Corte parece decidida a dilatar indefinidamente la decisión. Varios juristas, en representación de distintos organismos humanitarios, presentaron un recurso ante el propio máximo tribunal, en el que le reclaman "que se dé por enterada de que el Congreso ha nulificado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida", y que esta "ley nulificatoria ha sido sancionada por el procedimiento, con las formas y con las mayorías exigidas por la Constitución Nacional".

Por lo tanto, la Corte Suprema no puede, señala el abogado Alberto Pedroncini, "seguir estudiando cuestiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes que ya no existen, porque lo contrario significaría admitir que una ley del Congreso pueda ser ignorada por el más alto tribunal, creando un grave conflicto de poderes y contribuyendo de hecho a la impunidad de delitos de derecho internacional, con el consiguiente descrédito del Estado argentino ante la comunidad de naciones".

En tanto, magistrados de varias provincias estudian la posibilidad de reabrir todas las causas de derechos humanos, suspendidas en los años 86-87, cuando se pusieron en vigencia las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Existen 15 cámaras federales que analizan cómo se trabajaría en esta nueva instancia, ya que los camaristas de las ciudades de Córdoba, Resistencia, Bahía Blanca y Rosario concentran la mayoría de los expedientes y tienen la posibilidad de llevar adelante la reapertura de las causas, después de la anulación por el Congreso de las llamadas leyes de impunidad.

Los jueces estudian si ellos mismos instruirán las causas o las derivarían a otros magistrados. Lo cierto es que si hay una reactivación de causas se podría llevar ante los estrados a unos 2 mil militares retirados o en activo. En Buenos Aires ya fueron reabiertas las causas sobre la Escuela de Mecánica de la Armada y el primer cuerpo de ejército, bajo cuyo mando estuvieron algunos de los más temibles centros clandestinos de detención, por donde pasó un gran porcentaje de los 30 mil desaparecidos.

Asimismo, otros juzgados investigan el Plan Cóndor (coordinadora criminal de las dictaduras militares del Cono Sur en los años 70 y 80), así como al batallón 601 de inteligencia del ejército, involucrado incluso en crímenes perpetrados en Centroamérica, donde actuó en el contexto de la ofensiva de Estados Unidos contra Nicaragua.