La convocatoria para la convención nacional hacendaria, aprobada ayer por unanimidad por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), es una novedad en las formas de hacer política en el país, demuestra la viabilidad del diálogo entre fuerzas políticas diversas -como las que representan los mandatarios estatales que ayer lograron, por fin y a pesar de todo, ponerse de acuerdo- y puede representar un avance importante y efectivo en el desarrollo de un federalismo que trascienda tanto las soberanías simuladas, como ocurría en tiempos de las pre-sidencias priístas, como las con-frontaciones por principio entre gobiernos estatales opositores y el Ejecutivo federal, como ha venido ocurriendo en años recientes.

En lo inmediato, la capacidad de la Conago para emitir la convocatoria, después de jaloneos, negociaciones y diferencias que por momentos parecieron insuperables, marca la posibilidad de que la conferencia de gobernadores se convierta en una institución nacional duradera y sólida. Es oportuno recordar que hace apenas unos años, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, las instancias de concertación y comunicación entre titulares estatales del Ejecutivo llevaban una existencia más bien clandestina, y que se les conocía despectivamente con el nombre de "cártel de gobernadores". El avance correspondiente en materia de transparencia y concertación política está a la vista.

Más allá de la suerte de la Conago, cabe felicitarse por el hecho de que ésta y el Ejecutivo federal hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en la realización de la convención nacional hacendaria, mecanismo sin duda necesario para una redefinición general, y menos centralista, cabe esperar, de las formas de recaudar, repartir y emplear los recursos fiscales en el país. Es positivo, también, que se hayan turnado invitaciones al foro mencionado a los otros poderes de la Unión -Legislativo y Judicial-, así como a los municipios de la República, representados por la Conferencia Nacional de Municipios de México.

Ciertamente, lo principal está por hacer: concretar una redistribución razonable y equitativa de la recaudación fiscal, que contribuya a atenuar las abismales y exasperantes desigualdades entre grupos sociales, entre individuos, entre municipios y entre entidades federativas. La reforma fiscal a la que aspira el presente gobierno requiere de una operación como la descrita para ser políticamente viable y socialmente fructífera.

Si la convención nacional hacendaria marcha en esa dirección, ello podría traducirse en el primer acuerdo nacional de trascendencia en el marco de la presente transición. Que así sea.