León Bendesky

Temporada de presupuesto

El quehacer político en México se ha vuelto muy repetitivo. A pesar de que las decisiones que toman quienes administran los asuntos públicos y quienes hacen las leyes tienen relevancia directa en la vida de la gente, lo que hacen no logra atraer el menor interés. La política aparece cada vez más como un escenario distante, aun cuando hablamos constantemente de ella y de que ocupa un tiempo demasiado grande en los medios de comunicación. Nadie se siente representado por quienes ejercen la actividad pública, y la figura de los políticos es como la de unos personajes indefinidos, borrosos, pues ni ellos saben bien quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde se dirigen. El teatro de la política, como a veces se le llama, es una representación bastante confusa. Tal vez es un signo del bajo estadio de nuestra cultura cívica el que nos ocupemos tanto de la política cuando recibimos tan poco a cambio. Este es un rasgo distintivo de nuestro atraso democrático.

Una vez más entramos a la temporada anual del presupuesto federal y, una vez más, los planteamientos son los mismos, las propuestas no cambian, las posiciones se mantienen de una y otra parte del espectro político, y hasta las caras que aparecen y las posturas que se expresan en el nuevo Congreso parecen repeticiones de algo ya demasiado conocido. El tema central del debate en este periodo de sesiones en el que, por cierto, se llevó más de un mes organizar las comisiones entre los diputados, por supuesto a expensas de los contribuyentes, es otra vez el de las reformas, sobre todo en el campo fiscal y del sector energético.

No parece probable que en ninguno de esos campos se consigan acuerdos decisivos que modifiquen las condiciones prevalecientes en la economía y, aún menos, en la estrategia del crecimiento que el gobierno no ha logrado definir claramente en tres años. La reforma energética está planteada en dos vertientes que se mantienen en contradicción: una quiere apertura para las inversiones privadas en partes de las industrias eléctrica y petrolera, otra mantiene que esos sectores deben quedar en propiedad del Estado. Ambas reconocen que se tiene que actuar en la redefinición de las prioridades de su forma de funcionamiento, lo que exige acciones en el terreno fiscal por la asignación de recursos públicos que demandan. De ahí que las dos reformas, la energética y la fiscal, estén estrechamente ligadas.

Una de las más grandes deficiencias estructurales de la economía mexicana está en las finanzas públicas. La fragilidad fiscal se ha ido configurando durante más de dos décadas y se advierte en el monto del endeudamiento público registrado como tal, y sobre todo en las cuentas contingentes que, a pesar de estar así clasificadas de manera contable, representan una carga efectiva sobre el erario (con lo cual el déficit fiscal se ubicaría por encima de 5 por ciento del producto). Aquí sólo pongo el acento en la relación directa que hay entre la gestión de las finanzas públicas que sigue el gobierno y el estancamiento productivo que se registra desde 2001.

El gobierno sabe bien que la reforma energética que persigue no va a afectar decisivamente las condiciones de las finanzas públicas y tampoco va a provocar una recuperación económica, no de manera inmediata, tampoco en un plazo más largo y duradero. El crecimiento promedio en la primera mitad del gobierno del presidente Fox va a ser del orden de sólo 0.7 por ciento, y en las condiciones que prevalecen dentro y fuera del país el Presidente se resiste a usar un instrumento clave de la gestión económica, que es la política fiscal.

Este año el presupuesto expresará de nuevo una visión demasiado corta del déficit, pues podría administrarse con un horizonte más amplio que promueva el crecimiento y use los recursos que así se generen como su propia fuente de financiamiento. En ese marco podría irse estableciendo una política económica más consistente que tenga como objetivo esencial la expansión de la actividad económica, generar más ingresos y empleo, al tiempo que la composición de los impuestos y de los gastos atienda la cuestión de la equidad evitando mayor concentración de la riqueza.

De esta manera, también la política monetaria tendría mayor efectividad en cuanto a que la estabilidad de los precios luciría más en un entorno de mayores ingresos reales, es decir, sin castigo por la inflación. Hoy, en cambio, la estabilidad está disociada del crecimiento y aunque el salario no pierde tanta capacidad de compra, se pierde por el lado del desempleo. Una verdadera reforma económica estaría ubicada en el terreno fiscal de modo decisivo y en un contexto en que la política energética se pueda replantear de modo más eficaz en términos de los derechos de propiedad, aspecto que parece preocupar más al gobierno y, sobre todo, como parte esencial de una política de crecimiento y aumento de la productividad.

Se puede salir de la repetición política, hacer algo un poco más útil de la política y sacar del marasmo económico al país. Se puede sacar más jugo del presupuesto en beneficio público y sobre todo de lo que cuesta mantener la administración gubernamental y al aparato legislativo. Piensen, señores, si en el sector privado tendrían hoy un empleo.