La reforma foxista pone en riesgo la soberanía nacional, concluyen senadores del PRI

Listo, el proyecto de dictamen contra la privatización eléctrica

Las cifras presentadas por el gobierno están sobredimensionadas e inclusive falseadas, dicen

ANDREA BECERRIL

Con el aval de la mayoría de los senadores del Partido Revolucionario Institucional quedó listo el proyecto de dictamen para rechazar la iniciativa del presidente Vicente Fox que propone reformar los artículos 27 y 28 constitucionales a fin de privatizar el sector eléctrico. Será además el punto de partida de la discusión que la bancada priísta llevará a cabo los próximos días, donde habrá de reafirmar su postura.

El documento de más de 100 cuartillas, elaborado bajo la coordinación de los senadores Manuel Bartlett Díaz y Laura Alicia Garza Galindo, el primero en su carácter de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y la segunda como responsable de la Subcomisión de Análisis de las Iniciativas en Materia Eléctrica, rechaza la reforma foxista bajos los argumentos de que un cambio de esa naturaleza pone en riesgo la soberanía nacional, además de que las cifras que lo sostienen están sobredimensionadas e inclusive falseadas.

Exageración e inconsistencia

Se advierte que para sustentar su propuesta de crear un ''mercado de electricidad'', Fox basó su argumentación en cifras ''exageradas e inconsistentes'', y en general ''retoma la estrategia'' que empleó el ex presidente Ernesto Zedillo de exagerar las necesidades de inversión -''no llegan ni a la mitad de lo que realmente se requiere''-, además de presionar con supuestos apagones para justificar la reforma constitucional.

El proyecto de dictamen, precisó Garza Galindo, cuenta con la firma de la mayoría de los senadores del PRI, e inclusive se discutió y aprobó por el grupo parlamentario en una sesión plenaria el 3 de diciembre del año pasado. Está pendiente, agregó, de pasar a comisiones, para que la propuesta presidencial sea rechazada en definitiva.

Sin embargo, va a ser discutida en la sesión plenaria que los senadores del PRI llevarán a cabo el próximo 22 de octubre, en la que se habrá de redefinir la postura de la bancada, luego de la inconformidad y el rechazo que provocaron entre los legisladores del tricolor las reuniones de la cúpula de su partido con Fox y otros representantes del gobierno federal, y las versiones cada vez más frecuentes de que el comité ejecutivo priísta y la coordinadora de los diputados, Elba Esther Gordillo, apoyan al Ejecutivo en su pretensión de reformar la Carta Magna para abrir el sector eléctrico al capital extranjero.

En el proyecto de dictamen se echa por tierra cada uno de los argumentos que Fox esgrime en esa iniciativa, que hizo llegar al Senado el pasado 21 de agosto, en la que se proponen cambios constitucionales por los que se pretende dejar de considerar a la electricidad como una actividad estratégica y reservada al Estado, permitir a los particulares producir y comercializar ese energético y poder además usar las redes públicas y privadas que sirven para transportar y distribuir la corriente eléctrica.

Frente a la afirmación central que contiene la iniciativa foxista, de que la creación de un mercado eléctrico donde los inversionistas privados tendrán a los grandes consumidores y las empresas públicas a los usuarios domésticos fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LFC), en el dictamen se advierte que en realidad se les debilita y se pone en riesgo su existencia misma.

''Difícilmente CFE y LFC podrían competir de manera sustentable y acabarían siendo eliminadas del mercado eléctrico que el Ejecutivo propone crear'', toda vez que, además de que deberán enfrentar costos hundidos, derivados de la pérdida de sus principales clientes, de acuerdo con la propuesta presidencial no podrán negociar los contratos bilaterales ni ofrecer los precios más competitivos.

El otro argumento toral en que Zedillo centró su iniciativa privatizadora, que fue retomado por el presidente Fox -de que el gobierno no podrá hacer frente a las cuantiosas inversiones requeridas-, también fue desmenuzado y rechazado en el proyecto de dictamen, en el que se demuestra que las cifras y escenarios están sobredimensionados.

''En la iniciativa se afirma que en un escenario de crecimiento económico conservador, se necesita instalar más de 32 mil megavatios para responder al crecimiento de la demanda en los próximos 10 años, capacidad equivalente a 73 por ciento de la capacidad eléctrica con la que se cuenta actualmente. Se señala que 44 por ciento de las unidades de generación tiene más de 30 años de vida activa y que modernizar los sistemas de distribución y transmisión implica inversiones del orden de 650 mil millones de pesos.''

Sin embargo, en el proyecto de dictamen se advierte que hay una sobrestimación del crecimiento de la demanda, y que incluso los 32 mil megavatios que se indican en la iniciativa foxista no tienen sustento. ''De hecho, la CFE ya había corregido esa cifra a la baja, tres meses antes de que el Ejecutivo federal hubiera enviado su iniciativa al Congreso.''

Se detalla que las necesidades de inversión en transmisión han sido infladas y las cifras de la CFE y de la Secretaría de Energía se contradicen. En la iniciativa se menciona inclusive, como parte de la inversión global requerida, un monto de 21 mil 768 millones para el mantenimiento que se habrá de dar a las centrales de los productores independientes, cuya propiedad es 100 por ciento privada y no será transferida a la CFE al término de su contrato.

''Es cuestionable que el gasto de una central privada en operación se considere como un nuevo requerimiento de inversión del sector público. Es claro que se busca incrementar artificialmente las necesidades de inversión durante los próximos 10 años.''

Pero no es todo en ese afán de querer demostrar que urgen los capitales foráneos, en la propuesta de Fox se mezcla la inversión nueva con la realizada. De ahí que ''una vez eliminada la doble contabilidad, considerando un crecimiento acorde con la realidad y costos en su justa dimensión, los requerimientos de inversión en el sistema eléctrico nacional son 39 por ciento menos de lo que indica la estimación oficial, entre 2 mil 200 y 3 mil millones de dólares, pues sólo se requiere instalar entre 14 y 21 mil megavatios''.

Los legisladores fueron más allá y concluyeron que las necesidades de inversión en los próximos 10 años pueden ser cubiertas con los flujos operativos anuales de la CFE. A la afirmación de que el sector eléctrico no es autosuficiente y está subsidiado, respondieron que la Comisión Federal de Electricidad no ha recibido ninguna transferencia de recursos del gobierno federal desde 1966.

Oportunidades para el capital privado

El que la existencia de oportunidades para el capital privado justifica la apertura fue otro de los argumentos de Vicente Fox que se rechazaron automáticamente en el dictamen. Los legisladores dejaron claro que la electricidad es un servicio, no una mercancía, y aquellos que la pretenden hacer aparecer como un negocio, desprovisto de su carácter fundamental y estratégico, en el fondo lo que buscan es quedarse con esa actividad y lucrar a costa de los usuarios.

También descartaron que habría apagones si no se abre completamente la industria eléctrica al capital privado. Se recordó que el abasto está garantizado hasta más allá de 2008, y que el peligro de desabasto ''no tiene otra intención que presionar a la opinión pública para que acepte la privatización''.

El proyecto de dictamen incluye un largo apartado donde se analizan las muchas experiencias internacionales, que son el mejor ejemplo de que México no debe privatizar su industria eléctrica. El documento será distribuido de nuevo entre los priístas, ya que aunque la mayoría lo conoce y lo aprobó -excepto los senadores que se acaban de reincorporar, que han suplido a quienes se fueron de gobernadores o están de licencia o fallecieron- será de nuevo motivo de discusión y de definiciones.